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Medio ambiente
20 de octubre de 2018
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Lunes, 03 de noviembre de 2014
Eva Terol
Todo por la caza
La futura Ley de Caza de Castilla-La Mancha desata la polémica. Su articulado favorece una actividad cinegética intensiva con el argumento de su gran impacto económico
Un cazador se prepara para disparar a un ave / Foto: NanoStock Un cazador se prepara para disparar a un ave / Foto: NanoStock
Para unos, es “bárbara y cruel”. Para otros, “social, vanguardista y de mejora de nuestro medio ambiente”. La futura Ley de Caza de Castilla-La Mancha, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 26 de septiembre, ha desatado una auténtica tormenta de críticas y ha polarizado a la sociedad de esta extensa autonomía.

Para el Partido Animalista-Pacma y la Plataforma contra la Ley de Caza, formada por 33 entidades sociales, el texto legislativo, que se dio a conocer el mismo día de su aprobación por la Junta de Comunidades castellano-manchega, supone una “sorpresa más que desagradable”, al permitir “barbaridades como abatir animales domésticos como perros y gatos a tiros, la caza con lanza o lazos” y reducir a la mitad las sanciones graves para aquellos cazadores que incumplan la legislación.

La nueva regulación impulsada por la presidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, del PP, mantiene la edad mínima para cazar en 14 años, una de las más bajas de todo el país, y pone en riesgo la seguridad de las personas que quieran disfrutar de la naturaleza en los parajes castellano-manchegos, denuncia el Pacma.

La norma permite matar a animales domésticos a tiros y el uso de lanzas y lazos

Para los colectivos que integran la Plataforma contra la Ley de Caza, entre los que se encuentran Ecologistas en Acción, SEO-Birdlife, WWF España, los sindicatos CCOO-CLM y UGT-CLM, los partidos IU-CLM y Podemos CLM y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, se trata de una normativa que “sólo promueve y da facilidades a la caza intensiva, y a las formas más crueles e impactantes de gestionarla, previendo para ello ayudas y subvenciones, además de mantener las multas para quien espante o moleste la caza”.

La autorización para usar trampas o cerrar caminos, el cambio hacia un modelo de caza intensiva y comercial con cotos más pequeños y más vallados y la admisión de métodos peligrosos y no selectivos de captura y muerte, que atentan contra la seguridad de las personas y contra todo tipo de especies protegidas, son otros aspectos rechazados por la Plataforma contra la Ley de Caza.

El colectivo intentará “parar o, al menos, modificar sustancialmente el anteproyecto de ley para evitar su impacto negativo sobre el medio natural, el bienestar animal y el uso público de los montes”, anunciaron sus portavoces.

De momento, han puesto en marcha una campaña ciudadana a través de la plataforma online Change.org que lleva recogidas cerca de 90.000 firmas exigiendo la retirada del texto. “Lejos de responder a principios básicos de sostenibilidad ambiental y de respeto al resto de ciudadanos, el anteproyecto parece atender en exclusiva a los intereses de la caza comercial más intensiva y hará de nuestros campos un lugar más peligroso y de acceso más difícil”, defienden.

“Actividades tan importantes para la economía rural como son el ecoturismo, los aprovechamientos forestales, la pesca, las explotaciones avícolas o agropecuarias se verán relegadas y afectadas al darse prioridad ante todo a la caza”, alertan igualmente.

Contenido social

Para la consejera de Agricultura del gobierno regional, María Luisa Soriano, en cambio, la nueva norma, “adapta la actividad cinegética a la realidad social y económica de la región y presta especial atención a la conservación del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos”. Su compañero de gabinete titular de Administraciones y Presidencia Leandro Esteban ha ido más lejos y elogió el anteproyecto por su contenido “social, vanguardista y de mejora de nuestro medio ambiente”, además de mostrarse confiado en que la legislación en ciernes “pondrá fin a una normativa obsoleta”.

Según datos de la Junta de Castilla-La Mancha, la práctica de la caza conlleva un impacto económico que se traduce en más de 600 millones de euros de facturación al año y 6.500 puestos de trabajo que realizan 1,6 millones de jornales, aportados por las más de 160.000 licencias y más de 5.000 cotos con 7 millones de hectáreas destinadas a esa actividad.

En cuanto al número de animales cazados, en dicha comunidad se “cobran” anualmente más de 93.000 “piezas” de caza mayor –ciervos, gamos, corzos, muflones y jabalíes– y casi 6 millones de ejemplares de caza menor –conejos, liebres, zorros, perdices, zorzales, cornejas, urracas, fochas, y diversas especies de aves migratorias acuáticas y no acuáticas–.

Estas cifras se dispararán en poco tiempo. Porque la nueva legislación castellano-manchega no regirá solamente para los cazadores con licencia en esta comunidad (161.994 según datos de 2010 del Anuario de Estadística Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) sino que también afecta a los de otras tres autonomías.

Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura firmaron la pasada primavera con el ministerio la creación de una licencia única de caza para sus territorios, en el marco de una iniciativa que aspira a una licencia única estatal. 

Las cuatro comunidades que suscribieron el acuerdo suman un total de 909.435 aficionados con licencia de caza o de pesca, el 47% de los del conjunto de España, y con ello decenas de miles de cazadores madrileños ya pueden invadir los territorios de las extensas comunidades vecinas ante el agotamiento de numerosas especies en el ámbito de su sobreexplotada región. 

La actividad aporta 600 millones de euros anuales a la región castellano-manchega

“La nueva Ley de Caza tiene un contenido social porque facilita la caza a los vecinos de los municipios rurales de Castilla-La Mancha y también la contratación de todas las personas que encuentren en ella un medio de vida”, señaló el consejero Esteban, quien resalta otras medidas impulsadas por la presidenta De Cospedal en este ámbito, como el reciente Congreso de Turismo Cinegético celebrado en Ciudad Real o la licencia única de caza.

El texto se encuentra ahora en manos del Consejo Consultivo, que debe emitir su dictamen preceptivo antes de que entre en las Cortes regionales, donde, con la mayoría que apoya al ejecutivo, será aprobado en el actual período de sesiones.

Ecologistas en Acción-Toledo ha denunciado que durante los días 11, 12 y 25 de octubre, dos sendas de uso público del Parque Nacional de Cabañeros fueron cerradas al público para que se realizaran monterías (cacerías de animales de gran porte) de ciervo. Se trata de dos recorridos por una garganta muy visitados por los excursionistas, especialmente en este tiempo otoñal.

La decisión, según los conservacionistas, la tomó el Ayuntamiento de Los Navalucillos, titular del camino y cuyo alcalde es el presidente del patronato del parque nacional. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dio el visto bueno al cierre de senderos.

Los ecologistas temen que la nueva ministra Isabel García Tejerina quiera cambiar la Ley de Parques Nacionales para permitir la caza en Cabañeros y otras zonas protegidas con el argumento de que “la caza es necesaria y compatible con el uso público”.

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