Tras más de más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano del Mercosur han acordado firmar un acuerdo de libre comercio histórico el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, pese a una fuerte oposición interna y protestas sociales en varios países europeos.
El anuncio, difundido por fuentes oficiales de ambos bloques, marca un antes y un después en las relaciones comerciales transatlánticas. Los líderes europeos han descrito el tratado como una oportunidad para consolidar una zona de libre comercio de enorme potencial, que abarca un mercado de unos 700 millones de consumidores y abre nuevas rutas para bienes y servicios entre los dos continentes.
Sin embargo, la firma de este ambicioso acuerdo no se produce sin controversias: el sector agrícola europeo ha respondido con movilizaciones y bloqueos de infraestructuras, que seguirán al menos hasta este domingo, según anunciaron representantes de organizaciones agrarias.
Un pacto con miradas encontradas
El acuerdo UE-Mercosur, que se negociará junto a un tratado de asociación política y de cooperación, fue aprobado formalmente por los Estados miembros de la Unión durante una reunión de embajadores celebrada esta semana en Bruselas. Aunque obtuvo una mayoría cualificada necesaria para avanzar, varios países europeos —entre ellos Francia, Irlanda, Hungría, Polonia y Austria— votaron en contra o se abstuvieron, señalando sus dudas sobre el impacto que podrían tener las importaciones sudamericanas en sus sectores productivos.
Bruselas defiende que este pacto no solo impulsará el comercio bilateral, permitiendo que empresas europeas ahorren aproximadamente 4.000 millones de euros en aranceles anuales, sino que también fomentará procedimientos aduaneros más ágiles y un acceso privilegiado a materias primas estratégicas.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, esta iniciativa representa una decisión geoestratégica crucial para diversificar el comercio europeo, reducir la dependencia de mercados tradicionales y fortalecer la cooperación con América Latina. Los defensores del tratado destacan asimismo que incluye cláusulas destinadas a protecciones ambientales y derechos laborales, además de garantizar mecanismos de salvaguarda para productos agrícolas sensibles.
No obstante, estos mecanismos de protección no han disipado las inquietudes de amplios sectores del campo europeo. Agricultores de varios países se han sumado a las protestas, argumentando que la apertura del mercado a productos sudamericanos podría generar competencia desleal y afectar negativamente sus ingresos y sustentabilidad económica.
Movilizaciones sociales y tensiones políticas en toda Europa
En Cataluña, por ejemplo, los agricultores han insistido en mantener los cortes de carreteras y bloqueos en puntos clave como la AP-7, la A-2 o la C-16, argumentando que todavía no han recibido respuestas satisfactorias del Ministerio de Agricultura ni de los gobiernos autonómicos sobre cómo proteger el sector frente a la avalancha de importaciones.
“Hemos sido muy claros, estamos dolidos y nos sentimos traicionados”, declaró un portavoz de la organización agraria Revolta Pagesa en Barcelona, subrayando que las protestas no cederán hasta que se concreten compromisos efectivos.
Las manifestaciones que comenzaron esta semana se han extendido a otras comunidades autónomas, con agricultores reclamando cláusulas espejo, controles fronterizos más estrictos y salvaguardas reales que garanticen que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los europeos.
Más allá de España, el clamor agrario también ha encontrado eco en Francia, donde sindicatos del sector han expresado su rechazo frontal al tratado y han organizado bloqueos de vías y movilizaciones rurales. La cuestión ha llegado incluso a tensar la política interna francesa, con debates sobre la posición del gobierno ante un tratado que muchos perciben como una amenaza para la agricultura local.
En países, como Francia e Irlanda, la oposición política se ha traducido en rechazo explícito al acuerdo, mientras que en otros, como Italia, las señales han sido mixtas, con un cambio de postura reciente que permitió finalmente la aprobación comunitaria del tratado tras la incorporación de ciertas garantías para los agricultores.
De cara al futuro, la firma del pacto en Asunción será un paso fundamental, pero el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los países implicados antes de entrar en vigor de manera definitiva. Esta fase promete seguir siendo objeto de debate y confrontación política y social en los próximos meses, mientras Europa se sitúa en la encrucijada entre apertura comercial y defensa de sus sectores productivos tradicionales.