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Medio ambiente
23 de enero de 2018
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Viernes, 23 de enero de 2015
Eva Terol
Bosques verdes para alimentar calderas
Ecologistas valencianos denuncian la destrucción de zonas forestales, incluso protegidas, con el fin de producir 'pellets', financiada con subvenciones de la Unión Europea
El paraje Monte Chico-Arciseco, uno de los afectados por la tala indiscriminada  / Foto: Acció Ecologista-Agr El paraje Monte Chico-Arciseco, uno de los afectados por la tala indiscriminada / Foto: Acció Ecologista-Agr
Extracciones de vegetación indiscriminadas, no selectivas, a gran escala y, en algunos casos, apenas unos meses después de que el monte haya sido pasto de las llamas. Tala y extracción de árboles verdes y sanos en parajes naturales protegidos. Uso sistemático de maquinaria pesada y arrastre de troncos por zonas de máxima pendiente que devastan y erosionan el terreno. Y todo ello, sin ningún tipo de control, cautela o prevención ambiental.

Esa es la dramática realidad que Acció Ecologista-Agró, organización de defensa del medio ambiente valenciana, describe y documenta –con abundantes fotografías–, en cuatro informes a los que ha tenido acceso EcoAvant.com. Así es, aseguran, cómo trabajan algunas de las empresas que, desde el año 2009, reciben subvenciones de la administración pública autonómica para extraer biomasa de las sierras y montes de esta comunidad.

“Se trata de intervenciones brutales y abusivas, que están causando daños muy graves a los ecosistemas forestales y que podrían estar infringiendo la Ley Forestal valenciana. En algunos casos, el impacto sobre el ecosistema es peor que el de un incendio” señala Carles Arnal, doctor en biología y miembro de la Comisión Forestal de Acció Ecologista-Agró.

Los activistas definen esta extracción de biomasa como una 'biomasacre' forestal

“Se están cortando árboles y arbustos vivos con la excusa de producir energía cuando, en los ecosistemas mediterráneos, la vegetación arbustiva es un componente esencial para proteger el suelo contra la erosión”, denuncia Ferran Gandía en nombre de la plataforma Bosc Viu (Bosque Vivo, en valenciano), que aglutina a diversos colectivos ecologistas. “Por eso, en lugar de biomasa forestal, creemos más oportuno hablar de biomasacre forestal”, añade.

Gandía remite al caso del gran incendio que en el verano de 2013 arrasó 19.940 hectáreas de monte en los términos de Andilla y Alcublas, en la comarca valenciana de Els Serrans, y donde el aprovechamiento forestal de las zonas afectadas comenzó con la tierra aún humeante.

“La extracción se realizó abriendo caminos sin ningún tipo de planificación ni estudio ambiental, talando árboles sanos, sin tener en cuenta ni las especies, ni la edad, ni el tamaño. Se han destruido muros de piedra seca que sostenían bancales, e incluso se ha llegado a cegar una rambla, concretamente la de Artaj”, insiste Gandía. “¿Y esto lo subvenciona Europa con fondos ambientales?”, se pregunta.

El departamento de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA) de la Generalitat Valenciana, sin embargo, no ve nada reprochable ni sancionable en estas actuaciones. “Las cosas se están haciendo bien”, se defiende Emilio González López, jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la CITMA.

Un oligopolio que acapara las ayudas

“Todo tiene un procedimiento. Se están siguiendo los protocolos de actuación del Plan de Acción Territorial y Forestal, así como informes de técnicos competentes, que cada vez saben más. Lamentablemente, Agró sigue igual que hace 23 años, cuando yo llegué a esta comunidad. Siguen anclados en la misma postura contraria a la extracción de madera quemada, diciendo que los intereses económicos son los que motivan los incendios”, añade.

El destino de la biomasa extraída en Els Serrans es Italia, donde supuestamente servirá para producir pellets para alimentar calderas. "Es evidente que la cantidad de energía necesaria para transportarla, primero al puerto de Sagunto y después en barco hasta Italia, es muy superior a la que obtendremos al final gracias a la biomasa. Este negocio sólo es posible porque hay grandes subvenciones. Es el nuevo pelotazo", critica Gandía.

Según Agró, ocho empresas concentran el 70% de las subvenciones otorgadas desde 2009 por la Comunidad Valenciana a la extracción y gestión de la biomasa forestal residual. Es la única administración autonómica que financia con ayudas esta actividad.

Se trata de Maderas Soler, Trabisa, Servicios Mediambientales Soler Torres, Moixent Forestal, Los Cortijos de Caroche, Maderas Esteban Cárcel, Maderas Maiques y Monroyo Industrial, que suman en total 1.618.330,28 euros en primas procedentes mayoritariamente de fondos europeos FEADER (el 56,69%), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (45,80%) y de la consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (0,51%).

El traslado de la madera a Italia consume más energía que la que proporcionará al arder

"Resulta inaceptable que unos fondos europeos que tienen una finalidad ambiental se destinen a financiar actuaciones que, de la manera en que se realizan, con una notable falta de control, están originando gravísimos daños en los ecosistemas. Las subvenciones deberían servir para proteger y restaurar el medio ambiente, no para destruirlo”, señalan desde Agró.

Los conservacionistas critican que “ayudas que se presentan como motor del desarrollo rural benefician sólo a unas pocas empresas y a un pequeño puñado de grandes propietarios forestales” y que éstas cambiaron significativamente en 2013, cuando en la orden que las regula se omitió el adjetivo “residual” que anteriormente acompañaba a la denominación de biomasa forestal.

“No estamos en contra de la utilización energética de la biomasa, siempre y cuando sea residual, es decir, naturaleza muerta, seca. Aquí tenemos un verdadero problema con la biomasa de origen agrícola y ganadero, como los restos de poda, que suelen quemarse en el campo, provocando muchas veces incendios. Pero no hay ayudas para esto. Tampoco se aprovechan los residuos urbanos orgánicos, que podrían utilizarse para obtener metano y compost. El foco se pone en la biomasa forestal, pero no en la residual”, lamenta Carles Arnal.

Acció Ecologista-Agró se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios valencianos para que soliciten información al gobierno autonómico sobre el destino de la biomasa extraída y exijan a la Administración el fin de estas actuaciones. Además, estudian emprender acciones legales y acudir a los tribunales por medio de la Fiscalía de Medio Ambiente e incluso llegando también a instancias comunitarias, como el Comisario Europeo de Medio Ambiente.

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