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    <title>Noticias sobre medio ambiente | EcoAvant.com</title>
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    <description>Consulta toda la informaci&#xF3;n y noticias sobre medio ambiente en EcoAvant.com, ecolog&#xED;a, cambio clim&#xE1;tico, energ&#xED;as renovables y muchas otras</description>
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      <title>Noticias sobre medio ambiente | EcoAvant.com</title>
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      <title><![CDATA[La huella que deja el litio de las baterías en los océanos]]></title>
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      <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:33:34 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[El litio, clave para coches eléctricos, móviles y almacenamiento renovable, puede generar efectos subletales en organismos marinos incluso a concentraciones similares a las detectadas en la naturaleza, según estudios recientes]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[El litio se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la transición energética debido a sus propiedades físico-químicas: es ligero, poco denso en estado sólido, presenta un elevado potencial electroquímico y una excelente conductividad eléctrica y térmica. Y eso lo convierte en materia prima clave de las baterías de coches eléctricos, teléfonos móviles y sistemas de almacenamiento de energías renovables. Su imagen está asociada a un futuro limpio y descarbonizado. Sin embargo, como ocurre con muchos avances tecnológicos, su uso masivo plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con el litio cuando acaba en el medio ambiente, especialmente en el mar? Estudios recientes realizados con organismos marinos muestran que este metal, considerado durante mucho tiempo poco problemático, puede dejar una huella biológica relevante en los ecosistemas marinos, incluso a concentraciones similares a las que ya se detectan en la naturaleza. Un contaminante emergente y poco vigilado A diferencia de otros metales ampliamente estudiados, como el mercurio o el plomo, el litio no suele figurar en los listados clásicos de contaminantes ambientales. Su impacto ecológico ha recibido mucha menos atención. Sin embargo, su producción se ha disparado en las últimas décadas y su tasa de reciclaje sigue siendo baja Gran parte del litio acaba en vertederos o se libera a través de aguas residuales, que los sistemas de depuración no eliminan eficazmente. Esto facilita que alcance ríos, estuarios y océanos. En condiciones naturales, las concentraciones de litio en el agua de mar son bajas. Pero en zonas con fuerte presión humana o cerca de explotaciones mineras se han registrado valores notablemente más altos. La cuestión es si estas concentraciones, sin ser letales, pueden afectar a la salud de los organismos marinos a largo plazo. Para disipar dudas, distintos estudios han utilizado especies clave de la cadena trófica marina, como copépodos, erizos de mar, quisquillas, mejillones o poliquetos. Su diversidad en estrategias alimentarias y fases del ciclo vital permite evaluar mejor los efectos del contaminante en diferentes niveles del ecosistema. Más allá de la mortalidad: efectos invisibles El litio no siempre provoca efectos inmediatos o visibles. En muchos casos, las concentraciones actuales no causan mortalidad masiva en los organismos marinos, pero sí generan efectos subletales que pueden comprometer su salud a largo plazo. En concreto, producen alteraciones en enzimas relacionadas con el estrés oxidativo, en procesos de detoxificación y en mecanismos asociados al sistema nervioso. Tal y como ya se ha visto en investigaciones anteriores y también en las nuestras, en embriones de erizo de mar, la exposición al litio puede ralentizar el desarrollo o inducir malformaciones, incluso cuando no se produce la muerte de los organismos. El tiempo importa tanto como la dosis El efecto del litio no depende únicamente de la concentración, sino también del tiempo de exposición. A medida que pasan las semanas, las respuestas biológicas se vuelven más intensas y afectan a niveles cada vez más complejos, tanto bioquímicos como enzimáticos, pasando por alteraciones celulares, hasta daños visibles en tejidos. Cuando todos estos indicadores se analizan de forma conjunta, el resultado es claro: el estrés biológico aumenta de manera progresiva y sostenida. Es decir, exposiciones prolongadas a litio, incluso en niveles moderados, pueden generar efectos acumulativos. Este tipo de impactos, menos evidentes pero persistentes, plantea un riesgo ecológico importante, ya que puede afectar a la reproducción, el crecimiento y la supervivencia de las especies. A largo plazo, los cambios pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas y el funcionamiento de las cadenas tróficas. Además, estos resultados cuestionan la idea de que todos los materiales asociados a la transición energética sean ambientalmente inocuos. El litio es indispensable para reducir las emisiones de carbono, pero su ciclo de vida completo —incluyendo su destino final— debe evaluarse con rigor. Una transición energética verdaderamente sostenible Los estudios no apuntan a un riesgo inmediato de colapso de los ecosistemas marinos, pero sí lanzan una advertencia clara: el litio es un contaminante emergente que merece atención, seguimiento y regulación. Entender sus efectos a largo plazo, especialmente en combinación con otros factores como el calentamiento global o la exposición simultánea a múltiples contaminantes, será clave para avanzar hacia una transición energética completa. Porque la transición no consiste solo en cambiar las fuentes de energía, sino en garantizar que las soluciones adoptadas no generen nuevos problemas ambientales. El litio seguirá siendo esencial para el futuro energético. Pero su historia en los océanos aún se está escribiendo. Comprenderla a tiempo será fundamental para que la transición sea realmente sostenible.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[La UE activa una metodología unificada para calcular las emisiones del transporte hasta 2030]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/ue-activa-metodologia-unica-calcular-emisiones-transporte-hasta-2030_16834_102.html</link>
      <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:55:38 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Bruselas pone en marcha una normativa que unifica el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los modos de transporte y busca mejorar la transparencia, la comparación de datos y la evaluación del impacto climático de las actividades logísticas]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[La Unión Europea ha puesto en marcha este lunes, 1 de junio, una nueva normativa destinada a unificar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte de mercancías y pasajeros. La medida, impulsada por la Comisión Europea, establece por primera vez una metodología común para todos los modos de transporte con el objetivo de facilitar la comparación de datos, mejorar la transparencia y ofrecer información más fiable sobre el impacto climático de las actividades de movilidad y logística. Un criterio común europeo Una metodología armonizada para calcular las emisiones contaminantes asociadas al transporte por carretera, ferrocarril, vía marítima y transporte aéreo La nueva regulación introduce una metodología armonizada para calcular las emisiones contaminantes asociadas al transporte por carretera, ferrocarril, vía marítima y transporte aéreo. Hasta ahora, las empresas del sector podían emplear sistemas de cálculo diferentes, lo que dificultaba la comparación entre operadores y la evaluación precisa de la huella ambiental de cada servicio. Según sostiene Bruselas, la ausencia de criterios homogéneos generaba diferencias significativas en la forma de presentar los datos sobre emisiones, complicando tanto la toma de decisiones empresariales como la elaboración de políticas públicas orientadas a la descarbonización del transporte. Con la nueva normativa, todas las empresas y operadores que informen sobre sus emisiones deberán basarse en una referencia metodológica común, lo que permitirá una mayor coherencia en los datos difundidos y una comparación más precisa entre distintas alternativas de transporte. Más transparencia para empresas y clientes La Comisión Europea considera que el nuevo sistema contribuirá a mejorar la medición de la huella de carbono de las operaciones logísticas y de transporte. De esta forma, las compañías podrán evaluar con mayor precisión el impacto climático de sus actividades y disponer de información más consistente para diseñar estrategias de reducción de emisiones. Al mismo tiempo, los clientes, las administraciones públicas y otros usuarios de servicios de transporte contarán con datos más homogéneos para comparar ofertas, contratar servicios o incorporar criterios ambientales en sus procesos de compra y contratación. La armonización de los métodos de cálculo también pretende reforzar la credibilidad de la información ambiental proporcionada por las empresas, al establecer una base común para la cuantificación de las emisiones asociadas a cada desplazamiento o servicio de transporte. Esta mayor transparencia facilitará la identificación de las opciones con menor impacto climático y permitirá realizar comparaciones más fiables entre diferentes modos de transporte y operadores Bruselas defiende que esta mayor transparencia facilitará la identificación de las opciones con menor impacto climático y permitirá realizar comparaciones más fiables entre diferentes modos de transporte y operadores. Implantación progresiva hasta 2030 La entrada en vigor de la normativa marca únicamente el comienzo de un proceso de implantación gradual. A partir de ahora se abre un periodo de adaptación durante el cual la Comisión Europea desarrollará las normas técnicas necesarias para garantizar una aplicación homogénea del sistema en toda la Unión Europea. Además, las instituciones comunitarias prevén poner a disposición de las empresas diversas herramientas digitales de apoyo destinadas a facilitar la implementación de la nueva metodología y la elaboración de los cálculos correspondientes. La Comisión señala que este trabajo técnico será esencial para asegurar que los distintos sectores del transporte aplican los mismos criterios y utilizan procedimientos comparables a la hora de medir sus emisiones. La plena implantación del sistema está prevista para finales de 2030, fecha en la que Bruselas espera que la metodología común esté plenamente integrada en la operativa de empresas, operadores logísticos y administraciones públicas de toda la Unión Europea. Con esta iniciativa, las instituciones europeas buscan disponer de un marco común para medir el impacto climático del transporte, uno de los sectores clave en los objetivos comunitarios de reducción de emisiones y transición hacia una economía más sostenible.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[La CNMC pide reforzar la justificación de objetivos y plazos de la norma sobre reciclaje textil]]></title>
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      <pubDate>Thu, 28 May 2026 11:43:50 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[El organismo recomienda revisar los umbrales aplicables a las empresas, analizar la viabilidad de los objetivos de reciclado y evaluar si la fecha prevista para las obligaciones financieras en 2029 resulta adecuada para el sector]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente el Proyecto de Real Decreto (PRD) que regulará el reciclado de productos textiles y calzado, aunque ha planteado una serie de recomendaciones para reforzar la justificación de algunos de sus elementos clave, especialmente en relación con los umbrales empresariales, los objetivos fijados y los plazos de aplicación. La futura regulación busca avanzar en la gestión de los residuos textiles y de calzado mediante mecanismos de responsabilidad ampliada del productor y medidas orientadas a fomentar la reutilización, el reciclado y el ecodiseño Revisión de objetivos En un informe publicado este miércoles, la CNMC considera necesario que el futuro marco normativo justifique con mayor detalle los criterios empleados para definir las obligaciones de las empresas y los porcentajes de reciclado previstos. El organismo regulador entiende que determinadas medidas deben fundamentarse mejor conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. En concreto, la CNMC ha aconsejado justificar el umbral aplicable a las empresas que estarán obligadas a presentar planes de prevención y ecodiseño, además de valorar si el periodo previsto para actualizar estos requisitos debería reducirse. El organismo también ha recomendado explicar "de manera adecuada" los porcentajes de objetivos fijados para el reciclado y reutilización de residuos textiles y de calzado. A su juicio, resulta necesario analizar previamente la viabilidad de estas metas y evaluar el impacto que podrían tener sobre los operadores implicados en la gestión de estos residuos. Asimismo, ha insistido en la conveniencia de confirmar que existe una infraestructura suficiente y tecnología adecuada para gestionar los volúmenes de residuos previstos en la nueva regulación. Impacto sobre operadores La CNMC también ha puesto el foco en la gestión administrativa vinculada a la aplicación de la futura norma. En este sentido, ha propuesto establecer un plazo concreto para que la Comisión de Coordinación emita sus informes sobre las solicitudes de autorización relacionadas con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, conocidos como SCRAPs. Además, el organismo ha señalado que las posibles especificaciones territoriales que puedan incorporarse a las autorizaciones de estos sistemas colectivos deben estar "debidamente justificadas". La CNMC ha incidido igualmente en la necesidad de reforzar los recursos de las administraciones autonómicas que podrían verse más afectadas por el aumento de solicitudes derivadas de la implantación del nuevo sistema. A ello suma la conveniencia de promover medidas que faciliten las negociaciones de convenios entre los SCRAPs y las administraciones públicas. Por otro lado, el regulador ha sugerido realizar una evaluación periódica de los modelos de gestión colectiva para evitar posibles efectos negativos sobre la competencia en el sector. También considera importante garantizar que la gestión de la información se lleve a cabo a través de terceros independientes. Seguridad jurídica y plazos En el apartado financiero, la CNMC ha reclamado una mayor precisión sobre el momento exacto en el que serán exigibles las obligaciones económicas previstas en la futura regulación. El objetivo, según explica, es aumentar la seguridad jurídica de los productores afectados. El organismo también ha pedido valorar si la fecha prevista para la aplicación de las obligaciones de financiación –establecida inicialmente para el 1 de enero de 2029– resulta razonable para permitir la adaptación de los operadores y minimizar los costes asociados al nuevo sistema. La futura regulación busca avanzar en la gestión de los residuos textiles y de calzado mediante mecanismos de responsabilidad ampliada del productor y medidas orientadas a fomentar la reutilización, el reciclado y el ecodiseño. La CNMC respalda el enfoque general del proyecto, aunque considera necesario reforzar distintos aspectos técnicos y administrativos antes de su aprobación definitiva.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Ecologistas piden reforzar los programas de Murcia contra la contaminación por nitratos]]></title>
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      <pubDate>Tue, 26 May 2026 08:07:43 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Ecologistas en Acción reclama una revisión profunda de los programas autonómicos para las zonas vulnerables a nitratos y del Campo de Cartagena, al considerar que las medidas previstas son insuficientes para frenar la contaminación agrícola y ganadera]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha reclamado este lunes en Murcia una revisión "profunda" de los programas autonómicos destinados a evitar la contaminación por nitratos, con el objetivo de incorporar medidas "más exigentes y eficaces" y reforzar el control del cumplimiento de la normativa. Revisión insuficiente La organización ecologista ha presentado alegaciones a los programas de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y, de forma específica, al programa del Campo de Cartagena. Según Ecologistas en Acción, el Gobierno regional muestra "falta de ambición y voluntad" para atajar la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero, un problema que, según advierte, "sigue empeorando año tras año" en el territorio murciano. La entidad ha denunciado una "falta de avances y eficacia" en las medidas planteadas en ambos textos, lo que conllevará, a su juicio, un "más que previsible fracaso" en la consecución de los objetivos, como considera que ha ocurrido durante más de dos décadas. Ecologistas en Acción ha precisado que la revisión del programa de actuación se produce diez años después de su aprobación, en 2016, pese a que, según ha señalado, estos programas deben renovarse cada cuatro años. Control y cumplimiento La organización considera este retraso "especialmente sangrante" porque, según sostiene, la situación "va a peor" en toda la Región y casos como el del Mar Menor exigen una respuesta con mayor urgencia y eficacia. En este contexto, Ecologistas en Acción ha recordado las sanciones de la Comisión Europea por la insuficiente aplicación de la Directiva Europea de Nitratos, que vincula con la falta de medidas adecuadas para reducir la contaminación. No obstante, la organización ha indicado que "lo más preocupante" es el propio contenido del programa propuesto, ya que los avances reales son "escasos e insuficientes" y buena parte de las obligaciones repiten las del programa vigente o ya estaban previstas en otras normas. También ha advertido de que muchas obligaciones se centran en registros específicos y en el control documental, herramientas que, por sí solas, no garantizan el cumplimiento real ni suponen un avance efectivo. A juicio de Ecologistas en Acción, estos mecanismos resultan aún menos eficaces si no existen personal y medios suficientes en la administración para realizar inspecciones in situ con analíticas propias. Campo de Cartagena Respecto al programa específico del Campo de Cartagena, Ecologistas en Acción ha señalado que la "decepción es doble" porque la mayor parte de las obligaciones son las mismas que en el resto de la Región, pese al proceso eutrófico que sufre el Mar Menor. La organización ha criticado además que las restricciones más eficaces sean mínimas en la Zona 2, que constituye la mayor parte de la cuenca vertiente y donde se concentran, según la entidad, la mayor parte de las aportaciones. Ecologistas en Acción ha denunciado también que el programa facilita algunos incumplimientos mediante "vías de escape", lo que, en la práctica, permitiría que muchas explotaciones no aplicaran ni siquiera algunas de las pocas medidas que considera positivas. La entidad ha advertido de que la falta de avances significativos y la continuidad de medidas que considera "demostradamente insuficientes" hacen previsible el "fracaso absoluto" del nuevo programa. Como prueba, ha citado el Informe de seguimiento de la Directiva Nitratos 2020–2023, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, según Ecologistas en Acción, evidencia el fracaso de las medidas aplicadas hasta ahora. De acuerdo con la organización, el excedente de nitrógeno por hectárea en la Región de Murcia no solo no ha disminuido, sino que presenta una tendencia al alza desde 2013 y valores por encima de la media en España.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Los envases de comida y bebida dominan la contaminación plástica en las costas del mundo]]></title>
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      <pubDate>Thu, 21 May 2026 20:12:52 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Un análisis global de más de 5.300 estudios en 112 países concluye que los residuos vinculados a alimentos y bebidas son los desechos plásticos más frecuentes en playas y costas, por delante de las bolsas de plástico y las colillas, y reclama medidas específicas para reducir los productos de un solo uso]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Los envases de comida y bebida dominan la contaminación plástica en las costas de todo el mundo, según un estudio internacional publicado en la revista científica One Earth tras analizar más de 5.300 estudios de residuos marinos en 112 países. Sumario Basura global persistente Dominio del sector alimentario Medidas y tratados internacionales La investigación concluye que los plásticos vinculados al sector alimentario aparecen entre los tres residuos más abundantes en el 93% de las naciones estudiadas, por delante de las bolsas de plástico y las colillas. Los autores consideran que estos resultados evidencian la necesidad de impulsar medidas específicas dirigidas a reducir los productos de un solo uso. Basura global persistente Infografía basada en el estudio publicado en 'One Earth' sobre la contaminación plástica en costas y playas del mundo. El análisis reúne 5.342 muestreos en 112 países y concluye que los residuos vinculados a alimentos y bebidas son los más frecuentes en el 93 % de las naciones estudiadas / Imagen: EA El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Plymouth y desarrollado a partir de datos recopilados entre 1992 y 2024, identifica a los envases alimentarios, tapas, tapones y botellas de plástico como los residuos más habituales en playas y litorales del planeta. Las bolsas de plástico ocuparon el segundo lugar entre los residuos más frecuentes, presentes en el 39% de los países, mientras que las colillas aparecieron en el 38% Según el análisis, las bolsas de plástico ocuparon el segundo lugar entre los residuos más frecuentes, presentes en el 39% de los países, mientras que las colillas aparecieron en el 38%. La investigación se basa en una metodología de clasificación armonizada que permitió comparar estudios realizados con técnicas diferentes en distintos países y regiones. Para ello, el equipo agrupó los residuos según su uso y aplicó simulaciones de Monte Carlo para evaluar el nivel de confianza de los resultados obtenidos. Los autores subrayan que la contaminación por plásticos constituye un problema ambiental global asociado a impactos sobre los ecosistemas marinos, la fauna, la salud humana y las economías costeras. El estudio recuerda que cada año se producen alrededor de 460 millones de toneladas de plástico y que unos 20 millones de toneladas terminan en el medio ambiente. Además, advierten de que la acumulación de plásticos en los océanos podría alcanzar los 145 millones de toneladas en 2060, una tendencia que, según el trabajo, no puede frenarse únicamente mediante mejoras en la gestión de residuos. Dominio del sector alimentario El análisis revela que los residuos asociados al sector de la alimentación y las bebidas son los más frecuentes en prácticamente todas las regiones analizadas. Dentro de esta categoría destacan los envoltorios de comida, las tapas y tapones de plástico y las botellas. Estos resultados coinciden con los datos globales de producción y consumo de plásticos, ya que los envases alimentarios representan alrededor del 20 % de todos los plásticos fabricados y gran parte de ellos están diseñados para un único uso Los investigadores señalan que estos resultados coinciden con los datos globales de producción y consumo de plásticos, ya que los envases alimentarios representan alrededor del 20% de todos los plásticos fabricados y gran parte de ellos están diseñados para un único uso. Según el estudio, la producción masiva de plásticos de vida corta, junto con la densidad de población y la urbanización, explica la elevada presencia de estos residuos en las costas del planeta. El trabajo también detecta diferencias regionales. En Oceanía, por ejemplo, los residuos alimentarios representaron la mayor proporción de objetos registrados, mientras que en la Antártida no aparecieron entre los tres residuos más abundantes en ninguno de los estudios revisados. En las regiones polares sí destacó la presencia de residuos vinculados a la pesca y al transporte marítimo, así como de botellas de plástico, debido a la capacidad de estos materiales para desplazarse largas distancias mediante las corrientes oceánicas. Los autores indican que los residuos relacionados con la pesca y el transporte marítimo fueron especialmente frecuentes en el océano Ártico y en el océano Austral, mientras que las colillas tuvieron una presencia más elevada en Europa y en el Mediterráneo. Medidas y tratados internacionales La investigación sostiene que los resultados ofrecen una base científica para orientar políticas internacionales y nacionales destinadas a reducir la contaminación plástica. En particular, los autores consideran que los productos vinculados a alimentos y bebidas deberían incluirse entre los artículos "problemáticos y evitables" en el futuro tratado global sobre plásticos impulsado por Naciones Unidas. El estudio defiende la adopción de medidas "aguas arriba", centradas en la reducción de la producción de plásticos de un solo uso y en cambios en el diseño de productos y envases. Los investigadores destacan además que algunas medidas específicas ya han mostrado resultados positivos. Entre ellas citan los impuestos y prohibiciones sobre las bolsas de plástico implantados en distintos países, que han contribuido a reducir su presencia como residuo. Advierten de que sustituir determinados productos por materiales supuestamente biodegradables no siempre garantiza una reducción real del impacto ambiental Sin embargo, advierten de que sustituir determinados productos por materiales supuestamente biodegradables no siempre garantiza una reducción real del impacto ambiental. Según recuerdan, algunos materiales alternativos no se degradan fácilmente en el medio natural. El estudio también señala que ciertos residuos aparecen vinculados a problemáticas muy concretas. Por ejemplo, las chaquetas salvavidas figuraron entre los residuos más frecuentes en Grecia, mientras que los cartuchos de munición aparecieron entre los principales objetos hallados en Islandia. La investigación identifica igualmente importantes diferencias en la disponibilidad de datos entre países. Mientras que algunas naciones cuentan con numerosos estudios y niveles de confianza superiores al 90%, otras apenas disponen de información, especialmente en regiones menos pobladas. Para paliar estas carencias, los investigadores interpolaron datos de países vecinos en algunos casos y elaboraron una clasificación global que cubre el 86% de la población mundial. Los autores sostienen que la metodología desarrollada permite comparar estudios muy diferentes y proporciona una herramienta útil para orientar futuras políticas ambientales. No obstante, reconocen que el sistema empleado no permite medir con exactitud la cantidad total de residuos presentes, sino únicamente identificar cuáles son los tipos más frecuentes. Los resultados muestran de forma consistente que los residuos vinculados al consumo de alimentos y bebidas representan la principal fuente de contaminación plástica en las costas del mundo Aun así, concluyen que los resultados muestran de forma consistente que los residuos vinculados al consumo de alimentos y bebidas representan la principal fuente de contaminación plástica en las costas del mundo y que actuar sobre estos productos podría generar reducciones significativas de la basura marina. El estudio añade que las playas y costas funcionan como un "barómetro" fiable para identificar las principales fuentes de contaminación y ayudar a priorizar intervenciones tanto a escala nacional como internacional. Según los investigadores, centrar las medidas en los productos alimentarios, las bolsas de plástico, las colillas y los residuos de pesca y transporte marítimo permitiría reducir de forma sustancial la contaminación plástica global. Referencias (1) Food and beverage plastics dominate global shorelines: A harmonized rank-based assessment of usage types to guide interventions. One Earth. ]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Greenpeace califica de "broma de mal gusto" las alegaciones de Altri]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/greenpeace-califica-broma-mal-gusto-alegaciones-altri_16773_102.html</link>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 07:33:08 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Greenpeace rechaza las alegaciones de Altri contra el archivo del expediente de la fábrica proyectada en Palas de Rei y exige a la Xunta que deniegue las solicitudes pendientes, al considerar que el proyecto carece de financiación pública, recursos y licencia social]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Greenpeace ha calificado este martes, 19 de mayo, de "broma de mal gusto" las alegaciones presentadas por Altri contra el archivo del expediente relativo a la fábrica que proyectó para Palas de Rei, en Lugo, al considerar que la iniciativa no cuenta con las condiciones necesarias para seguir adelante y que mantiene abierto un conflicto social y ambiental en Galicia. Rechazo al proyecto La empresa "no tiene financiación pública, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene licencia social" y, en suma, "no tiene nada, salvo poca vergüenza" La organización ecologista sostiene que la empresa "no tiene financiación pública, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene licencia social" y, en suma, "no tiene nada, salvo poca vergüenza". Con estas palabras, Greenpeace ha expresado su rechazo a que la compañía mantenga su intención de instalar la fábrica en A Ulloa, un proyecto que el colectivo y la sociedad gallega define como una "macrocelulosa" de carácter "destructivo". "Ni es necesaria ni es bienvenida" Greenpeace considera "absolutamente indignante" que la empresa insista en instalarse en un territorio donde, según afirma, "ni es necesaria ni es bienvenida". También critica que expedientes administrativos abiertos desde hace "tres y cuatro años" no se hayan descartado ya de forma definitiva. El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, ha señalado que, si un proyecto industrial estratégico de 2022 "no ha ido adelante", es porque "no tenía nada de estratégico para Galicia". A su juicio, la situación no puede seguir prolongándose hasta que la empresa decida abandonar sus planes. "No se puede tener al pueblo gallego contra las cuerdas de esta manera hasta que la empresa tenga a bien abandonar. Simplemente hay que echarla", ha afirmado Santos, en una valoración en la que ha insistido en que la continuidad del proyecto resulta injustificable. Exigencias a la Xunta La organización ecologista exige a la Xunta de Galicia que proceda a denegar, como paso previo al archivo, las solicitudes de concesión de aguas y de autorización ambiental integrada vinculadas al proyecto. También reclama que se revoque su declaración como proyecto industrial estratégico. Greenpeace considera "injustificable" la insistencia de Altri en llevar adelante una iniciativa que, según denuncia, pretende "destruir el medio ambiente gallego" y actuar contra la "voluntad popular". La organización interpreta la presentación de alegaciones como una muestra de que la compañía mantiene una posición contraria al rechazo social expresado en Galicia. El colectivo subraya que la solicitud de concesión de captación de aguas data de 2023, que la solicitud de autorización ambiental integrada tiene más de dos años y que la declaración de impacto ambiental condicionada supera ya el año. Para Greenpeace, estos plazos refuerzan la necesidad de cerrar el expediente. Según la organización, no se sostiene "bajo ningún punto de vista" que la empresa continúe defendiendo un proyecto que acumula procedimientos administrativos prolongados y que, al mismo tiempo, ha generado una contestación social amplia. En su comunicado, Greenpeace vincula esa situación con un conflicto que describe como "sin precedentes". La entidad recuerda que decenas de miles de personas han participado en movilizaciones en Galicia bajo el lema "Altri Non". Además, destaca la existencia de un "gran consenso ecologista y académico" en contra de la fábrica proyectada en A Ulloa. Conflicto ambiental y social Greenpeace también alude a la resolución del TSXG que declaró nula, y por tanto ilegal, la desprotección ambiental por parte de la Xunta de Galicia de la zona que, según la organización, era "ambicionada" por Altri Greenpeace también alude a la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declaró nula, y por tanto ilegal, la desprotección ambiental por parte de la Xunta de Galicia de la zona que, según la organización, era "ambicionada" por Altri. A su entender, esa decisión judicial debería invalidar la declaración de impacto ambiental emitida. La organización sostiene que este elemento judicial refuerza sus argumentos contra la continuidad del expediente. Para Greenpeace, la declaración de nulidad de la desprotección ambiental afecta de forma directa a las bases sobre las que se ha planteado el proyecto industrial. El colectivo también cuestiona la viabilidad energética de la fábrica. En concreto, afirma que no ve "en absoluto creíble" que el proyecto pueda garantizar su funcionamiento mediante "autosuficiencia energética" por cogeneración. Greenpeace fundamenta esta crítica en la propia documentación de la empresa, que, según recuerda, reconoce que esa generación eléctrica "es inestable" debido a la naturaleza del proceso productivo. La organización cita que pueden producirse "consumos y vertidos a la red eléctrica", lo que, a su juicio, contradice la idea de autosuficiencia energética. La fábrica no dispone de los recursos, la aceptación social ni la solidez administrativa necesarias para mantenerse como iniciativa industrial estratégica La entidad ecologista interpreta estas circunstancias como una muestra más de la falta de garantías del proyecto. A su juicio, la fábrica no dispone de los recursos, la aceptación social ni la solidez administrativa necesarias para mantenerse como iniciativa industrial estratégica. En este contexto, Greenpeace insiste en que la Xunta debe actuar para cerrar el proceso. La organización reclama que se denieguen las solicitudes pendientes, que se archive el expediente y que se retire la declaración de proyecto industrial estratégico, al entender que la continuidad de la tramitación solo prolonga un conflicto social y ambiental ya muy visible en Galicia. La respuesta de Greenpeace se produce después de que Altri haya presentado alegaciones contra el archivo del expediente relativo a la fábrica de Palas de Rei. Para la organización ecologista, esa decisión empresarial confirma una insistencia que califica de "insostenible" y que sitúa nuevamente el foco en la oposición social, ambiental y académica al proyecto.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Los microplásticos en el aire podrían agravar el calentamiento global]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/microplasticos-en-el-aire-agravan-el-calentamiento-global_16763_102.html</link>
      <pubDate>Tue, 19 May 2026 10:56:20 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Los micro y nanoplásticos suspendidos en la atmósfera absorben más radiación solar de lo previsto y podrían aportar un efecto de calentamiento equivalente al 16,2 % del provocado por el hollín o carbón negro]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Los microplásticos y nanoplásticos presentes en la atmósfera podrían desempeñar un papel mucho más relevante en el calentamiento global de lo que se creía hasta ahora, según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change (1). Sumario Un nuevo agente climático Mayor absorción solar Impacto aún desconocido La investigación concluye que estas partículas suspendidas en el aire tienen capacidad para absorber radiación solar y generar un efecto de calentamiento comparable al 16,2 % del provocado por el carbón negro o hollín, uno de los contaminantes atmosféricos más vinculados al cambio climático. Un nuevo agente climático El trabajo, elaborado por investigadores de instituciones de China y Estados Unidos, analiza por primera vez de forma detallada la contribución directa de los micro y nanoplásticos atmosféricos al balance radiativo terrestre. Para ello, los científicos combinaron modelos de transferencia radiativa con experimentos de laboratorio y simulaciones atmosféricas. Los microplásticos coloreados registran coeficientes de absorción hasta 74,8 veces superiores a los de partículas plásticas no alteradas Los autores señalan que las partículas coloreadas presentan una elevada capacidad de absorción de luz. Según el estudio, los microplásticos coloreados registran coeficientes de absorción hasta 74,8 veces superiores a los de partículas plásticas no alteradas. La investigación indica además que el envejecimiento atmosférico modifica relativamente poco las propiedades ópticas de estas partículas. Los investigadores explican que el aumento de absorción derivado del amarilleamiento de algunos plásticos queda compensado por la pérdida de color en otros materiales rojizos. Los científicos destacan que la presencia de estos contaminantes en el aire ya es global. El modelo empleado en el estudio estima concentraciones superficiales medias de 4,18 partículas de microplásticos por metro cúbico y 3,67 nanogramos por metro cúbico de nanoplásticos en distintas regiones del planeta. Mayor absorción solar A partir de esos datos, el equipo calculó el llamado forzamiento radiativo directo, es decir, el impacto que estas partículas tienen sobre el equilibrio energético de la atmósfera. Los resultados arrojan un valor medio global de 0,039 ± 0,019 vatios por metro cuadrado, una cifra que los autores consideran significativa dentro de los mecanismos que impulsan el calentamiento climático. El principal punto crítico aparece sobre el giro subtropical del Pacífico Norte, donde el efecto radiativo alcanzaría aproximadamente 1,34 vatios por metro cuadrado, superando incluso en 4,7 veces el calentamiento atribuido localmente al carbón negro El estudio identifica además zonas donde el impacto podría ser especialmente elevado. El principal punto crítico aparece sobre el giro subtropical del Pacífico Norte, donde el efecto radiativo alcanzaría aproximadamente 1,34 vatios por metro cuadrado, superando incluso en 4,7 veces el calentamiento atribuido localmente al carbón negro. Los investigadores recuerdan que hasta ahora la mayor parte de estudios sobre contaminación plástica se habían centrado en los océanos, los suelos o los efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. Sin embargo, el papel de los plásticos suspendidos en la atmósfera había permanecido relativamente poco estudiado. El trabajo subraya que los micro y nanoplásticos proceden principalmente de la fragmentación de residuos plásticos de mayor tamaño y que pueden transportarse a largas distancias por el viento. Estudios previos ya habían detectado estas partículas en regiones remotas, zonas polares, montañas y océanos. La investigación también recuerda que los plásticos atmosféricos forman parte de las partículas finas en suspensión presentes en el aire urbano y que pueden interactuar con otros contaminantes atmosféricos. Impacto aún desconocido Los microplásticos atmosféricos representan un "agente de forzamiento climático" que hasta ahora no había sido reconocido adecuadamente en los modelos climáticos globales Los autores consideran que los resultados revelan que los microplásticos atmosféricos representan un "agente de forzamiento climático" que hasta ahora no había sido reconocido adecuadamente en los modelos climáticos globales. El estudio apunta además que todavía existen incertidumbres importantes sobre la distribución real de estas partículas, especialmente en el caso de los nanoplásticos, debido a las dificultades técnicas para medirlos en la atmósfera. Los investigadores señalan que futuras investigaciones deberán profundizar en la evolución química y física de estos materiales durante su transporte atmosférico. La publicación también recoge que algunos trabajos anteriores ya habían advertido del potencial impacto climático de los microplásticos en suspensión, aunque sin cuantificar con precisión su contribución global. La nueva investigación aporta ahora estimaciones concretas a partir de simulaciones atmosféricas y datos experimentales obtenidos en laboratorio. Los científicos insisten en que el problema de la contaminación plástica no solo afecta a los ecosistemas terrestres y marinos, sino también a la atmósfera y al sistema climático. En este sentido, consideran que la reducción de emisiones de residuos plásticos podría tener beneficios adicionales sobre el clima global. El estudio ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Fudan, la Universidad de Duke, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Purdue y otros centros científicos internacionales. Los autores destacan que las simulaciones utilizadas se apoyaron en modelos atmosféricos avanzados y recursos de computación de alto rendimiento. La investigación fue publicada el pasado 4 de mayo de 2026 en la revista científica Nature Climate Change. Referencias (1) Atmospheric warming contributions from airborne microplastics and nanoplastics. Nature Climate Change. ]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Miles de personas se movilizan en Sanlúcar contra vertidos mineros al Guadalquivir]]></title>
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      <pubDate>Mon, 11 May 2026 10:02:53 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Manifiestan en Sanlúcar de Barrameda contra los proyectos de reapertura de Mina Los Frailes y Cobre Las Cruces, que prevén nuevos vertidos al Guadalquivir con metales pesados y posibles impactos sobre el estuario, Doñana, la pesca y la agricultura]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Miles de personas se han dado cita este sábado 9 de mayo en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para rechazar los proyectos de reapertura de Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en Gerena, porque las entidades convocantes advierten de que ambas iniciativas traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario, para actividades económicas como la pesca y la agricultura y para el Parque Nacional de Doñana. Vertidos con metales pesados La movilización se ha desarrollado a pesar de la lluvia y bajo el lema No a los vertidos mineros al Guadalquivir. La marcha ha sido convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, que la c La protesta ha contado también con el apoyo de varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir, entre ellos Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río. Las organizaciones convocantes consideran que esta movilización supone un paso más en la respuesta social frente a unos proyectos que, según denuncian, implican nuevos vertidos mineros en un espacio ambiental y económico especialmente sensible. Las entidades advierten de que los vertidos previstos por Mina Los Frailes y Cobre Las Cruces tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos. Entre esas actividades señalan la pesca y la agricultura, sectores vinculados al Bajo Guadalquivir y al entorno de la desembocadura. Según el comunicado, Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85.000 millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería cuyo punto de vertido estaría frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Cobre Las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32.000 millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos, según las organizaciones, llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos elementos representan, de acuerdo con las entidades convocantes, una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de los productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y en el Golfo de Cádiz. Un estuario ya contaminado Las organizaciones sostienen que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009. Para respaldar esta denuncia, citan un estudio realizado por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que ha constatado impactos en el estuario del río. En ese estudio, según recoge el comunicado, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. También se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de gran consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río Las entidades convocantes advierten de que la suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esta situación, según señalan, comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, a los que atribuyen una importancia capital para la economía y el desarrollo local. Aunque las empresas y la Junta de Andalucía aducen, según el comunicado, que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que esos metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario. La explicación que ofrecen las entidades se centra en el alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana. Esa cantidad de material hace que los metales pesados se adhieran y decanten, mientras que la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir impide que esos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Las organizaciones señalan, por un lado, que la presa de Alcalá del Río se comporta como un "fondo de saco", frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación. Por otro, indican que en la desembocadura se produce lo que se conoce como "tapón salino", un fenómeno que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Moratoria y comité independiente Todo ello hace, según las entidades convocantes, que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, al pasar a la red trófica y repercutir en los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible. También alertan de que esta situación pone en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Las organizaciones añaden que las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz. Este impacto se suma, según su denuncia, a los efectos acumulados de los vertidos ya existentes y a los riesgos asociados a los nuevos proyectos de reapertura minera. Por todo ello, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria. También reclaman la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad los efectos de los vertidos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Las entidades piden además que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos. Según denuncian, la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin considerar el efecto sumatorio que tendría con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre Las Cruces. Las organizaciones convocantes denuncian asimismo la actitud de sordera institucional que, a su juicio, mantiene la Junta de Andalucía ante las reiteradas voces de alarma expresadas por diferentes organizaciones y entidades en relación con estos proyectos de vertido. También critican la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía. Según el comunicado, esa falta de transparencia se concreta en la ocultación de informes técnicos en los procesos judiciales abiertos en el TSJA, relativos a la deficiente evaluación de los efectos del vertido y a posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir. Las entidades sostienen que esta situación refuerza la necesidad de una moratoria y de una evaluación independiente antes de que avancen los proyectos.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Ecologistas en Acción denuncia ocultación de informes de vertidos de Aznalcóllar y la Junta lo niega]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/ecologistas-en-accion-denuncia-ocultacion-informes-vertidos-aznalcollar-junta-niega_16726_102.html</link>
      <pubDate>Mon, 11 May 2026 10:00:36 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[La organización ecologista pide al TSJA informes sobre los vertidos de Aznalcóllar y sostiene que el expediente está incompleto, mientras la Junta niega "mala fe" y defiende haber actuado conforme a la ley]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Ecologistas en Acción ha advertido de una supuesta "ocultación" de documentación relacionada con los vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que requiera nuevos informes técnicos a la Junta de Andalucía. La organización considera que el expediente administrativo de la autorización ambiental de la explotación minera está incompleto y sostiene que faltan documentos "imprescindibles" para formular su demanda. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que "no existe actuación de mala fe por parte de la Administración". Documentación reclamada Según consta en la petición remitida por Ecologistas en Acción al TSJA, la organización reclama el acceso a diversa documentación vinculada a un contrato de asistencia técnica encargado por la Junta de Andalucía a la empresa Sitra S.L.U.. En concreto, solicita el documento en el que se recojan los términos del contrato realizado por la Dirección General de Recursos Hídricos. Asimismo, la entidad ecologista pide el informe completo de evaluación elaborado por la citada empresa sobre los efectos del vertido en los objetivos ambientales de la masa de agua afectada. Según señala la organización, el expediente solo incluiría un resumen del estudio y no el documento íntegro. Ecologistas en Acción considera que ese informe debería incorporar una simulación de los efectos del vertido en el cauce, así como la distribución de metales contaminantes y posibles incumplimientos ambientales asociados a la actividad minera. La organización sostiene que dichos documentos son "determinantes" para analizar la legalidad de la autorización ambiental otorgada a la mina de Aznalcóllar y asegura que el expediente administrativo remitido al tribunal no está completo. En ese sentido, ha explicado que la falta de esos antecedentes impediría formular adecuadamente la demanda judicial. Por ello, mediante el escrito presentado ante el alto tribunal andaluz, ha solicitado "nuevamente" que el expediente sea completado con toda la documentación requerida. Respuesta de la Junta Frente a estas acusaciones, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha negado que exista cualquier intento de ocultación deliberada de informes técnicos. En un comunicado, el departamento autonómico ha explicado que el TSJA emitió el pasado 27 de abril una diligencia de ordenación en la que requería la documentación reclamada por Ecologistas en Acción. A raíz de ello, la Junta respondió solicitando al propio tribunal que aclarase de manera "precisa" qué información adicional debía remitirse. Según la Consejería, el requerimiento judicial no determinaba de forma suficientemente concreta el alcance exacto de la documentación solicitada, motivo por el que pidió una aclaración antes de proceder a nuevos envíos documentales. La Administración andaluza ha defendido además que ha remitido "en todo momento" el expediente administrativo "en los términos legalmente exigibles", por lo que rechaza las acusaciones realizadas por la organización ecologista. "La Administración actuará, como ha venido haciendo hasta ahora, en estricto cumplimiento de las resoluciones del TSJA", ha señalado la Consejería, que también ha asegurado que facilitará toda la documentación que sea requerida de forma "expresa y concreta" por el órgano judicial. Procedimiento judicial abierto El conflicto se enmarca en los procedimientos judiciales vinculados a la actividad minera de Aznalcóllar, una explotación históricamente marcada por el desastre ambiental ocurrido en 1998 tras la rotura de una balsa minera. En este caso, la controversia gira en torno a la Autorización Ambiental Unificada y a los posibles efectos de vertidos tóxicos sobre el entorno hídrico y el Guadalquivir. Ecologistas en Acción mantiene que determinados informes técnicos son esenciales para evaluar si la autorización cumple con la normativa ambiental vigente y para determinar el posible impacto sobre las masas de agua afectadas Ecologistas en Acción mantiene que determinados informes técnicos son esenciales para evaluar si la autorización cumple con la normativa ambiental vigente y para determinar el posible impacto sobre las masas de agua afectadas. La Junta, por su parte, insiste en que está colaborando con el procedimiento judicial y ha reiterado su "respeto absoluto" a las actuaciones del TSJA y su compromiso con la protección ambiental. La Consejería ha subrayado igualmente que continuará actuando conforme a las resoluciones judiciales que se dicten durante la tramitación del caso y ha negado cualquier actuación irregular por parte de la Administración autonómica. El procedimiento sigue abierto a la espera de que el TSJA determine si procede requerir nueva documentación relacionada con los informes técnicos reclamados por la organización ecologista.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[LIBERA celebra 10 años de '1m2 contra la basuraleza' con otra edición]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/proyecto-libera-lanza-otra-edicion-1m2-contra-basuraleza_16706_102.html</link>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 10:02:48 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
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      <description><![CDATA[El Proyecto LIBERA impulsa la décima edición de '1m2 contra la basuraleza' con dos convocatorias unificadas, abiertas a cualquier entorno natural, para recoger residuos antes y después del verano]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha lanzado la décima edición de '1m2 contra la basuraleza', una iniciativa que recogerá residuos en entornos naturales entre el 30 de mayo y el 7 de junio y entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana, reforzar la ciencia ciudadana y medir la evolución de la basuraleza antes y después de las vacaciones estivales. Dos campañas unificadas A diferencia de otros años, en los que se han organizado convocatorias específicas para ríos, mares, montes o bosques, esta edición integra todas las acciones en dos grandes campañas unificadas, abiertas a cualquier tipo de entorno natural. Con este cambio, los organizadores buscan simplificar la participación y ampliar el alcance de una iniciativa que cumple diez ediciones. Las campañas tendrán una duración de nueve días completos, más que en ediciones anteriores. Según el Proyecto LIBERA, esta ampliación permitirá una planificación más flexible y favorecerá el aumento del número de puntos de recogida que pueden ponerse en marcha en distintos espacios naturales. La primera campaña se desarrollará entre el 30 de mayo y el 7 de junio, antes del periodo estival, mientras que la segunda tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre, una vez finalizadas las vacaciones de verano. Esta organización permitirá comparar la situación de la basuraleza antes y después de una época de mayor uso de muchos entornos naturales. Ciencia ciudadana y datos El Proyecto LIBERA aspira también a fortalecer la toma de datos y la ciencia ciudadana mediante un mensaje "unificador más fuerte" y un calendario ampliado. Para ello, invita a que en cada punto de recogida se realicen caracterizaciones de residuos a través de la aplicación Basuraleza. Esta herramienta ha sido creada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con LIBERA. Su uso permite registrar la información obtenida durante las recogidas y contribuir a un conocimiento más preciso del tipo de residuos presentes en los espacios naturales. Los datos recopilados alimentarán el Barómetro de la Basuraleza, una base de datos nacional que permite seguir la evolución del problema y orientar mejor las acciones futuras. Con esta información, la iniciativa busca mejorar la prevención y avanzar en la lucha contra uno de los principales retos ambientales asociados al abandono de residuos. Llamamiento a participar Desde el Proyecto LIBERA han destacado que esta décima edición supone "un paso más" para facilitar la implicación de toda la sociedad. La campaña amplía su alcance y refuerza la ciencia ciudadana como herramienta clave para conocer mejor el problema de la basuraleza y prevenirlo de forma más eficaz. Por su parte, la responsable de comunicación del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha animado a sumarse a la campaña a "todas las personas que quieran cuidar su entorno más cercano, tomar acción y formar parte del cambio". Sánchez ha subrayado que la red de participación sigue creciendo, aunque ha señalado que todavía puede llegar "aún más lejos". En este sentido, ha remarcado que todas las personas pueden formar parte de LIBERA, transformando su preocupación por el medioambiente en una acción real. La responsable de comunicación ha insistido en la importancia de compartir los valores y el compromiso necesarios para acabar con la basuraleza, que ha definido como "uno de los retos ambientales más urgentes" del momento. Con estas dos campañas, el Proyecto LIBERA mantiene su apuesta por la movilización ciudadana, la recogida de residuos y la generación de datos útiles para conocer el impacto de la basuraleza en los entornos naturales. La nueva edición de '1m2 contra la basuraleza' se plantea así como una convocatoria más amplia, flexible y orientada a mejorar la información disponible sobre este problema ambiental. La integración de todas las acciones en dos periodos concretos pretende facilitar que más personas, entidades y colectivos puedan organizar o sumarse a puntos de recogida. Al mismo tiempo, el calendario permite concentrar esfuerzos en dos momentos clave del año y reforzar el carácter común de la campaña. De este modo, LIBERA busca que la ciudadanía no solo participe en la retirada de residuos, sino que también contribuya a la caracterización de los materiales encontrados. Esa información resulta esencial para alimentar el Barómetro de la Basuraleza y para orientar futuras actuaciones frente al abandono de residuos en la naturaleza.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Ecologistas exigen a Altri en Oporto que retire su proyecto de macrocelulosa en A Ulloa]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/ecologistas-protestan-en-oporto-contra-altri-por-su-planta-en-palas-rei_16700_102.html</link>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:48:57 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Activistas de Ecoloxistas en Acción y Greenpeace viajan a Portugal durante la junta de accionistas para exigir la retirada del proyecto de macrocelulosa en Lugo y reclaman a la Xunta que rechace permisos clave]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Miembros de Ecoloxistas en Acción y Greenpeace se han concentrado este 4 de mayo en Oporto (Portugal), coincidiendo con la asamblea general de la empresa Altri, para protestar contra el proyecto de construcción de una planta de celulosa en Palas de Rei (Lugo), una iniciativa que rechazan por su impacto ambiental y social en la comarca de A Ulloa. Protesta en Oporto La acción se desarrolla frente al lugar donde tiene lugar la junta general de accionistas de Altri SGPS, SA, hasta donde se han desplazado varios activistas desde Galicia con el objetivo de visibilizar el rechazo social al proyecto. Según explican en un comunicado, su intención es "exigir a la empresa que desista" de cualquier fórmula que permita levantar la planta. Durante la concentración, los ecologistas han desplegado una pancarta con el lema Por unha terra viva. Altri Non, una consigna que, según subrayan, se ha convertido en un símbolo del rechazo ciudadano en Galicia en el último año. La protesta busca trasladar directamente a los accionistas la dimensión del conflicto generado en el territorio afectado. Los participantes destacan que han decidido llevar su reivindicación fuera de España para que la dirección y los inversores de la compañía conozcan de primera mano la oposición que suscita el proyecto. Consideran que la asamblea de accionistas es un escenario clave para influir en la toma de decisiones empresariales. Rechazo al proyecto gallego En su comunicado, Ecoloxistas en Acción insiste en que la empresa debe anunciar oficialmente la retirada del proyecto de macrocelulosa en A Ulloa, una infraestructura que ha generado una fuerte contestación social y política. Los activistas sostienen que la iniciativa supone una amenaza para el entorno natural y el equilibrio territorial de la zona. Además, recuerdan que la oposición al proyecto no es puntual, sino que se ha consolidado en el tiempo. Según indican, la expresión "Altri Non" ha sido una de las más repetidas en Galicia durante el último año, reflejando un rechazo amplio y sostenido por parte de la ciudadanía. El portavoz de Ecoloxistas en Acción Galiza, Cristóbal López, cuestiona el impacto que la protesta pueda tener entre los accionistas. "No sabemos qué es lo que pensaron las personas accionistas de Altri al ver a millares de personas gritando contra su empresa en el país vecino", afirma, poniendo el foco en la dimensión internacional del conflicto. López también señala que desconocen si la dirección de la empresa ha trasladado a sus inversores la magnitud de la oposición social, lo que, a su juicio, debería influir en la valoración del proyecto desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Exigencias a la Xunta Más allá de la presión sobre la empresa, los ecologistas dirigen también sus demandas a la Xunta de Galicia, a la que piden que rechace las solicitudes administrativas vinculadas al proyecto. En concreto, reclaman que se desestimen tanto la concesión de aguas como la autorización ambiental integrada, dos trámites considerados clave para la viabilidad de la planta. Según Ecoloxistas en Acción, la negativa a estos permisos sería un paso previo al archivo definitivo del expediente, lo que supondría el abandono institucional del proyecto. En este sentido, insisten en que las administraciones públicas deben responder al rechazo social existente. El colectivo considera que la continuidad del proyecto implica una forma de "acosar a todo un pueblo", en palabras de su portavoz, quien subraya que la empresa debe reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en términos de prestigio y aceptación social. "Creemos que llegó la hora de que desistan oficialmente de continuar", concluye López. Los ecologistas mantienen así su estrategia de movilización y presión institucional, trasladando sus reivindicaciones tanto al ámbito político como al empresarial. La protesta en Oporto se enmarca en una serie de acciones destinadas a frenar el desarrollo de la planta de Altri en Galicia y a reforzar la visibilidad del conflicto más allá del territorio afectado.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Bruselas lleva a España al TJUE por incumplir el tratamiento de aguas residuales urbanas]]></title>
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      <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:55:29 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[La Comisión Europea considera insuficientes los avances y denuncia fallos en recogida, depuración y control en decenas de aglomeraciones, tras años de advertencias y requerimientos formales al Gobierno español]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[La Comisión Europea ha decidido este miércoles 29 de abril llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir con las obligaciones de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, al considerar que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes para proteger la salud humana y el medio ambiente. Incumplimientos detectados El Ejecutivo comunitario sostiene que España no ha garantizado adecuadamente la recogida, el tratamiento y el control de las aguas residuales en múltiples zonas, pese a que esta normativa europea está en vigor desde 1991 y obliga a los Estados miembro a aplicar medidas específicas en las aglomeraciones urbanas. En concreto, 15 aglomeraciones carecen de sistemas colectores, lo que impide una correcta recogida de las aguas residuales, mientras que 39 no disponen de tratamiento secundario o no cumplen los requisitos mínimos exigidos para los vertidos. Además, en otras 52 aglomeraciones, España no asegura que las instalaciones estén sometidas a controles adecuados para verificar el cumplimiento de la normativa, lo que, según Bruselas, compromete la eficacia del sistema en su conjunto. Una directiva clave La Directiva europea sobre aguas residuales urbanas, aprobada en 1991, tiene como objetivo principal proteger la calidad del agua y la salud pública, obligando a tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su vertido. Esta norma establece que todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes deben contar con sistemas de recogida y tratamiento, ya que el vertido sin depurar puede poner en riesgo a las personas y provocar la contaminación de ríos, lagos, aguas costeras y subterráneas. La Comisión subraya que el incumplimiento de estas obligaciones supone un riesgo directo para el entorno natural y los ecosistemas acuáticos, además de afectar a la calidad del agua disponible. Años de advertencias El procedimiento contra España se enmarca en un expediente sancionador iniciado hace años, en el que Bruselas ha ido advirtiendo progresivamente del incumplimiento. En octubre de 2017, la Comisión envió una carta de emplazamiento, primer paso formal del proceso, y posteriormente, en noviembre de 2019, emitió un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento. Más recientemente, en abril de 2022, el Ejecutivo comunitario avisó de que llevaría a España ante el TJUE si no se resolvía la situación, instando al país a redoblar esfuerzos para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales. En ese aviso, Bruselas también apuntó a la necesidad de incrementar la inversión en infraestructuras, tanto para la construcción de nuevos sistemas como para la mejora de los existentes, con el fin de cumplir plenamente con la normativa europea. La decisión de acudir ahora al TJUE refleja, según la Comisión, que las medidas adoptadas por España hasta la fecha no han sido suficientes para corregir las deficiencias detectadas.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Los retrasos en la restricción de sustancias tóxicas en la UE generan toneladas de contaminación]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/denuncian-retrasos-ue-en-restringir-sustancias-toxicas_16658_102.html</link>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:50:18 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[La iniciativa advierte de que las demoras de la Comisión Europea en aplicar la Hoja de Ruta de Restricciones permiten que contaminantes químicos sigan presentes en productos de uso cotidiano, alimentos, agua potable y materiales en contacto con ellos]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Hogar sin Tóxicos denuncia que los retrasos "injustificados" de la Comisión Europea en la restricción de sustancias tóxicas están generando más de 100.000 toneladas de contaminación química grave en la Unión Europea, según un informe publicado este viernes por European Environmental Bureau (EEB) y ClientEarth. Retrasos en Bruselas La organización alerta de que casi dos terceras partes de los expedientes relacionados con la restricción de sustancias tóxicas están prácticamente paralizados, pese a que la Comisión Europea había anunciado el 25 de abril de 2022 la llamada Hoja de Ruta de Restricciones. Ese plan fue presentado como una vía para acelerar el proceso de regulación de estos contaminantes, considerado por Hogar sin Tóxicos como "desesperantemente lento". Sin embargo, la entidad denuncia que Bruselas está incumpliendo sus objetivos iniciales. Según el informe de EEB y ClientEarth, los retrasos en 6 de 22 expedientes de restricción de sustancias o grupos de sustancias tóxicas generan 100.000 toneladas de contaminación. Sustancias en productos cotidianos Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, afirma que la Hoja de Ruta se anunció como "el mayor plan de restricción de sustancias tóxicas de la historia", pero sostiene que las demoras están permitiendo que compuestos que deberían haber sido eliminados sigan presentes en el entorno cotidiano. De Prada advierte de que estas sustancias pueden continuar en agua potable, alimentos, materiales en contacto con ellos, plásticos, textiles, pañales, juguetes y muebles, entre otros productos. "La Comisión Europea está dejando morir la Hoja de Ruta de Restricciones", señala el responsable de Hogar sin Tóxicos, que colabora con EEB en la difusión de esta problemática desde España. La organización sostiene que el objetivo principal del plan, acelerar la restricción de sustancias tóxicas, no se está cumpliendo y que la población continúa expuesta de forma inadvertida. Preocupación por los PFAS El informe denuncia que, en muchos casos, la Comisión no ha iniciado el proceso de restricción de sustancias tóxicas y, en otros, no lo ha finalizado dentro del plazo legal fijado. Según Hogar sin Tóxicos, Bruselas está obligada legalmente a tramitar en tres meses los expedientes de restricción una vez llegan a la Comisión, pero habría tardado dos años de media y, en el peor de los casos, casi cuatro años. La entidad advierte de que estas demoras no estarían debidamente justificadas, pese a que la legislación exige explicar las razones de los retrasos. El informe sitúa este bloqueo en el contexto de los actuales planes de desregulación impulsados por la Comisión Europea, que, según Hogar sin Tóxicos, se estarían desarrollando de forma coordinada con algunos intereses industriales concretos. La organización considera que esta orientación puede debilitar de forma amplia la normativa sobre sustancias tóxicas y marginar la voz de la comunidad científica y de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Hogar sin Tóxicos expresa "gran preocupación" por lo que pueda ocurrir con grupos de sustancias que generan importantes problemas de contaminación, como los PFAS. Carlos de Prada reclama a la Comisión Europea que deje de infringir la legislación comunitaria y subraya que la defensa de la salud y el medio ambiente no debe sacrificarse en beneficio de intereses económicos particulares.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Greenpeace documenta filtraciones persistentes contaminantes en Aznalcóllar 28 años después del desastre]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/filtraciones-contaminantes-en-aznalcollar-28-anos-despues_16657_102.html</link>
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:27:21 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[La organización ecologista denuncia que los lodos contaminantes siguen llegando al Guadiamar y al Guadalquivir y advierte de que la reapertura minera podría multiplicar el impacto ambiental con vertidos masivos durante décadas]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Greenpeace ha presentado nuevas imágenes el 24 de abril en Sevilla que evidencian cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar, que contiene los lodos tóxicos del vertido de hace 28 años, se está filtrando y contaminando el río Agrio, el Guadiamar y el Guadalquivir, lo que ha llevado a la organización a denunciar la persistencia del impacto ambiental y a reclamar la paralización de nuevos proyectos mineros en la zona. Filtraciones persistentes contaminantes Según ha señalado Greenpeace, el agua acumulada en la corta presenta un característico color azul turquesa asociado al drenaje ácido, lo que indica la presencia de altas concentraciones de metales pesados. Estas filtraciones, según la organización, están alcanzando los cauces fluviales cercanos, lo que demuestra que el problema ambiental derivado del desastre de 1998 sigue activo. La situación, además, se ha visto agravada tras el reciente tren de borrascas en Andalucía, que ha incrementado el volumen de agua y favorecido la movilización de contaminantes. La organización subraya que, aunque la mina no está actualmente en explotación, la responsabilidad sobre los pasivos mineros recae en la empresa adjudicataria, el Grupo México. El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha advertido de que el vertido actual es solo una fracción del riesgo potencial. En sus palabras, se trata de una cantidad "ínfima" en comparación con lo que podría producirse si se aprueban los proyectos de reapertura minera, lo que podría convertir el Guadalquivir en una "alcantarilla minera". Reapertura minera y vertidos En este contexto, Greenpeace ha criticado que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a la reapertura de la mina de Aznalcóllar por parte de Grupo México y su filial Los Frailes, un proyecto que, según la organización, implicaría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados. Estos vertidos se realizarían a través de una tubería de 30 kilómetros hasta el estuario del Guadalquivir durante un periodo superior a 18 años, lo que supondría una presión continuada sobre el ecosistema. Parte de estas aguas procederían, además, del vaciado de las cortas donde se almacenan los lodos tóxicos del desastre minero. Ante lo que califican como un "atropello ambiental", Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada para exigir la anulación de la autorización del proyecto, que consideran "nula de pleno derecho". A esta situación se suma la actividad de la mina de Cobre Las Cruces, que tras operar desde 2009 a cielo abierto y generar contaminación ecotóxica, plantea ahora una explotación subterránea. Este nuevo proyecto contempla el vertido de 32.760 millones de litros de agua contaminada durante 14 años, lo que Greenpeace considera una "temeridad inaceptable". Impacto en salud y ecosistemas Greenpeace ha advertido de que la suma de ambos proyectos podría dejar "tocado de muerte" al río Guadalquivir, al no tener en cuenta sus efectos sinérgicos sobre los ecosistemas. Ambos vertidos afectarían a hábitats protegidos de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana. La organización ha recordado que el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a recuperar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030, mientras que en España solo el 9% de los hábitats se encuentra en buen estado, lo que refuerza la necesidad de aplicar el principio de no deterioro. Diversos estudios científicos de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han detectado la presencia de plomo por encima de los límites de la UE en especies como los albures, así como arsénico en niveles límite en galeras, lo que evidencia la transferencia de contaminantes a la cadena alimentaria. Estas investigaciones alertan de que, si se ejecutan los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados podría multiplicarse por diez, afectando a especies clave para la economía local como la acedía, el cangrejo rojo o los langostinos. Además, el impacto podría extenderse al sector agrario. El cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir –el mayor de España, con más de 36.000 hectáreas– podría verse comprometido por el uso de agua con altos niveles de arsénico, un elemento que el arroz bioacumula con facilidad. Greenpeace ha advertido también de que el río Guadalquivir actúa como un depósito de contaminantes, debido a su dinámica hidrológica. La presa de Alcalá del Río funciona como un "fondo de saco" que impide la dispersión de los metales pesados hacia el mar, mientras que el llamado "tapón salino" en la desembocadura dificulta aún más su salida al Atlántico. Como consecuencia, los contaminantes se acumulan en los sedimentos del estuario y se incorporan a la red trófica, pudiendo ser liberados nuevamente durante episodios de lluvias intensas o desembalses, alcanzando incluso el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Greenpeace exige la paralización inmediata de las autorizaciones de vertido Ante esta situación, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones de vertido y la imposición de una moratoria a nuevas prospecciones mineras. Asimismo, ha reclamado la creación de un grupo técnico independiente que evalúe el impacto acumulativo de ambos proyectos. La organización ha recordado que estos riesgos se asientan sobre el desastre de Aználcollar de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa vertió 7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, afectando a 80 kilómetros de río, contaminando 4.600 hectáreas de cultivo y provocando la muerte de 30 toneladas de fauna. Las consecuencias incluyeron el cierre de caladeros, la contaminación de acuíferos, la pérdida de empleo para unas 5.000 personas y daños económicos estimados en 11 millones de euros. Greenpeace ha insistido en que este precedente demuestra la magnitud del riesgo actual. "Debemos aprender de los errores del pasado", ha concluido Luis Berraquero, quien ha llamado a la movilización social para evitar nuevos vertidos y proteger el estado ecológico del río Guadalquivir.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[Vera quiere urbanizar junto a la fosa radiactiva de Palomares con viviendas a 50 metros]]></title>
      <link>https://www.ecoavant.com/contaminacion/vera-quiere-urbanizar-junto-fosa-radiactiva-palomares-con-viviendas-50-metros_16654_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:24:13 +0200</pubDate>
      <category><![CDATA[Contaminación]]></category>
      <category><![CDATA[Noticias]]></category>
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      <description><![CDATA[Salvemos Mojácar y la Coordinadora Ecologista DUNA denuncian que el proyecto del sector RC6 de Vera incluye como zona verde una franja con residuos radiactivos y prevé viviendas a apenas 50 metros de la zona más contaminada de Europa tras Chernóbil]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Los colectivos Salvemos Mojácar y la Coordinadora Ecologista Almeriense DUNA han denunciado que el municipio de Vera (Almería) pretende urbanizar terrenos directamente adyacentes a la zona más contaminada por radioactividad de Palomares. Sumario Una fosa radiactiva bajo zona verde El litoral de Palomares, también amenazado Acciones legales contra el negacionismo El proyecto del sector RC6, promovido por la empresa DISAN WORLDWIDE S.L. y actualmente en tramitación de su Autorización Ambiental Unificada Simplificada, incluye como zona verde una franja donde se ubica una fosa de 3.000 metros cúbicos de residuos radiactivos construida por Estados Unidos en 1966, y prevé viviendas a apenas 50 metros de la zona con mayor contaminación radioactiva de Europa tras Chernóbil. Una fosa radiactiva bajo zona verde La franja que el plan califica como zona verde coincide con la ubicación exacta de una fosa de 3.000 metros cúbicos de residuos radiactivos construida por Estados Unidos en 1966 El proyecto de urbanización del sector RC6 de Vera ha encendido las alarmas ecologistas por una razón de extrema gravedad: la franja que el plan califica como zona verde coincide, según las organizaciones denunciantes, con la ubicación exacta de una fosa de 3.000 metros cúbicos de residuos radiactivos construida por Estados Unidos en 1966 tras el accidente nuclear de Palomares. Ese depósito permanece actualmente vallado y sin descontaminar. Salvemos Mojácar y DUNA han anunciado que presentarán alegaciones durante la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada del proyecto, promovido por la empresa DISAN WORLDWIDE S.L. Las organizaciones señalan que el sector linda estrictamente con el perímetro contaminado y que se prevén viviendas a apenas 50 metros de los puntos con mayor concentración de plutonio –lo que han descrito como "viviendas con vistas al plutonio"–. Vista detallada del Sector RC6 superpuesto a la Zona 2 de Palomares: las viviendas proyectadas quedan dentro del perímetro con puntos de radioactividad alta según mediciones del Ciemat / Imagen: Salvemos Mojácar La vaguedad histórica en la delimitación del perímetro contaminado hace inadmisible que no se marque una distancia de seguridad mucho mayor entre la edificación y las zonas afectadas Los colectivos consideran que incluir suelo contaminado en la delimitación de zona verde no es un error técnico, sino una maniobra deliberada para maximizar el aprovechamiento urbanístico a costa de ocultar el riesgo radiológico. Advierten de que la vaguedad histórica en la delimitación exacta del perímetro contaminado hace inadmisible que no se establezca una distancia de seguridad mucho mayor entre la edificación prevista y las zonas afectadas. El litoral de Palomares, también amenazado En la playa de Palomares-Quitapellejos existe un proyecto paralelo que contempla la construcción de 1.600 viviendas en los últimos tres kilómetros sin urbanizar del litoral almeriense El sector RC6 no es el único foco de alarma en el entorno de Palomares. Los colectivos han recordado que en la playa de Palomares-Quitapellejos existe un proyecto paralelo que contempla la construcción de 1.600 viviendas en los últimos tres kilómetros sin urbanizar del litoral almeriense, una franja que linda igualmente con terrenos afectados por la contaminación radiactiva del accidente de 1966. Salvemos Mojácar y DUNA han señalado que el Ayuntamiento de Vera, el de Cuevas del Almanzora y la Junta de Andalucía siguen una línea que califican de negacionista, alineada con la postura del gobierno central: promover o tolerar desarrollos urbanísticos en el entorno de Palomares sin exigir previamente la descontaminación efectiva del terreno. Esta actitud, denuncian, condena al pueblo a permanecer atado a las consecuencias del accidente nuclear durante décadas más. Urbanizar directamente sobre suelos afectados podría levantar en la atmósfera una contaminación que lleva décadas enterrada, dispersándola a nuevos lugares y exponiendo a la población a riesgos radiológicos inéditos Las organizaciones han subrayado que la situación se agrava porque no se trata únicamente de construir cerca de zonas contaminadas, sino de urbanizar directamente sobre suelos afectados. Esta acción podría levantar en la atmósfera una contaminación que lleva décadas enterrada, dispersándola a nuevos lugares y exponiendo a la población residente y futura a riesgos radiológicos inéditos. Acciones legales contra el negacionismo El escrito del abogado del Estado dado a conocer hace una semana no reconoce la contaminación radiactiva de los terrenos de Palomares, una postura que los colectivos han calificado de negacionismo inadmisible El detonante más reciente de la denuncia ha sido el escrito del abogado del Estado dado a conocer hace una semana, en el que –según los colectivos– no se reconoce la contaminación radiactiva de los terrenos de Palomares. Salvemos Mojácar y DUNA han calificado esta postura de "negacionismo inadmisible" y han advertido de que perpetúa la indefensión de los vecinos mientras se alienta el urbanismo desenfrenado en el entorno de una de las zonas más contaminadas radiológicamente de Europa. Ante este escenario, los dos colectivos han anunciado el inicio de batallas legales para frenar los proyectos en curso. Su estrategia pasará por las alegaciones al expediente ambiental del sector RC6 y, previsiblemente, por acciones judiciales si la tramitación continúa sin que se aborde la descontaminación. Las organizaciones acusan a empresas y administraciones –locales, autonómicas y estatales– de connivencia en lo que describen como un afán de lucro que antepone el beneficio económico a la seguridad radiológica de la población. Las organizaciones reclaman que antes de aprobar cualquier desarrollo urbanístico se proceda a la descontaminación completa y verificada de los terrenos afectados por el accidente nuclear de Palomares Salvemos Mojácar y DUNA reclaman que antes de aprobar cualquier desarrollo urbanístico en el entorno de Palomares se proceda a la descontaminación completa y verificada de los terrenos afectados. Denuncian que el gobierno central ha optado por "seguir enterrando el problema" –en sentido literal y figurado– al no acometer la extracción de los suelos radiactivos, y alertan de que esta política de omisión tiene consecuencias directas sobre el presente y el futuro de Palomares y de toda la comarca del Levante almeriense.]]></content:encoded>
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