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Medio ambiente
16 de enero de 2019
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Viernes, 20 de julio de 2018
EP
Ultimátum a España por la contaminación acústica y las inundaciones
Bruselas da una última advertencia para que las autoridades españolas adopten mapas de ruido y planes de acción contra el ruido ambiental y la prevención de las crecidas de agua
Soterrar las carreteras requiere de una fuerte inversión y eleva los costes de mantenimiento / Foto: Kichigin Soterrar las carreteras requiere de una fuerte inversión y eleva los costes de mantenimiento / Foto: Kichigin

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que adopte mapas de ruido y planes de acción contra la contaminación acústica, de acuerdo con la directiva europea, y le ha dado también una última advertencia para que cumpla la normativa de la UE sobre prevención de inundaciones.

En un dictamen motivado, enviado este jueves a España y a Portugal, Bruselas ha pedido a las autoridades nacionales que adapten su legislación a la directiva que exige a los Estados miembro la adopción de mapas de ruido que muestren la exceso de decibelios en las grandes zonas urbanas, como los principales ejes ferroviarios o los aeropuertos.

Estos mapas sirven de base para definir las medidas y planes de acción encaminados a reducir la contaminación acústica en las ciudades.

Tras recibir un primer aviso en septiembre de 2016, España aún tiene que presentar los mapas y las medidas previstas relativos a muchas de las aglomeraciones y grandes ejes viarios y ferroviarios de su territorio. Tampoco ha adaptado ni modificado los planes existentes para los principales aeropuertos.

El segundo dictamen

En un segundo dictamen motivado, la Comisión da un último aviso a España para que cumpla los requisitos de la directiva sobre inundaciones que tiene como objetivo reducir y gestionar los riesgos para la salud, las actividades económicas y el medio ambiente asociados a las inundaciones.

Según la normativa, todos los países de la UE debían finalizar y publicar los planes de gestión del riesgo y notificarlos al Ejecutivo comunitario antes del 22 de marzo de 2016. España no lo hizo y Bruselas le reclamó en una primera advertencia sus planes para siete demarcaciones hidrográficas de Canarias.

Ahora, tras los dos dictámenes motivados, el Gobierno dispone de dos meses para responder. En caso contrario la Comisión podría llevar ambos casos al Tribunal de Justicia de la UE.

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