El Gobierno ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la desclasificación de 153 documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, al entender que, más de cuatro décadas después, ya no suponen un riesgo para la seguridad nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo levanta el secreto oficial que durante 45 años ha protegido parte de los archivos vinculados al 23-F.
El paso del tiempo elimina el “riesgo real y presente”
El acuerdo, adoptado por el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior, establece la desclasificación de “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” relativos al golpe. Según el texto oficial, el transcurso del tiempo ha hecho desaparecer las circunstancias que justificaron su clasificación, por lo que ya no existe “ningún riesgo real y presente” para la seguridad y defensa del Estado.
El Ejecutivo sostiene que mantener estos documentos bajo secreto dejaría sin justificación su “sustracción al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz”, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española. Asimismo, invoca el artículo 105 b), que consagra el principio de publicidad de archivos y registros administrativos y obliga a interpretar de forma restrictiva los límites al acceso a la información pública.
La desclasificación afecta a 153 unidades documentales (1), que el Gobierno define como “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento” sobre el intento golpista. El acceso a estos archivos estará disponible desde este miércoles en la página web de La Moncloa.
El 23 de febrero de 1981 marcó uno de los momentos más críticos de la democracia española. La irrupción armada de guardias civiles encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, puso en jaque el sistema constitucional. Los principales responsables fueron condenados por el Tribunal Supremo en 1983 por un delito de rebelión militar.
Una demanda histórica de transparencia
La apertura de los archivos responde a una reivindicación sostenida durante décadas por historiadores, periodistas y expertos en la Transición, que han reclamado acceso completo a la documentación oficial para esclarecer aspectos aún debatidos del 23-F.
El Gobierno reconoce que la comunidad académica y periodística ha mantenido una “demanda constante” de acceso a estos fondos documentales. Además, recuerda que distintos grupos parlamentarios han presentado en varias legislaturas proposiciones no de ley instando a avanzar en la desclasificación.
Estas iniciativas apelaban a la necesidad de reforzar la transparencia institucional y superar la percepción de opacidad en torno a uno de los episodios más determinantes de la historia reciente de España. Para el Ejecutivo, la decisión constituye “un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura”.
La medida permitirá a investigadores y ciudadanos examinar fuentes primarias hasta ahora reservadas, lo que podría aportar nuevos elementos de análisis sobre las dinámicas internas del intento golpista, las comunicaciones entre instituciones y el contexto político y militar de la época. Aunque no se ha detallado el contenido exacto de los documentos, se prevé que incluyan informes internos, comunicaciones oficiales y análisis elaborados en los días previos y posteriores al 23-F.
El precedente alemán y el contexto europeo
El acuerdo recuerda que otros países han desclasificado documentación relacionada con la historia española. En 2012, Alemania hizo pública la transcripción de una reunión privada celebrada el 26 de marzo de 1981 entre su embajador y el entonces rey Juan Carlos I, centrada en los acontecimientos del 23-F.
Para el Ejecutivo, este precedente refuerza la idea de que el conocimiento de la historia colectiva no puede depender de archivos extranjeros, sino que debe garantizarse a través de las propias instituciones nacionales.
El texto también menciona ejemplos de apertura de archivos en otros países europeos. Italia desclasificó en 2014 y 2021 información relativa a grandes atentados terroristas cometidos entre 1969 y 1984, así como documentación sobre crímenes nazis y fascistas. Grecia, por su parte, abrió en 2024 decenas de informes sobre el golpe de Estado en Chipre de 1974.
Según el Gobierno, estas experiencias demuestran que la apertura de archivos sensibles forma parte de la consolidación democrática y de una memoria histórica basada en documentación oficial accesible y verificable.
Base legal y límites jurídicos
La desclasificación se ampara en los artículos 4 y 7 de la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales, que atribuyen al Consejo de Ministros la competencia para cancelar la clasificación cuando desaparecen las circunstancias que la motivaron. Asimismo, el acuerdo cita la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que en 1995 confirmó esta potestad del Ejecutivo.
El Gobierno recalca que la propia naturaleza de la información clasificada exige revisar periódicamente si persisten los motivos de seguridad que justificaron su protección. En este caso, considera que 45 años después de los hechos ya no concurren razones que avalen mantener el secreto oficial.
No obstante, el texto precisa que la desclasificación se realiza “sin perjuicio de las restricciones que puedan resultar de otras normas del ordenamiento jurídico”. Esto implica que determinados datos podrían seguir sujetos a límites derivados, por ejemplo, de la protección de datos personales o de derechos fundamentales de terceros.
Impacto político e histórico
La publicación de los documentos podría reactivar el debate sobre las responsabilidades políticas y las posibles conexiones institucionales en torno al intento golpista. El 23-F ha sido objeto de numerosas investigaciones, libros y documentales, pero la falta de acceso a ciertos archivos oficiales ha alimentado durante años especulaciones y teorías sobre posibles implicaciones o apoyos.
La apertura de los 153 documentos permitirá contrastar hipótesis y reforzar el análisis histórico con material oficial. Para el Gobierno, este paso contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a consolidar una cultura democrática basada en la transparencia y el acceso a la información pública.
Más de cuatro décadas después de que los disparos resonaran en el hemiciclo del Congreso, la democracia española afronta una nueva etapa en la gestión de su memoria institucional. La desclasificación no altera las condenas judiciales ni los hechos probados, pero sí amplía el acceso a la información que rodeó uno de los momentos más delicados de la Transición.
Con esta decisión, el Ejecutivo pone fin a una larga etapa de reserva documental y abre otra marcada por el acceso público, el análisis riguroso y la rendición de cuentas democrática. Los archivos del 23-F pasan así a formar parte del patrimonio documental accesible a investigadores, periodistas y ciudadanos, en un movimiento que el Gobierno presenta como coherente con los estándares de una democracia consolidada.
Referencias
- (1) Documentos desclasificados relativos al 23-F. La Moncloa.