Al final se recogieron 112.000 firmas, cuando el objetivo era un millón, la cifra establecida para que una iniciativa ciudadana pueda llegar al Parlamento Europeo. Los promotores de la campaña End Ecocide in Europe (Acabemos con el ecocidio en Europa) pretenden que la Unión Europea apruebe una directiva que declare la destrucción de ecosistemas como crímenes contra la humanidad y contra la paz y los persiga, dentro y fuera del continente. Pero no parece que eso vaya a suceder a corto plazo.

El pasado 21 de enero se cerró el plazo para la recogida de firmas, que quedó finalmente muy lejos de cumplir las condiciones exigidas por la Comisión Europea para tomar en consideración la propuesta: las signaturas de un millón de ciudadanos comunitarios, recogidas en el plazo de un año y en al menos siete países de la UE, teniendo que superar un umbral mínimo en cada uno de ellos.

Una nueva coalición reclamará un Tribunal Penal Internacional de Medio Ambiente

Pese a que la Iniciativa Ciudadana Europea, un mecanismo de participación establecido por el Tratado de Lisboa y vigente desde 2012, ya no podrá ser planteada, los promotores no descartan presentar el tema en forma de petición ordinaria al Parlamento Europeo. Mientras tanto, continuará la recogida de firmas, a las que en los días siguientes al cierre del plazo legal se sumaron unas 6.000 más.

Además, el próximo 30 de enero, los impulsores de la campaña y el resto de integrantes de una nueva coalición de organizaciones harán público un manifiesto en el que reclamarán la creación de un Tribunal Penal Internacional para el Medio Ambiente y de un Tribunal Europeo para el Medio Ambiente.

“Cuando pusimos en marcha esta iniciativa, muy pocos europeos sabían lo que era ecocidio, pero ahora más de 112.000 ciudadanos de la UE han votado porque se considere un crimen, y la sociedad está participando en un debate mucho más amplio sobre este concepto. Hemos despertado mucho interés, y lo que es más importante, hemos construido una red de organizaciones e individuos que comparten nuestros objetivos. Y esta red continuará”, afirmó Prisca Merz, que se autotitula voluntaria directora de End Ecodide in Europe.

El final del plazo oficial para la recogida de firmas coincidió con la presentación por la Comisión Europea de sus nuevos objetivos, a la baja, en materia de energía y cambio climático para el horizonte 2030. “La ley de prevención del ecocidio podría desencadenar la transición hacia la economía baja en carbono y sostenible y es por eso por lo que se necesita con urgencia", señala Merz.

 

Transición a una economía sostenible

 

Además de su declaración como crimen perseguible, la propuesta de directiva que plantea la campaña se marca como objetivo que la UE prevenga y prohíba el ecocidio en el territorio y las aguas de los países miembros, así como que persiga los delitos cometidos fuera de la UE por ciudadanos de la misma o por empresas con sede en uno de sus estados miembros, y que establezca un periodo de transición a una economía sostenible mediante decisiones fiscales, de inversiones y de subsidios que la favorezcan.

Asimismo, se reclama que la UE actúe contra los posibles ecocidios cometidos por empresas financiadas por bancos europeos, y que impida la importación a Europa de bienes o servicios conseguidos mediante acciones que hayan causado un ecocidio.

La definición de ecocidio planteada por los impulsores de la campaña es la planteada en 2010 ante las Naciones Unidas por Polly Higgins, jurista impulsora de otra campaña mundial en favor de la declaración del ecocidio como crimen contra la paz para 2020. Considera como tal “el daño extensivo, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, de tal magnitud que el goce pacífico de ese territorio por sus habitantes se ha visto o se verá severamente disminuido”.

La campaña pide que Europa actúe contra los ecocidas dentro y fuera de sus fronteras

La marea negra por el hundimiento del Prestige (2002), la inundación con lodos tóxicos del Parque Nacional de Doñana (1998), los gigantescos incendios forestales de 2012 o la explotación de minas a cielo abierto en las montañas leonesas de los Ancares son algunos de los desastres ambientales registrados en España que los promotores de la campaña consideran posibles ecocidios.

Entre los personajes más conocidos que dieron su apoyo a la iniciativa se contaron la activista ambiental india Vandana Shiva; el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo; la Premio Nobel de la Paz Mairead Corrigan; la periodista ambiental Marie-Monique Robin, la diseñadora Vivienne Westwood y, por supuesto, la citada Polly Higgins.

Los promotores recuerdan que el ecocidio ya ha sido reconocido en la legislación penal de al menos 10 estados del mundo, aunque no parece que esa tipificación legal haya ido mucho más allá de la retórica. Nueve de ellos son ex repúblicas soviéticas: Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tajikistán, Rusia y Moldavia. El décimo es Vietnam. Ninguno de ellos destaca por su respeto al medio ambiente. 

Durante los años 1970 y 1980 ya se debatió la posibilidad de considerar el ecocidio como un quinto Crimen contra la Paz que debería incorporarse al Estatuto de Roma. La enmienda fue retirada en el último momento debido a la presión de países como Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, se recuerda en el informe The Ecocide Project. Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace (El Proyecto Ecocidio. Ecocidio es el ausente quinto Crimen contra la Paz), publicado en 2012 por el Consorcio por los Derechos Humanos, un centro de investigación de la Universidad de Londres. Mucha gente seguirá luchando para que un día deje de serlo.