Durante unos años se concedieron incentivos fiscales y primas que garantizaban una rentabilidad mínima a los productores, con la intención de promover la creación de una industria de las renovables que fuera capaz de reducir la dependencia energética española –con las consiguientes ventajas económicas y estratégicas–, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y generar empleo y exportaciones.
Y cuando más cerca se estaba de lograrlo, con empresas españolas desarrollando tecnología puntera a nivel internacional en producción eólica y hasta 50.000 inversores creando pequeñas sociedades productoras, se produjo un cambio radical con la llegada al gobierno del PP. Se decretó el final de las primas y un nuevo impuesto del 7% para el autoconsumo poniendo al límite de la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas, pero también a instalaciones financiadas por inversiones de multinacionales extranjeras.
La banca teme encontrarse con un problema similar al de la burbuja inmobiliaria
Y después, al igual que sucedió tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se produce la llegada de los llamados fondos buitre. Así son conocidos los fondos de inversión especializados en la compra de todo tipo de bienes o activos en bancarrota, negocios muy arriesgados pero que pueden dar grandes beneficios a corto plazo. Este tipo de inversores –cuentan como tales en las estadísticas macroeconómicas– no están interesados en mantener ningún tipo de estructura productiva. Sólo compran barato, descapitalizan, venden por partes lo que hay y desaparecen dejando nada tras de sí.
Con la crisis, los fondos buitre han llegado masivamente a España, invirtiendo en numerosos sectores, desde los pisos de protección oficial hasta empresas rentables. Y ahora le llega el turno a las renovables.
Según un estudio publicado por el periódico digital Vozpópuli, la banca ha concedido unos 45.000 millones de euros en créditos al sector de las renovables que ahora, con los últimos cambios legales, podría tener problemas en cobrar. La cifra equivale al 75% de las ayudas públicas directas que el sistema bancario ha necesitado para limpiar de sus balances los cadáveres del desastre inmobiliario, lo que podría volver a ponerlos casi en la casilla de salida del inicio de la crisis.
Por este motivo, los bancos no quieren más sustos y ya están estudiando qué parte de estos créditos van a ser más difíciles de recuperar y el posible tamaño del nuevo agujero. Según las entidades financieras, la parte más crítica se reduciría a unos 2.000 o 3.000 millones de euros, lo que ofrece una esperanza para la solvencia del sector pero sigue siendo una cifra enorme para unos bancos que temen encontrarse de nuevo con un problema similar al del ladrillo y quedarse con centenares de campos de paneles solares con los que no sabrían que hacer.
Así pues, una opción sería malvender esta parte de la deuda con quitas de hasta un 80% o un 90% a fondos buitre, que a su vez ejecutarían las hipotecas y avales liquidando las compañías afectadas. Siglas como HIG, Carlton Group o Toro Capital ya se frotan las manos con sus nuevos objetivos en España, tal y como reconocieron en un encuentro reciente en Madrid.
¿Un negocio rentable?
La buena noticia para el sector de las renovables es que su situación no es en absoluto comparable a la inmobiliaria. La mayoría de expertos y analistas recuerdan que se trata de un sector productivo que, con un nuevo plan de negocio y nuevas expectativas, puede llegar a resultar rentable. Para ello harían falta o más paciencia bancaria o nuevos inversores. Y los segundos también van llegando.
Juntamente con los fondos buitre hay también otros menos agresivos –como la división de infraestructuras de KKR, Morgan Stanley Infrastructure, HG Capital o Brookfield–, con planes de inversión, al menos a medio plazo, que podrían plantearse entrar en el sector aprovechando los bajos precios pero para quedarse y explotar los paneles solares o aerogeneradores. Esta opción supone un beneficio a un plazo más largo de lo que se hubiera previsto en un principio pero gracias también a una inversión menor, y al menos se salvaría una parte del potencial de producción de energías renovables en España.
La especulación en el sector de la energía limpia ya se inició antes de la crisis
Aunque ahora se denuncie con más rotundidad, la especulación en el mundo de las renovables no llegó con la crisis. El sistema de primas ya había incentivado la llegada de mucho capital al sector con ganas de obtener beneficios rápidos.
Tal fue el caso de Javier Romero Ledesma, responsable de la rápida expansión de la multinacional china Suntech en España e Italia. Hoy, la que fuera la principal productora mundial de paneles solares se encuentra en bancarrota y, según la dirección, Romero Ledesma no es ajeno a esta situación, según descubrió el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, organización dedicada a publicar reportajes sobre corrupción, evasión fiscal y delitos de cuello blanco a los que muchos medios de comunicación no se atreven a dar salida.
Desde Suntech se le acusa de una millonaria estafa que incluyó la falsificación de unos bonos del tesoro alemán que tendrían que haber garantizado unas inversiones. Cuando estos bonos no aparecieron, Suntech fue expulsada de Wall Street y tuvo problemas para refinanciar las carísimas inversiones realizadas, en gran parte en el territorio de su socio español. En Italia, por si fuera poco, los representantes de Romero Ledesma fueron investigados por la fiscalía por fraude en las subvenciones cobradas y relaciones con la mafia.
La trama incluye estafas, evasión de impuestos, paraísos fiscales y descontrol con las primas. Una situación que, con la llegada de la crisis, acabó con millones de euros evaporados y largos procesos judiciales. Y un ejemplo de que, tampoco en el mundo de las energías renovables, es oro todo lo que reluce.
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