Quien contamina, paga. Esa debería ser la norma. Pero por desgracia no es así. Y las grandes corporaciones responsables de los graves impactos ambientales que sufre el planeta no ven mermados sus enormes beneficios por el abono de compensaciones razonables por los daños causados a la naturaleza o la salud de las personas.

Los expertos en temas ambientales coinciden en que una fiscalidad ambiental justa y progresiva sería una eficaz herramienta en la lucha contra el cambio climático y otros deterioros del medio ambiente, pero se trata de medidas impopulares que suelen generar rechazo social, amenazan con una pérdida de votos y consiguen la retirada del importante apoyo de los grandes poderes económicos.

25 premios nobel y ex mandatarios internacionales abogan por gravar el carbono 

Lo ha podido comprobar en Francia Emmanuel Macron con la dura revuelta de los chalecos amarillos contra su intención de gravar con un impuesto especial al diésel. Algo parecido sucedió en Australia. Y en su primera etapa en el Gobierno, Pedro Sánchez prometió un impuesto al diésel para este año que generó abierta oposición en amplios sectores.

Un grupo de 25 premios Nobel y exmandatarios internacionales se han mostrado recientemente favorables a gravar la energía fósil. Uno de los dos últimos ganadores del Nobel de Economía, William Nordhaus, se ha declarado partidario de un impuesto que penalice las emisiones de dióxido de carbono (CO2). "Es como pagar impuestos para que el Ayuntamiento tenga limpias las calles, o para que el Estado elimine la contaminación del agua potable, o para las Fuerzas Armadas", opina.

También lo hizo en una reciente entrevista con Ecoavant.com Chris Goodall, uno de los mayores especialistas mundiales en transición energética. En su opinión, “un impuesto global al carbono de 50 dólares (44 euros) por tonelada se convertiría en el principal factor para una rápida descarbonización. Y un impuesto global de 100 dólares (89 euros) por tonelada cambiaría el curso de la historia mundial de la noche a la mañana”.

A la misma conclusión llegaron hace unos días la mayoría de los participantes en la VIII Jornada Ambiental organizada por la Universitat de Barcelona y la Familia Torres, un grupo vinícola seriamente implicado en la lucha contra el calentamiento global, que puede convertir al sector del vino en una de sus primeras grandes víctimas.

Encarecimiento progresivo

En ella, el experto en fiscalidad ambiental Emilio de las Heras defendió un encarecimiento progresivo de los combustibles fósiles, también con la finalidad de racionalizar o equilibrar “en pocos años” la diferente fiscalidad que los grava (y que beneficia a unos, como el gasóleo o el gas, respecto a otros).

Un modelo novedoso es el aplicado desde este año en Canadá por el Gobierno del primer ministro Justin Trudeau, que grava los combustibles fósiles (gasóleo, gas, carbón) en función de sus emisiones y encarece con ello su consumo. Posteriormente se realiza una devolución o reembolso a las familias a través de la declaración de impuestos, la misma para todos los contribuyentes, pero aquellos que pagaron menos por su consumo de combustibles fósiles acaban recibiendo más de lo que pagaron, y lo contrario le sucede a aquellos que más carbono emitieron.

La presión fiscal ambiental española está a la cola de las de la Unión Europea

El impuesto canadiense es de 15 dólares por tonelada de dióxido de carbono y en 2022 llegará a 38 dólares. El gobierno calcula que estos reembolsos compensarán los costos más elevados de la electricidad generados por la medida a alrededor del 70% de la población.

Muy lejos de esta situación está la española. La presión de la fiscalidad ambiental de nuestro país es la más baja del continente, con un 1,6%, frente al 3,9% de Dinamarca. La media de la UE es del 2,56%. “Considerando como impuestos ambientales los impuestos energéticos y los que se aplican sobre la utilización de recursos naturales, en 2018 la recaudación procedente de ellos tan solo representa el 5% de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018”, denuncia Greenpeace.

En un reciente informe titulado Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF propusieron a principios de año reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos ecológicos para incentivar o penalizar determinadas actividades.

Entre sus propuestas están reformar el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de la energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provocan la generación de purines o las emisiones de metano

También proponen impuestos para el esquí alpino, las aguas minerales embotelladas, los envases no reutilizables, la minería, los hoteles, la construcción, los bienes inmuebles y al cambio de los usos de suelo. Todas son actividades con graves impactos para el planeta que generan beneficios a quienes las practican, y que no tienen que hacer frente a los costes sociales y ecológicos de las mismas, que acabamos pagando el conjunto de los ciudadanos. Quien contamina, en España, aún no paga. Pero cobra.