La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si siete concejales de Carboneras –dos no adscritos y cinco vinculados al PSOE– incurrieron en un posible delito de prevaricación administrativa al acordar, durante el Pleno municipal del 17 de junio, aplazar la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para solicitar nuevos informes. La investigación parte de una denuncia presentada por Salvemos Mojácar, que sostiene que aquella decisión incumplía el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Fiscalía reclama documentación municipal
El Ministerio Público ha adoptado la decisión después de que la asociación ecologista presentara su denuncia dos días después del pleno. Salvemos Mojácar calificó la actuación de los ediles de “desobediencia inadmisible” y consideró que podía constituir un acto de prevaricación al retrasar una resolución relacionada con la licencia urbanística del polémico hotel.
Dentro de las diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras el acta de la sesión en la que los concejales votaron dejar sobre la mesa la propuesta de revisión de oficio de la licencia concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol.
La propuesta aplazada contaba con un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para revisar de oficio el permiso de obras. Según las fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía considera “presumible”, conforme a los hechos denunciados por los ecologistas, la posible existencia de una conducta delictiva que ahora deberá esclarecerse.
El Ayuntamiento ha remitido ya al Ministerio Público la información solicitada, según han confirmado fuentes municipales. La documentación incluye tanto el acta del pleno como los informes jurídicos disponibles y, en su caso, las ampliaciones requeridas por la Fiscalía para analizar las circunstancias en las que se adoptó la decisión.
La licencia se anuló después
La situación cambió posteriormente, ya que la nulidad de la licencia terminó aprobándose en un nuevo Pleno celebrado el 7 de julio. En aquella sesión votaron a favor el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, de Ciudadanos, y otros siete concejales.
Entre quienes respaldaron entonces la anulación se encontraban dos ediles expedientados por el PSOE después de haberse abstenido en la votación anterior. La aprobación posterior de la nulidad, sin embargo, no ha impedido que la Fiscalía examine las circunstancias del aplazamiento acordado semanas antes.
La denuncia de Salvemos Mojácar se dirigió expresamente contra los concejales José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández, que fueron quienes respaldaron dejar el expediente pendiente de nuevos informes.
La asociación ecologista también trasladó su denuncia a los Juzgados de Vera y rechazó el argumento empleado para aplazar la votación. Según el colectivo, la petición de nuevos informes de intervención carecía de justificación porque el expediente disponía ya del pronunciamiento favorable del Consejo Consultivo de Andalucía necesario para abordar la revisión de oficio.
Para Salvemos Mojácar, aquella decisión constituía una “mera triquiñuela inaceptable” destinada a seguir retrasando la resolución del expediente. La organización enmarcó lo ocurrido en lo que considera una situación de “rebeldía institucional” prolongada durante 20 años en torno al hotel de El Algarrobico.
El PSOE abrió expedientes
La votación del 17 de junio tuvo además consecuencias internas para los representantes socialistas implicados. El PSOE abrió un expediente disciplinario y comunicó la expulsión temporal de los cinco concejales vinculados al partido que participaron en la decisión de aplazar la nulidad.
Entre ellos se encontraba José Luis Amérigo, que hasta entonces ejercía como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Carboneras. La medida disciplinaria se produjo tras una votación que volvió a colocar en el centro del debate municipal la gestión administrativa del expediente del Algarrobico.
La actuación de la Fiscalía se centra ahora en determinar si el acuerdo de aplazamiento adoptado por los siete concejales puede encajar en el delito de prevaricación administrativa denunciado por Salvemos Mojácar. Para ello, el Ministerio Público analizará las actas, los informes jurídicos y el resto de la documentación remitida por el Consistorio.
La investigación tiene como referencia la decisión de posponer la votación del 17 de junio, con independencia de que semanas después el Ayuntamiento terminara aprobando la nulidad de la licencia. El objeto de las diligencias es esclarecer si los concejales actuaron conforme a derecho cuando solicitaron nuevos informes o si, como sostiene la denuncia ecologista, existía ya una base suficiente para resolver el expediente.
El procedimiento vuelve así a situar bajo examen las decisiones administrativas adoptadas en torno al hotel de El Algarrobico, cuya licencia fue concedida a Azata del Sol en 2003 y cuya revisión de oficio había recibido el aval del órgano consultivo andaluz.
La Fiscalía deberá determinar, a partir de la documentación recibida y de las actuaciones que practique durante la investigación, si existen elementos suficientes para avanzar en la vía penal o si procede cerrar las diligencias. Por el momento, su actuación se encuentra en una fase preprocesal, abierta tras la denuncia formulada por Salvemos Mojácar.
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