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Medio ambiente
17 de octubre de 2018
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Lunes, 16 de noviembre de 2015
Pau Pertegaz
Vía libre al 'impuesto al Sol'
El PP impone la legislación que penaliza el autoconsumo energético y el resto de grupos parlamentarios se comprometen a derogarla en cuanto dispongan de mayoría
Las instalaciones conectadas a las redes tendrán que pagar un gravamen / Foto: Elena Thewise Las instalaciones conectadas a las redes tendrán que pagar un gravamen / Foto: Elena Thewise
El Real Decreto aprobado en octubre por el gobierno conservador del Partido Popular, por el que se regulan “las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo”, nace con el objetivo de impulsar “la generación distribuida” y “la utilización de las energías renovables”, en palabras del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Pero nadie más que el PP, que se ha quedado solo en su defensa, cree que vaya a servir para eso. La ley que instituye el llamado impuesto al sol ha conseguido el dudoso mérito de poner de acuerdo a entidades ecologistas, movimientos sociales, asociaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos, 18 de los cuales se han comprometido a derogarla en la siguiente legislatura si disponen de la mayoría suficiente para ello.

En España se autoconsumen sólo 22 megavatios. En Alemania son 2.000

Las diferentes organizaciones críticas con el decreto denuncian la hipocresía del Gobierno, que dice impulsar la norma para dar un impulso a las energías renovables mientras en realidad penaliza su uso, el ahorro y la eficiencia energética. Pep Puig, director de Ecoserveis, una asociación catalana que desde 1992 trabaja por acercar la preocupación por la energía a la sociedad, ve muy claro que la nueva legislación tiene por finalidad “facilitar el negocio a las grandes compañías eléctricas, el oligopolio” y que “trata de impedir el derecho de los ciudadanos a producir y consumir su propia energía”.

Con el nuevo decreto, los usuarios que produzcan energía y tengan conexión a la red eléctrica tendrán que pagar por el uso de las redes, y también por inyectar sus excedentes, pero el gravamen no se aplicará en las instalaciones no conectadas a la red. Es el motivo por el que se habla de un impuesto al sol: “Penalizan económicamente una actividad que representa una reducción de muchos costes, como los de generación y distribución”, remarca Puig a EcoAvant.com, uno de los mayores especialistas en materia energética del país.

En opinión de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el impuesto al sol, aprobado mediante una disposición transitoria, es “injustificado y desincentivador”, y hará que “los autoconsumidores paguen una carga superior a la convencional, aun siendo los que menos uso hagan del sistema, puesto que ya pagaban los mismos peajes al sistema que el resto de usuarios”.

Sin balance neto

La normativa deja de lado el conocido como balance neto, un sistema utilizado por gran parte de los países europeos. Se basa en la instalación de un contador reversible. El usuario cede a la red la electricidad que genera y no consume, a cambio de poder recuperar esa energía en las horas en que no genera. De esta manera, el excedente vertido a la red no se penaliza.

La UNEF realizó un estudio sobre la cantidad de energía autoconsumida en España, y se descubrió que la misma no supera los 22 megavatios (MW). Alemania, por ejemplo, llega a los 2.000 MW, un 600% más, en su mayor parte de procedencia fotovoltaica, a pesar de que la península Ibérica recibe un 65% más de irradiación solar que el país centroeuropeo. 

La normativa que entra en vigor contradice diversas disposiciones de la Unión Europea

La moratoria de 2012 sobre las primas a las instalaciones de producción de energías renovables ya supuso un frenazo en seco para el sector, que se encuentra prácticamente paralizado. El decreto podría darle la puntilla. Su primera versión recibió 40.000 alegaciones de ciudadanos solicitando su retirada. Una de las críticas más firmes consiste en que la norma contradice disposiciones de la Unión Europea en materia de política energética. 

Y, de forma unánime, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados menos el del PP se han comprometido a derogarla si se produce un cambio de mayorías en el legislativo después de las elecciones generales del mes que viene. Estas formaciones firmaron un manifiesto en contra del decreto y a favor del “derecho cívico al autoconsumo de energía, que contribuye a reducir la dependencia energética del exterior, genera energía respetuosa con el medio ambiente y de manera descentralizada, incrementa la eficiencia y genera empleo”.

Así que la norma parece entrar en vigor teniendo los días contados, aunque Puig se muestra prudente al respecto y recuerda que “no sólo el Partido Popular ha aplicado políticas en contra de las renovables, y tampoco es el único en el que funciona el fenómeno de las llamadas puertas giratorias entre sus dirigentes y los de las grandes compañías eléctricas”. 

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