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Medio ambiente
25 de junio de 2019
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Viernes, 29 de enero de 2016
Ramón Costa
Una ley para salvar el planeta
La primera iniciativa legislativa aprobada por el nuevo gobierno catalán se dedica a la lucha contra el cambio climático, para la que se creará un fondo específico
Una densa capa de contaminación cubre la ciudad de Barcelona / Foto: Jordi Delgado Una densa capa de contaminación cubre la ciudad de Barcelona / Foto: Jordi Delgado
El nuevo gobierno catalán, que tomó posesión hace apenas dos semanas, dejó momentáneamente a un lado su objetivo final de la independencia del país y ha aprobado como su primer anteproyecto legislativo una Ley de Cambio Climático, la primera planteada desde una administración del estado español y una de las pioneras en el conjunto de Europa. Entre las medidas que contempla –y sin duda la que suscitará mayor controversia–, está el gravar con un impuesto especial a los vehículos de motor con la intención de impulsar una renovación del parque automovilístico.

La máxima prioridad de la nueva legislación es, según afirmó el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que definió dicha meta como un "auténtico reto estructural de país", lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2020 (respecto a las de 2005), y hasta en un 80% en 2050. El artículo primero proclama que se quiere con ello "contribuir a la transición hacia una sociedad con una baja intensidad de consumo de combustibles fósiles".

La norma busca reducir las emisiones un 80% para 2050. La crisis las ha bajado ya un 28%

Una buena parte de ese objetivo se habría cubierto ya gracias a la crisis económica, puesto que entre 2005 y 2013 se redujeron las emisiones –desde Cataluña– de gases impulsores del calentamiento global en un 28%, según los datos de la administración catalana. Para el seguimiento de los avances en materia de reducción de la contaminación, la ley crea un Inventario de Emisiones a la Atmósfera.

El otro gran objetivo de la normativa es la adaptación de la sociedad y la economía catalanas a la nueva situación planteada por el calentamiento global y reducir su "vulnerabilidad" frente a sus efectos. Así, se prevé la potenciación de una lista de 13 sectores productivos vinculados a la economía verde.

El anteproyecto, que pasará ahora al Parlament, donde el ejecutivo dispone del apoyo de una mayoría absoluta, prevé la creación de un fondo climático destinado a financiar mejoras para "la mitigación o la adaptación" al cambio climático en diversos ámbitos, como por ejemplo el sistema energético, terreno en el que se destaca la necesidad de promover medidas de ahorro y eficiencia y el uso de las energías renovables. Otros sectores a los que se destinarán los recursos del fondo son el autoconsumo energético, la movilidad sostenible, la mejora de la biodiversidad, el ahorro de agua, la reducción de impactos sobre la salud o acciones de sensibilización y educación.

El fondo, cuya cuantía no se especifica, se nutrirá tanto de una parte de la recaudación del nuevo impuesto sobre los vehículos (que cuando esté en pleno funcionamiento está previsto que recaude unos 75 millones de euros anuales, y que se destinará principalmente a ayudas para renovar las flotas) como de los recursos obtenidos en la subasta de derechos de emisión (de los 3.000 millones que prevé recaudar España por este concepto, le corresponderían unos 125 anuales) y de una parte de la recaudación del tramo del Impuesto sobre la Renta que corresponde a Cataluña.

Abonos orgánicos y productos de proximidad

El anteproyecto señala que la necesaria racionalización en el uso del agua de acuerdo con el nuevo marco climático debe tener en cuenta la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos. En el ámbito agrícola, el articulado contempla entre otras medidas una adaptación del riego a las nuevas condiciones ambientales, el uso de especies adaptadas al cambio climático, la "progresiva utilización de fertilizantes de origen bio-orgánico en detrimento de aquellos fertilizantes químicos altamente emisores de gases de efecto invernadero" y la "promoción de productos agroganaderos de proximidad".

Por otra parte, la ley establece que los distintos departamentos de la Generalitat (administración catalana) y los entes locales deberán definir el que se considere el consumo mínimo de energía y agua por persona y arbitrar unas tarifas sociales que aseguren la cobertura de dicho mínimo vital para la población en riesgo de exclusión social.

El impuesto sobre las emisiones de los vehículos a motor comenzará a aplicarse en 2018 a los automóviles que superen los 160 gramos por kilómetro recorrido y se irá ampliando paulatinamente al resto de vehículos hasta 2020, salvo a los que emitan menos de 120 gramos, que quedarán libres del mismo. Según las estimaciones del gobierno catalán, la cuantía media del gravamen para los coches de nivel de emisiones medio (de 120 a 130 gramos) será de unos 5,5 euros al año, aunque la cifra puede dispararse hasta los 84 euros para algunos vehículos altamente contaminantes.

Los automóviles pagarán un nuevo impuesto de una media de 5,5 euros anuales

Pese a tratarse de una iniciativa legal pionera en España, la ley catalana ha sido acogida con críticas por parte de los grupos defensores del medio ambiente. Según Ecologistas en Acción, el texto debería plantearse unos objetivos "más ambiciosos" de reducción de emisiones, con un mínimo del 40% en 2020 y del 95% en 2050, así como eliminar el mercado de derechos de las mismas y promover la meta de un 100% de consumo de energías renovables. Diversas entidades conservacionistas, además, se oponen al impuesto sobre los vehículos.

El pasado mes de mayo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley específica para la lucha contra el cambio climático (su capital, París, debía acoger seis meses después la trascendental cumbre que aprobó el acuerdo que debe sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto).

La Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde se marca el ambicioso reto de una reducción del consumo energético nacional del 50% para 2050, y de que las energías renovables cubran el 32% del mismo en 2030. Francia es la economía del mundo que más depende de la energía nuclear y, en un giro radical de su estrategia histórica en este campo, pretende que las centrales atómicas no superen el 50% de la cobertura del consumo eléctrico en 2025. Hoy aportan el 90%. Asimismo, la normativa ambiental pretende hacer posible una reducción del 75% de las emisiones a mitad de siglo

Siguiendo el ejemplo francés, el Reino Unido (y dentro del mismo, también Escocia), Suecia, Australia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y la provincia francófona canadiense de Quebec también se han dotado de leyes de cambio climático. Ahora se suma a ellos Cataluña. Y, de cumplirse las promesas electorales de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, debería haber una ley española en la actual legislatura. Que no siga el mismo camino que tantas otras promesas de campaña.

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