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Medio ambiente
25 de septiembre de 2017
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Jueves, 15 de enero de 2015
Cristina Fernández
Quemar para urbanizar
La modificación de la Ley de Montes impulsada por el Gobierno puede incentivar los incendios forestales premeditados al autorizar la recalificación de los terrenos calcinados
La norma reformada clarifica la clasificación de los espacios forestales / Foto: Magrama La norma reformada clarifica la clasificación de los espacios forestales / Foto: Magrama

El Gobierno de Mariano Rajoy destapa una carta más de su política medioambiental y su modelo de Estado. El pasado viernes, el primer Consejo de Ministros del año aprobó el Proyecto de modificación de la Ley de Montes, cuya redacción se inició en 2013. En la misma, se abren las puertas a autorizar la construcción en terrenos arrasados por incendios forestales. La actual legislación la prohibía durante 30 años para evitar que se quemaran bosques para edificar en ellos.

A pesar de que el objetivo principal de la norma es, según el Ejecutivo, simplificar la gestión forestal para aprovechar mejor los recursos que generan los montes, la iniciativa legislativa ha desatado con ello la polémica, al igual que ya sucedió con otras leyes relacionadas con el medio ambiente presentadas en esta legislatura por el Partido Popular, como la reforma de la Ley de Costas o la de Parques Nacionales. En ambos casos se eliminaron instrumentos legales que favorecían la protección de los espacios naturales.

La normativa prohibía tocar durante 30 años los bosques afectados por las llamas

La cuestión que, sin duda, ha creado más controversia es la introducida en el artículo 69 del proyecto de ley, que modifica el artículo 50 de la actual norma para permitir la recalificación de los terrenos afectados por incendios forestales: “Con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente”, reza la normativa que sustituye a la vigente, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, modificada parcialmente mediante la Ley 10/2006, que prohibía durante los 30 años posteriores a un incendio cambiar la catalogación de la superficie calcinada con el fin de disuadir a posibles pirómanos impulsados por motivos de especulación urbanística.

Con el argumento contrario, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) justifica este “supuesto excepcional” con el objetivo de “evitar incendios provocados que impidan actuaciones de interés general”, es decir, en palabras de la ministra, Isabel García Tejerina, para disuadir a un propietario de que prenda fuego a su finca para así evitar una expropiación.

Las organizaciones ecologistas hacen una interpretación radicalmente distinta de las motivaciones del remodelado texto legal. SEO/Birdlife, Ecologistas en acción y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) coinciden al considerar que la norma puede incentivar los incendios provocados al permitir la construcción en las zonas quemadas.

“La ley generará inseguridad jurídica al introducir conceptos abiertos a la interpretación, como el interés general prevalente, un término muy ambiguo que podría abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados. Se debilita la protección del medio y la defensa contra los incendios provocados con interés especulativo”, se diagnostica desde Seo/Birdlife.

Mayoritariamente intencionados

Durante el decenio 2001-2010, el 78% de los incendios forestales en España fueron provocados por el hombre, bien por negligencias y causas accidentales o como directamente intencionados, y estos fuegos de origen humano afectaron al 82,6% de la superficie forestal calcinada en dicho periodo, según las estadísticas del MAGRAMA.

Los más numerosos fueron los fuegos intencionados, que representaron más de la mitad del total y el 60% de la superficie afectada. Detrás de ellos se encuentran, principalmente, prácticas tradicionales inadecuadas como las llevadas a cabo por los agricultores para eliminar matorral y residuos agrícolas (42,71%) y por los ganaderos para la regeneración de pastos (25,69%). El porcentaje de fuegos provocados para modificar el uso del suelo se sitúa en un 0,60%

Por fortuna, a lo largo de los dos últimos años se han reducido el número de incendios y de hectáreas afectadas anualmente. Según las estadísticas ministeriales, aún provisionales, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2014 se registró la superficie forestal afectada por incendios más baja de los últimos 10 años.

En concreto, hasta el 30 de noviembre, el fuego había afectado a 46.158 hectáreas, mientras que la cifra del mismo período en 2013 fue de 70.252 hectáreas, y la media de los últimos 10 años de 116.797. Asimismo, se contabilizaron menos incendios: 2.950, frente a los 3.265 de 2013, y 6.698 conatos (incendios de menos de una hectárea) frente a los 8.253 del año anterior. Los datos oficiales muestran también un descenso si se compara con el último decenio, en el que se contabilizaron 5.324 incendios y 10.162 conatos de media anual.

En los últimos dos años han disminuido el número de siniestros y la superficie dañada

La modificación legislativa del Gobierno del Partido Popular introduce otras novedades. El gabinete, invadiendo las competencias autonómicas, fomenta de nuevo –como ya hizo en la Ley de Parques Nacionales– la caza y vuelve a hacer patente su buena relación con el sector cinegético.

Así, se sientan las bases para elaborar e implementar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, crear un registro nacional de infractores de caza y pesca y una licencia única para que a partir de la próxima temporada los cazadores puedan disparar por los montes de más de una comunidad autónoma sin trabas burocráticas. De momento, han suscrito el acuerdo Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Asturias, Galicia y Aragón.

Además, la ley reformada aclara la clasificación de los montes por usos e introduce la figura de las sociedades forestales para que se gestionen de forma colectiva sin que los propietarios pierdan la titularidad. La normativa también pretende mejorar la persecución de la tala ilegal de madera y su comercialización.

Pero para SEO/Birdlife el proyecto es “innecesario e inadecuado, pues huye del interés general y se centra en los usos productivos del monte, relegando las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales”. Y, para Ecologistas en Acción, "no introduce mejoras sustanciales" y "es un grave retroceso en la exigencia de una adecuada planificación forestal". En la misma línea, el WWF lamenta que el texto modificado “no aporta soluciones a los problemas actuales" del monte español, como la ausencia de gestión o el fomento del desarrollo rural, y pone en peligro la propiedad forestal colectiva de origen vecinal.

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