En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés) publicó un informe con nuevos descubrimientos sobre la toxicidad de tres pesticidas y dos herbicidas. Uno de ellos era el glifosato. Por primera vez, este conocido agroquímico se incluía en el grupo 2a, “probablemente cancerígeno para las personas”, sólo un paso por debajo del grupo 1, “cancerígeno para las personas”. La alarma generada durante los últimos meses en torno al glifosato proviene de este informe de la IARC, sumado al hecho de que la Unión Europea (UE) se esté planteando renovar la autorización de su uso por siete años más.

El glifosato es el ingrediente activo del RoundUp, un herbicida vendido y promocionado por la multinacional Monsanto para utilizarlo en sus cosechas modificadas genéticamente, y que se aplica tanto industrialmente como en jardines particulares. Con él, la empresa obtiene en torno a 5.000 millones de dólares (unos 4.367 millones de euros) al año.

Monsanto obtiene con la venta del RoundUp unos 5.000 millones de dólares al año

El producto es tan ampliamente usado que, en el Reino Unido, sus restos se encuentran comúnmente en el pan, pero no sólo en él. Recientes estudios lo han detectado en 14 marcas de cerveza alemanas, en 10 vinos californianos y en el agua catalana, debido en parte a que el glifosato se filtra al subsuelo y contamina las corrientes subterráneas y los acuíferos.

El informe de la IARC también estudió las consecuencias del glifosato en la salud de las personas, entre ellas daños genéticos, trastornos reproductivos, aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas y carcinogénesis. Se lo ha relacionado además con otras enfermedades, como el Alzheimer, el autismo o el Parkinson. Y sus efectos pueden agravarse debido a la combinación del glifosato con otros químicos y por la repetición de impactos del herbicida. El impacto es acumulativo en el cuerpo humano, lo cual provoca progresivamente peores consecuencias para la salud.

Gracias al informe de la IARC, la renovación sin limitaciones de la autorización de uso del glifosato (que caduca este año) está siendo cuestionada en el seno de la Unión Europea. Italia, Francia, Suecia y los Países Bajos se han declarado en contra de renovarla por 15 años más (el estándar), que es la propuesta de la Comisión.

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) apuesta por prorrogarla siete años. La comisión de Medio Ambiente de la cámara denunció en una resolución aprobada por 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones que “la Comisión Europea no debería renovar la aprobación de la sustancia herbicida glifosato en el mercado de la UE por otros 15 años, hasta 2031, sin ningún tipo de restricciones en la forma propuesta".

De momento, Francia ha anunciado planes para retirar el uso del glifosato y de la amina de sebo polietoxilada (otro componente). Un portavoz de la Agencia de Seguridad Sanitaria, de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo declaró: "No es posible garantizar que las composiciones que contienen glifosato y amina de sebo polietoxilada no impliquen efectos negativos en la salud humana”. En Alemania, los productores ya han retirado los herbicidas con estos componentes.

Conflicto de intereses 

Toda la disputa entre los científicos y la UE proviene de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) ha llamado a ignorar el informe de la IARC en vísperas de la renovación de dicha autorización, y a pedir que el glifosato siga autorizado como si fuera un agente inofensivo para la salud.

En respuesta, 96 científicos europeos han denunciado que el glifosato es peligroso y han enviado una carta al comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, defendiendo que la EFSA no se basa en ninguna prueba concluyente para ignorar el informe de la OMS. Además, 1,4 millones de personas han firmado una petición para que los estados revisen el uso del herbicida.

La EFSA pide que la sustancia química siga permitida como si fuera inofensiva para la salud

Por otro lado, este grupo de científicos ha recordado que la IARC había obligado a los autores del estudio a rellenar unos cuestionarios para evitar el conflicto de intereses. En el informe de la EFSA, cinco de sus científicos no habían completado esta declaración y algunos de los que la completaron proporcionaron información no actualizada. Entre tanto, la EFSA se defiende declarando que su estudio es más amplio que el de la IARC porque este último no diferencia entre los efectos del glifosato o del resto de químicos y su combinación.

Debido a que la autorización para el glifosato caduca en julio, en mayo habrá otra reunión de la Junta Directiva de Pesticidas de la EFSA en la cual se decidirá su destino. Después de toda esta controversia, es muy probable que la solución que ofrezca la UE sea permitir a los estados poner más limitaciones al uso del glifosato o a su combinación con otros químicos, pero sin prohibirlo.

La Doctora Marcia Ishii-Eiteman, de la Red de Acción contra los Pesticidas (PAN, en sus siglas en inglés) recordó lo que todos nos jugamos con estos productos y pidió a la EPA y al departamento estadounidense de Agricultura que actúen urgentemente: “Continuar con el statu quo significa una exposición continua y diaria en comunidades rurales a un químico que produce cáncer. Esto no es una opción. Ahora más que nunca, los agricultores estadounidenses necesitan apoyo para cambiar del modelo actual agrícola insostenible, inefectivo y tóxico a uno que sea productivo, ecológicamente resiliente, saludable y seguro”.