Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han celebrado este lunes en Madrid la firma del protocolo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo para activar la reparación en el ámbito eclesial, aunque la mayoría ha expresado dudas y críticas por la ausencia de baremos de indemnización, un elemento que consideran clave para garantizar transparencia, equidad y seguridad jurídica en el proceso.

 

Reparación con reservas

 

El primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha considerado positivo que exista un mecanismo de reparación gestionado por el Estado y financiado por la Iglesia, pero ha cuestionado que no se haya establecido “un baremo objetivo” que determine los criterios de indemnización.

Según ha advertido, no se ha definido ni qué factores se tendrán en cuenta para calcular las compensaciones ni qué cantidades corresponderían según la gravedad de los abusos. Esta ausencia, ha subrayado, puede derivar en un sistema “poco garantista y transparente” para las víctimas.

Hurtado ha apuntado además que esta falta de concreción podría responder a la intención de “reducir la factura de la pederastia clerical para la jerarquía católica”, y ha defendido que un modelo como el irlandés, con baremos ambiciosos, habría ofrecido mayores garantías de reparación integral.

También ha criticado que el plazo para solicitar indemnizaciones se limite a un año, lo que considera insuficiente dada la complejidad emocional y administrativa que afrontan muchas víctimas.

En una línea similar, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha calificado el acuerdo como un “hito”, aunque ha lamentado que llega tarde y ha atribuido el retraso a las reticencias de la Iglesia católica.

Cuatrecasas ha cuestionado además que una institución que, según ha denunciado, ha encubierto durante décadas casos de pederastia, reivindique ahora una posición moral en el proceso de reparación.

 

Confianza en Gabilondo

 

Pese a las críticas, varias asociaciones han mostrado confianza en el papel del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a quien consideran una figura clave para garantizar imparcialidad y rigor en la aplicación del protocolo.

Cuatrecasas ha afirmado que las víctimas confían “plenamente” en su gestión, al tiempo que ha reconocido el trabajo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la negociación del acuerdo.

Respecto a la falta de baremos, ha insistido en que supone una “falta de transparencia” y ha sugerido que podría haber sido una condición impuesta por la Iglesia para cerrar el pacto. No obstante, ha defendido que “baremos tiene que haber” para asegurar coherencia en las indemnizaciones.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, Mikel Eziolatza, ha señalado que las víctimas viven este momento con “esperanza”, pero también con “cautela”.

Eziolatza ha valorado positivamente la participación del Defensor del Pueblo, que considera una garantía frente a modelos anteriores como el Plan PRIVA, aunque ha admitido que la falta de criterios claros puede generar agravios comparativos entre víctimas.

Además, ha subrayado que la reparación no debe limitarse a lo económico, sino que debe incluir atención psicológica y medidas que respondan a las consecuencias vitales de los abusos, como dificultades laborales.

 

Debate sobre indemnizaciones

 

El fundador de l’Associació Mans Petites, Manuel Barbero, ha coincidido en valorar positivamente el acuerdo, aunque ha advertido de que será determinante observar cómo se implementa en la práctica.

Barbero ha señalado que será clave comprobar cómo se fiscaliza, evalúa e indemniza cada caso, y ha resumido la situación como un avance relevante, aunque todavía lleno de incógnitas.

A diferencia de otras voces, ha considerado razonable la ausencia de baremos, al entender que cada caso presenta características distintas en cuanto a gravedad y duración de los abusos, lo que requiere un análisis individualizado.

En cualquier caso, ha reclamado que la Iglesia actúe con “generosidad”, tanto en el plano económico como en el reconocimiento del daño causado.

Por su parte, entidades como Justice Initiative España, ANIR, la asociación navarra de víctimas y LULACRIS han expresado en un comunicado su respaldo al protocolo, destacando el papel de las víctimas en su diseño y la supervisión del Defensor del Pueblo.

Estas organizaciones han subrayado que el sistema permite elegir entre diferentes mecanismos de reparación y han valorado la creación de una Comisión Mixta con representación de las víctimas como un paso hacia una mayor transparencia.

Asimismo, han señalado que el modelo se inspira en el sistema suizo, considerado un referente en la reparación de abusos a menores.

En conjunto, la firma del protocolo ha sido recibida con una mezcla de avance, desconfianza y vigilancia activa. Las víctimas reconocen el paso que supone la implicación del Estado y la supervisión institucional, pero advierten de que persisten elementos clave por definir, especialmente en torno a las indemnizaciones, los plazos y la equidad del sistema.