Irán vuelve a ocupar el centro del escenario internacional en un momento de máxima tensión interna y externa. A la ola de protestas que recorre el país, impulsada por el deterioro económico, la corrupción y el autoritarismo político-religioso, se suma ahora una advertencia explícita de Estados Unidos (EE UU): "la diplomacia es la primera opción", pero no la única. El mensaje, emitido en plena represión de las movilizaciones, reabre un debate incómodo y recurrente: qué ocurre realmente en Irán y qué consecuencias tendría un cambio de régimen alentado desde el exterior.
Irán vuelve a ocupar el centro del escenario internacional en un momento de máxima tensión interna y externa. A la ola de protestas que recorre el país, impulsada por el deterioro económico, la corrupción estructural y el autoritarismo político-religioso, se suma ahora una advertencia explícita de Estados Unidos: la diplomacia es la primera opción, pero no la única. El mensaje, emitido en plena escalada represiva, reabre un debate incómodo y recurrente: qué ocurre realmente en Irán y qué consecuencias tendría un cambio de régimen alentado o forzado desde el exterior.
Las manifestaciones, extendidas por numerosas ciudades, reflejan un malestar social profundo y acumulado tras años de sanciones, inflación descontrolada y ausencia de canales políticos efectivos para expresar el descontento. No se trata de protestas aisladas, sino de una ola sostenida en el tiempo, con una base social amplia y heterogénea. La respuesta del Estado ha sido contundente: uso sistemático de la fuerza, detenciones masivas, cortes de internet y una narrativa oficial centrada en la “seguridad nacional”. Según organizaciones de derechos humanos, la represión de esta ola de protestas en el país centroasiático ha dejado ya más de 640 víctimas mortales y más de 10.000 detenidos, cifras difíciles de verificar de manera independiente debido al control informativo impuesto por las autoridades.
Negar la gravedad de esta represión sería una distorsión de la realidad. El régimen iraní ejerce un control coercitivo que no duda en emplear la violencia para preservar su poder. Sin embargo, el análisis se vuelve incompleto cuando se omite el contexto internacional que rodea a estas protestas y el modo en que son interpretadas –y utilizadas– desde fuera.
La protesta interna y la sombra de la injerencia
En paralelo a los acontecimientos en las calles iraníes, Washington ha endurecido su discurso. El presidente Donald Trump ha expresado apoyo a los manifestantes y, al mismo tiempo, ha dejado claro que Estados Unidos no descarta “opciones más duras”, incluida la militar, si Teherán continúa con la represión. Este doble mensaje –solidaridad retórica y amenaza implícita– no es nuevo en la política exterior estadounidense.
Para el régimen iraní, estas declaraciones refuerzan el argumento de que las protestas están alimentadas o instrumentalizadas desde el exterior, señalando directamente a Estados Unidos e Israel. Aunque esta acusación se utiliza de forma sistemática para justificar la represión y desacreditar cualquier oposición interna, tampoco puede ignorarse que Irán es un adversario estratégico central para Washington.
Teherán no solo desafía la influencia estadounidense en Oriente Próximo, sino que mantiene alianzas estrechas con Rusia y China, forma parte de los BRICS+ y actúa como un actor clave en conflictos regionales. Debilitar a Irán implica alterar equilibrios geopolíticos más amplios, cercar a Moscú y Pekín y reforzar la posición de aliados regionales de Estados Unidos.
A esta ecuación se suma la dimensión religiosa y regional. El Irán chií es percibido como una amenaza tanto por Israel como por potencias sunníes aliadas de Washington, configurando una convergencia de intereses que va mucho más allá de la situación de los derechos humanos dentro del país.
El riesgo de repetir errores conocidos
La historia reciente invita a la cautela. Derrocar un régimen fuerte y represivo no equivale automáticamente a construir un orden más justo, estable o democrático. Irak, Libia y Afganistán siguen siendo ejemplos elocuentes de cómo las intervenciones externas, incluso cuando se presentan como liberadoras, han desembocado en Estados fallidos, violencia prolongada y sufrimiento masivo de la población civil.
El problema no es desear el fin del régimen iraní. Ese deseo es comprensible y legítimo, tanto desde dentro como desde fuera del país. El problema es asumir que el colapso del poder actual traerá inevitablemente un escenario mejor. En Irán, la oposición está fragmentada, carece de un liderazgo unificado y no dispone de estructuras claras para gestionar una transición en una sociedad compleja, con fuertes tensiones internas y un aparato estatal profundamente arraigado.
Además, la experiencia demuestra que Estados Unidos y sus aliados no suelen perseguir cambios de régimen orientados prioritariamente al bienestar de la población, sino a la reconfiguración del mapa de poder y al control de recursos y posiciones estratégicas. Las sanciones prolongadas, por ejemplo, han castigado sobre todo a la sociedad iraní, erosionando su nivel de vida sin provocar reformas sustanciales en las élites gobernantes.
Encrucijada histórica
Irán se encuentra hoy en una encrucijada histórica, atrapado entre un régimen que responde al descontento con violencia y una presión externa que mezcla retórica moral con cálculos geopolíticos. La combinación de represión interna y amenazas desde el exterior corre el riesgo de cerrar aún más los espacios para una evolución política genuina.
La prudencia no implica justificar al poder ni minimizar sus abusos. Implica reconocer que el cambio impuesto desde fuera suele agravar los conflictos que dice resolver. Si la historia sirve de guía, la mejora real de la situación del pueblo iraní difícilmente llegará a través de sanciones asfixiantes o intervenciones militares, sino mediante procesos internos complejos, inciertos y frágiles, que ninguna potencia extranjera puede –ni debería– dirigir a su conveniencia.