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Medio ambiente
25 de abril de 2018
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Lunes, 15 de junio de 2015
Pau Ruiz
La primera ley contra el cambio climático
Francia aprueba una legislación pionera que persigue reducir a la mitad el consumo de energía y a la cuarta parte las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050
La economía francesa es la que más depende de la energía nuclear en el mundo / Foto: Gilles_Paire La economía francesa es la que más depende de la energía nuclear en el mundo / Foto: Gilles_Paire

Seis meses antes de que París acoja una trascendental Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que debe alcanzar un acuerdo vinculante que sustituya a partir de 2020 al Protocolo de Kioto, Francia, que de forma significativa creó un Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una ley global específicamente orientada a combatir los efectos del calentamiento global. Su principal objetivo es reducir a la mitad el consumo energético nacional para 2050.

La Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde impulsada por el gobierno socialista de François Hollande, ratificada por la Asamblea Nacional el pasado 26 de mayo con 308 votos a favor y 217 en contra (éstos, en su mayor parte, de la UMP de Nicolas Sarkozy), pretende convertir la economía que más depende de la energía nuclear en el mundo en una firme defensora de las renovables, que deben duplicar su peso en 15 años y aportar el 32% del consumo eléctrico en 2030, mientras las centrales atómicas no podrán superar el 50% en 2025.

Las nucleares, que aportan el 90% de la electricidad, tendrán que bajar al 50%

Esto supone un giro radical en la estrategia energética del país vecino: tras la crisis del petróleo de 1974, Francia había apostado decididamente por la fisión del átomo y su veintena de centrales nucleares (con casi sesenta reactores de los 442 que hay en el mundo), cuyo número y potencia ya no se incrementarán, aportan hoy casi el 90% de la electricidad del país.

De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Nacional, el uso de combustibles fósiles tendrá que bajar en 2030 hasta el 30% de la cifra de 2012. Con todo ello, las emisiones de gases de efecto invernadero deberían ser ese año un 40% menores a las de 1990, y un 75% más reducidas para la mitad del siglo.

La energía tendrá que ser más limpia, pero también más barata: la ley obliga a los poderes públicos a luchar contra la pobreza energética y afirma un “derecho al acceso de todos a la energía sin un coste excesivo en relación con los recursos de los hogares”.

La ley, que ahora debe ser debatida y aprobada en el Senado, se extiende a numerosos ámbitos. Así, impulsará un gigantesco plan de rehabilitación energética de viviendas, una medida para reducir su consumo de electricidad, gas y otros combustibles por la que deberán pasar todos los edificios del país de aquí a 2030.

Medio millón de viviendas al año

El texto prevé que 500.000 viviendas sean renovadas cada año, lo que dará un gran impulso al sector de la construcción sin que ello conlleve extender la actual tasa de urbanización del país. El Gobierno mantiene que de esta forma se podrán crear 75.000 empleos anuales.

Se ha establecido un límite de consumo por metro cuadrado y año, toda edificación nueva tendrá que cumplir estrictamente las normativas medioambientales y los edificios públicos tendrán que generar (por medio de placas solares u otros dispositivos) más energía de la que gasten.

Asimismo, las administraciones públicas, pero también las flotas de taxis y de coches de alquiler, tendrán que disponer de un 10% de vehículos eléctricos o híbridos, y para favorecer esta clase de movilidad se instalarán siete millones de puntos de recarga en las calles y carreteras francesas. Proporcionando mediante ayudas públicas “a todos los franceses un vehículo limpio” se pretende además mejorar la calidad del aire en las ciudades del país y hacer Francia menos dependiente de las importaciones de hidrocarburos.

La normativa prohíbe a los supermercados tirar la comida que no consigan vender

Otras enmiendas introducidas durante el debate parlamentario incorporaron al texto la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en los comercios y la de que los supermercados tiren a la basura los alimentos que no consigan vender. El objetivo es reducir a la mitad en 2025 el despilfarro de comida, cifrado actualmente por el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, en 20 kilos por persona y año, unos 1.300 millones de toneladas anuales que provocan la emisión de 3.300 toneladas de gases de efecto invernadero.

Así, desde el 1 de julio del año que viene, los supermercados de más de 400 metros cuadrados tendrán que donar los productos perecederos que no van a vender a organizaciones dedicadas a la protección de los animales o a las que fabrican compost para el abonado de cultivos. Las escuelas tendrán que poner en marcha programas de concienciación de los alumnos sobre esta cuestión.

Esta medida se enmarca en la que es una de las grandes novedades de la ley: la promoción de un modelo de economía circular. La ley francesa quiere “desvincular gradualmente el crecimiento económico del consumo de nuevas materias primas”. ¿Cómo? Entre otras medidas, reduciendo un 10% el volumen de residuos domésticos en 2020, valorizando el 60% de los residuos no peligrosos en 2025, el 70% de los generados por la construcción y obras públicas en 2020 y, al final del proceso, recortando a la mitad el volumen total de residuos que llegan a los vertederos para 2025.

La lucha contra la generación de residuos introduce otro de los elementos más novedosos de la legislación: la lucha contra la obsolescencia programada, que el texto aprobado por la cámara baja del legislativo francés reconoce de forma pionera en el mundo como una estrategia empleada habitualmente por las empresas. Multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años deben disuadir a los fabricantes de programar una muerte antes de hora de sus artículos, que además deben comprometerse a reparar siempre que resulte posible.

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