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Medio ambiente
16 de diciembre de 2018
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Lunes, 14 de mayo de 2018
Ramón Costa
California obligará a las nuevas viviendas a incorporar placas solares
La sexta economía del mundo aprueba una normativa que encarece las construcciones en la mitad de lo que ahorrarán sus ocupantes en la factura de la luz
Paneles fotovoltaicos para calentar el agua sanitaria en Berkeley (California) / Foto: WMC Paneles fotovoltaicos para calentar el agua sanitaria en Berkeley (California) / Foto: WMC
Cualquier nueva casa que se construya en California a partir del 1 de enero de 2020 tendrá que incorporar obligatoriamente placas fotovoltaicas en su tejado o terrenos colindantes. Una normativa pionera e histórica para el medio ambiente aprobada la semana pasada de forma unánime por la Comisión de Energía del estado norteamericano incluye también medidas de eficiencia energética, ventilación y calidad del aire en el interior de los edificios.

La nueva regulación tiene como objetivo reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las nuevas construcciones generando una rebaja de la contaminación causante del cambio climático equivalente a la de sacar a 115.000 coches de las carreteras, y afecta a cuatro grandes áreas: sistemas fotovoltaicos residenciales inteligentes, estándares térmicos ambientales (para evitar la transferencia de calor desde el interior al exterior y viceversa), requisitos de ventilación residencial y no residencial y requisitos de iluminación no residencial.

La medida pretende evitar emisiones de C02 como las emitidas por 115.000 coches

La decisión adoptada por los cinco miembros de la comisión, que ahora debe obtener el apoyo de otra comisión estatal encargada de las normas de construcción, es muy importante por diversas razones. Por una parte, porque se impone en el más poblado (39,54 millones de habitantes en 2017) y más potente económicamente de los Estados Unidos (con un PIB de 2,29 billones de euros este año), que en 2016 logró convertirse en la que sería la sexta economía del mundo si se tratara de un país independiente.

Por otra parte, porque las autoridades energéticas californianas están tan convencidas de la necesidad de la medida como forma de combatir el cambio climático (un asunto en el que el Gobierno federal está avanzando exactamente en dirección contraria) que asume la impopularidad de una exigencia que encarecerá notablemente las nuevas viviendas en un territorio donde encontrar alojamiento asequible es ya un serio problema. Actualmente, se construyen unas 80.000 viviendas al año en el estado, de las que unas 15.000 ya vienen incorporando paneles fotovoltaicos.

Funcionarios estatales y partidarios de las energías limpias replican que el sobrecoste de las viviendas se verá contrarrestado con creces por el ahorro en las facturas de la luz durante los años que estas se ocupen. "Cualquier cantidad adicional en la hipoteca estará más que compensada. La medida es buena para el cliente", manifestó Andrew McAllister, miembro de la Comisión de Energía. En el mismo sector de la construcción parece haber calado este mensaje: "La adopción de estos estándares representa un gran salto para la construcción a nivel estatal, y pueden apostar a que cada uno de los 49 estados restantes nos estará observando de cerca para ver qué pasa", tiene muy claro Robert Raymer, director técnico de la California Building Industry Association.

Electrodomésticos eficientes y baterías más potentes

El impacto en el precio de las casas del cumplimiento de la normativa, que incorpora medidas de aislamiento térmico, eficiencia de los electrodomésticos y aumento de la capacidad de almacenamiento de las baterías que guardarán la energía sobrante para las horas sin sol, se ha calculado en algo menos de 10.000 dólares (unos 8.360 euros) de media por vivienda unifamiliar, mientras que el ahorro en el recibo eléctrico medio se ha valorado en unos 19.000 dólares (alrededor de 15.890 euros) en 30 años. Trasladado a una hipoteca media a dicho plazo, la comisión augura que el pago mensual se encarecerá en unos 40 dólares (33 euros) pero supondrá un ahorro en las facturas de servicios de 80 dólares (66 euros) al mes.

Pero, además de un beneficio económico, la normativa tendrá un enorme, positivo y mucho más necesario impacto ambiental. “Ahorrará energía, bajará las facturas de servicios, mantendrá las casas confortables durante las cada vez peores olas de calor y reducirá la polución de los edificios de California”, resume Pierre Delforge, científico del Consejo Defensor de los Recursos Naturales.

La norma prevé que los edificios unifamiliares de nueva construcción incorporen ya sus propias placas solares, o que grupos de viviendas dispongan de un dispositivo solar compartido. Deberán tener una capacidad de un mínimo de dos a tres kilovatios, dependiendo del tamaño de la casa, y habrá excepciones para las construcciones situadas en zonas de sombra. En el caso de los paneles en las azoteas, podrán ser de propiedad directa y ser incorporados al precio de la vivienda, o estar disponibles para su alquiler mensual. Se estima que en 2020, año de inicio de la aplicación de la norma, se erigirán en California 117.000 nuevas viviendas unifamiliares y 48.000 multifamiliares que deberán cumplir estos requisitos.

Se establecen estándares de ventilación frente a las olas de calor

La legislación californiana establece que al menos el 50% de la energía consumida en el estado deberá provenir de fuentes no emisoras de carbono en 2030. A finales del año pasado, California ya era de lejos el líder nacional en capacidad solar instalada. La energía solar proporciona ya casi el 16% de la electricidad consumida en el estado, y el sector, al que ahora se le presenta la oportunidad de una gran expansión, emplea a más de 86.000 trabajadores.

Varias ciudades de California exigían ya que algunos edificios nuevos incluyan paneles de energía solar o se abastezcan de otras formas de energía renovable. Los estados de Hawai, Nueva Jersey y Massachusetts y el distrito federal de Washington también contemplan medidas de promoción de la energía fotovoltaica en las viviendas, pero la normativa californiana vuelve a situar a este estado a la vanguardia de la legislación medioambiental en Estados Unidos.

Nada que ver en cualquier caso con el ejemplo del Gobierno español, que sigue manteniendo de forma incomprensible el impuesto al sol que penaliza el autoconsumo fotovoltaico en defensa de los intereses del oligopolio eléctrico y aleja con ello al país del cumplimiento de la reducción de emisiones que exigen la Unión Europea y los Acuerdos de París.

Esta semana, la totalidad de grupos del Congreso de los Diputados volvieron a exigir la retirada de esta ley, con la excepción del PP, sus socios de Ciudadanos y Foro Asturias. El mes pasado, el Tribunal Constitucional anuló dos vetos del Gobierno a otras peticiones de retirada de esta controvertida y nada sostenible normativa. La última de ellas, casi idéntica a la de esta semana, fue objeto de uno de esos vetos hace un año. En esa ocasión, a diferencia de ahora, también Ciudadanos le dio apoyo.

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