Cuesta llegar a él a pesar de que sólo lo separan cuatro kilómetros del pueblo. No hay apenas indicaciones. La señal que marca el punto en el que nos encontramos de la carretera nacional es la única orientación disponible. Ahí tienes que desviarte por un camino de tierra. Entonces aparece ante los ojos una gran explanada con un cartel que reza: Construcción de una planta para el tratamiento de residuos. Es el cementerio de amianto al aire libre que se instaló en El Provencio (Cuenca) hace dos años. Los habitantes de esta población de 2.500 habitantes acaban de descubrir que almacena este mineral y protestan por la opacidad del proyecto, autorizado por el Gobierno aún en funciones, y por los daños medioambientales y de salud que les puede causar.

Se quejan principalmente de esas dos cosas: de vivir rodeados por un material tóxico, altamente nocivo y, sobre todo, de no haber sido previamente avisados. El amianto o asbesto es un fibrocemento que se conoció en España popularmente por el nombre de la marca Uralita. Fue muy utilizado desde la década de los 70 del pasado siglo, especialmente como aislante en edificios, para fabricar tejadillos de uralita y en artículos textiles para barcos y automóviles. Se calcula que durante el siglo pasado se emplearon en España tres millones de toneladas. Buena parte de ellas siguen en nuestros edificios y calles, incluso en colegios y hospitales, amenazando a quienes transiten o trabajen en ellos. 

El material fue prohibido en 2001 porque causa graves enfermedades

En 2001 se prohibió su uso en nuestro país por los peligros que conlleva la liberación de sus partículas, que al ser ingeridas o inhaladas son causantes de enfermedades del aparato respiratorio que abarcan desde la fibrosis pulmonar (conocida como asbestosis precisamente por estar relacionada con este material) hasta cánceres. Pese a la prohibición, se cree que seguirá provocando muertes hasta mediados de siglo. De ahí la repulsa popular. Y el miedo.

Pero en otros países europeos y del resto del mundo se sigue utilizando sin ambages. Uno de cada tres europeos continua expuesto a su influencia y se calcula que unas 15.000 personas fallecen cada año en el continente como consecuencia del contacto con este material, que usan y exportan todavía Andorra, Rusia, Ucrania, Albania, Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

Entre los más beligerantes están Omar Jerez y Julia Martínez. Esta pareja se enteró del caso porque ella trabaja como fotógrafa para el ayuntamiento del pueblo conquense. Desde entonces lo han denunciado públicamente desde su blog Fresas en Bagdad y han advertido en numerosas ocasiones del peligro de un material de este tipo para las personas y para el entorno.

"Hace unos años sufrí un cáncer de pleura en Barcelona y por eso volví a mi pueblo, para estar más tranquila", comenta Julia. "Ahora con este vertedero estoy en las mismas: el amianto es muy tóxico y afectará a nuestra salud y a la de las generaciones siguientes". "El amianto es indestructible. No se puede reciclar, quemar o darle una nueva utilidad", añade Omar, "así que, por muy legal que sea, este depósito es inmoral. Y, encima, no está reportando ningún beneficio a El Provencio".

Sin consulta previa

¿Es así? Según fuentes de la consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, departamento que acaba de hacer pública la información sobre esta planta para el tratamiento de residuos, el uso del espacio fue autorizado hace casi una década por la entonces alcaldesa de El Provencio, Manuela Galiano (del PSOE), en el marco de un proyecto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del gobierno regional.

Lo que se firmó, no obstante, no pasó por el pleno. Y en ningún momento se escuchó la palabra "amianto" en las deliberaciones. "Nunca se dijo. Tuvimos que mirar en Google. Tienen todos los concursos convocados según marca la ley, pero jamás se hizo una consulta. Ahora es imposible que se eche para atrás", avisan fuentes del consistorio sin querer aparecer con nombres y apellidos en este reportaje.

La existencia del cementerio de amianto al aire libre, que según la prensa local ocupa 28.765 metros cuadrados y tiene capacidad para almacenar 115.063 metros cúbicos de material, fue descubierta hace cuatro meses por un agricultor. Él alertó a los responsables del ayuntamiento, que llamaron inmediatamente al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que verificara de qué se trataba.

"Fueron y vieron que todo era legal, que todo estaba en regla. Además, se ha presupuestado una subvención de un millón de euros y hay 200.000 ya gastados, así que no hay manera de revertir el proceso", lamentan otras fuentes desde Medio Ambiente. De inmediato se desató la previsible batalla política, en la que el PP, un partido que no se caracteriza precisamente por su sensibilidad ambiental, trató de capitalizar el asunto.  

Unas 100.000 personas fallecen al año en el mundo por su contacto con el asbesto

Organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción, abanderadas desde siempre de la oposición a este material, no se han pronunciado hasta el momento. Las opiniones que circulan ante este silencio son contrapuestas. Algunos creen que se debe a que aún no se han enterado. Otros, que tenían "pleno conocimiento" pero que algún tipo de interés les ha acallado. Lo cierto es que la entidad ecologista se ha distinguido siempre por luchar contra el amianto. 

En cualquier caso, es fácil encontrar información sobre otras instalaciones parecidas y sobre las protestas en contra. En Segovia, hay 40 toneladas de tuberías de fibrocemento tiradas junto a los depósitos de agua locales. Tampoco es complicado localizar a numerosas agrupaciones de afectados contra el amianto por todo el territorio español. Patxi Kortázar Gaiastegi, por ejemplo, es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). Tiene 62 años y unas placas en la pleura que le provocan un dolor crónico desde hace dos años. Le aparecieron en 2003. Hasta 2010 pudo llevar una vida normal. Ahora, confiesa, es capaz de mantener una cierta rutina, pero con serias limitaciones.

"Si el día consta de 24 horas, yo dispongo de 12, porque necesito recargar las pilas la mitad del tiempo. No puedo subir escaleras ni andar mucho tiempo en llano", describe Kortázar. En 2007 dejó de trabajar en una fundición como mecánico soldador y se internó en un proceso judicial que duró siete años, hasta que obtuvo una indemnización. "No se sabe cuánto tiempo hay que estar en contacto con el amianto para desarrollar una de las enfermedades que causa. A veces es al momento y otras al cabo de años", señala. Él se dedicado gran parte de su vida a la metalurgia. En 2007 creó la asociación con otro compañero y ahora son ya unos 500 miembros. "De los que empezamos soy el único que aún vivo. Prestamos atención y seguimiento a los afectados", apunta.

Por eso le apena que sigan aprobándose proyectos como el de la localidad conquense. Sabe que las placas pleurales como la suya están ligadas directamente al amianto. "Ni al tabaco ni a la polución", subraya. "Primero se empieza con un catarro que no se cura. Luego, con la fibrosis, como la mía, que no es una enfermedad, pero te avisa de que tienes algo. Y, por último, puede desarrollarse un mesiotelioma maligno (un tipo de cáncer que afecta a la pleura y al peritoneo) o un cáncer de pulmón", expone.

La Organización Mundial de la Salud calcula que 125 millones de personas están expuestas en su puesto de trabajo al amianto. Unas 100.000 mueren cada año por ello, según la Organización Internacional del Trabajo. Y todas ellas podrían desarrollar alguna de las afecciones descritas. En El Provencio no quieren sumar otro par de millares de personas a la estadística y desaprueban este cementerio al aire libre, que la falta de indicadores de todo tipo en los accesos trata de ocultar.