Las eternas polémicas de la caza y los toros han vuelto a los titulares tras las recientes declaraciones de dos miembros del Gobierno en las que han expresado sus puntos de vista contrarios a estas actividades recreativas, la primera de ellas considerada deportiva en algunos países, entre ellos España.

Si hace un par de semanas era la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que decía en una radio “no ser muy partidaria” de ninguna de las dos, no entender “cómo hay personas que disfrutan viendo sufrir o morir a animales” y admitir que le gustaría prohibirlas, esta misma semana se le sumaba el titular de Fomento, José Luis Ábalos, hijo de un novillero, quien se mostraba en un mitin contrario a una "visión casposa de España donde todos tenemos que ser toreros y cazadores"

PP y Vox defienden el caracter identitario de las dos aficiones y su peso económico

De inmediato, los poderosos grupos de presión de cazadores y taurinos montaron en cólera, y los partidos que los apoyan —principalmente PP, Ciudadanos y Vox— trataron de sacar rédito político a estas declaraciones exigiendo comparecencias y explicaciones al Gobierno. Estas llegaron anteayer en el Senado, por parte de la misma Teresa Ribera, que dijo haber expresado, como había dejado claro cuando las hizo, opiniones absolutamente “personales” sobre dos temas que por otra parte escapan a las competencias de su departamento, y ayer en el Congreso por el ministro de Cultura, responsable del ámbito taurino, José Guirao, quien afirmó que “no está en las previsiones” del Ejecutivo adoptar ninguna medida contra toros ni caza.

Sin embargo, en una postura calculadamente equidistante, el ministro defendió que tan “respetables” son las posiciones contrarias a ambas como las favorables. Y, en una alusión al declive que las dos actividades están sufriendo de forma natural, por la creciente pérdida de interés hacia las mismas de las nuevas generaciones, alegó “las tradiciones no se prohíben por decreto, pero tampoco se imponen por decreto”, acusando al PP de tratar de imponer a la mayoría los gustos de una minoría de los españoles (solo el 8% de los ciudadanos han acudido a una plaza).

División socialista 

No obstante, no son pocos los dirigentes y votantes socialistas, entre ellos diversos presidentes autonómicos y federaciones como la andaluza, la castellano-manchega o la extremeña, que simpatizan y defienden a rajatabla tauromaquia y caza.

"Sorprendido por unas declaraciones en las que te muestras favorable a la prohibición de la caza (…) quiero expresarte, como presidente de Castilla-La Mancha, mi preocupación por la importancia no solo económica, sino medioambiental, que esta actividad tiene para el sostenimiento del ecosistema en prácticamente en toda la región, lo que incluye el mantenimiento de las poblaciones animales autóctonas, la cubierta vegetal y, también, el medio rural", escribió en una carta a Ribera su compañero de filas Emiliano García-Page.

Su comunidad es la que registra una mayor actividad cinegética de todo el país. Allí, perseguir animales a tiros “genera 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional (un 2% del total) y ocho millones de recaudación mediante tasas e impuestos. Permite la ordenación y protección del 88% de la superficie de nuestra región, cuenta con 106.000 licencias y tiene una especial incidencia en el turismo rural, gastronómico y artesanal", recuerda su presidente.

Solamente Podemos se atreve a pedir un referéndum sobre el futuro de las corridas

Entre los partidos parlamentarios (huelga hablar de los animalistas, pero no han logrado escaños en el legislativo), solamente Podemos ha abogado de forma inequívoca por la prohibición de las corridas de toros, que estaba en su programa de las recientes elecciones andaluzas, en las que la formación morada aliada con Izquierda Unida sufrió un retroceso pero conservó 17 diputados con 584.000 sufragios. Pablo Iglesias reclamó hace unos meses someter la tauromaquia a un referéndum, consciente de que la misma "no se puede prohibir por decreto". Respecto a la caza, la postura de la formación es que “somos firmes contra el maltrato animal, pero no estamos en contra de la caza. La apoyamos de una forma sostenible, aunque no es la única vía para gestionar el medio ambiente”, resumía el año pasado el diputado el diputado autonómico aragonés Nacho Escartín.

En el extremo contrario se sitúa Vox, defensor a ultranza de toreros y cazadores, que considera ambas actividades consustanciales con la identidad española, hizo bandera de ellas en su campaña y en las mismas elecciones andaluzas salió de la marginalidad logrando casi 396.000 votos y sus primeros 12 diputados en una cámara autonómica.

Por su parte, el PP, que en su anterior etapa de Gobierno declaró la tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial, llevó al Tribunal Constitucional su prohibición en Cataluña logrando que la anulara y creó incluso una formación profesional específica, le disputa este sector del electorado incidiendo, como hace con la caza, a la que quiso abrir incluso los parques nacionales, en su impacto económico.

"El PSOE quiere prohibir los toros, a donde van libremente 6 millones de españoles. Un sector que da trabajo a 199.000 personas, con 57.000 empleos directos, una recaudación de 3.560 millones. Nuestro compromiso con la tauromaquia, parte esencial de nuestro patrimonio histórico y cultural", afirma Pablo Casado.

La posición de Ciudadanos es claramente ambigua. El partido, que antes de dar el salto a la política española fue un enconado defensor de los toros cuando se decidió prohibirlos en Cataluña (hay fotos de Albert Rivera saliendo a hombros de la Monumental de Barcelona junto al matador Serafín Martín en la última jornada en que esta plaza acogió una corrida en 2010), dio un giro insospechado cuando el dirigente afirmó en 2015 que “no me gustan los toros” aunque se oponía a que se prohibieran “por decreto”.

El partido naranja se muestra ahora tibio en sus apoyos o pronunciamientos respecto a unas actividades que dan votos igual que los quitan y ha evitado votar a favor de medidas como la reapertura de la escuela de toreo de Madrid, aunque critica las posturas prohibicionistas de la izquierda en defensa de la “libertad personal”.

El único posicionamiento claro tras las palabras de la ministra Ribera provino del portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, que consideró "inaceptables" las declaraciones de la ministra y mantuvo que su partido "siempre" ha defendido toros y caza porque generan empleo y fijan población rural.