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Medio ambiente
20 de octubre de 2018
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Jueves, 11 de octubre de 2018
Joaquim M. Pujals
Mario Rodríguez: "Este es el primer Gobierno que se declara ecologista"
El director ejecutivo de Greenpeace en España cree que el compromiso de la nueva ministra de Medio Ambiente es sincero y se felicita de la derogación del 'impuesto al Sol', pero considera que la nueva administración debe acreditar su apuesta por una transición ecológica aprobando pronto una Ley de cambio climático y medidas concretas que permitan que los ciudadanos visualicen de qué forma les benefician las políticas ambientales. "Su discurso es muy potente, pero tendrá que demostrarlo con medidas", recuerda al presidente del Gobierno.
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Astrofísico de formación, Mario Rodríguez (Madrid, 1965) ha estado desde niño implicado en la defensa del medio ambiente. Tras dos años trabajando en una empresa de ingeniería de sistemas, ingresó en Greenpeace en 1992 y se integró en una campaña internacional para la eliminación del cloro en la producción de la industria papelera. En 1993 fue encargado de poner en marcha la campaña de Bosques, dedicada a la protección de la Amazonia y a la lucha contra los incendios forestales, al frente de la cual estuvo casi diez años. En 2001 fue nombrado director de campañas y desempeñó este cargo hasta 2010. En 2011 puso fin a su primera etapa en Greenpeace para asumir la dirección de programas de la Fundación Equo, un foro de debate sobre economía verde. En febrero de 2012 Greenpeace España le nombró director ejecutivo de la organización.

Tras los primeros tres meses del nuevo Gobierno, ¿cree que estamos ante un cambio en profundidad de las políticas medioambientales de la Administración?

De momento estamos ante un claro cambio de discurso pero con pocas actuaciones, aunque ya empezamos a ver algunos cambios, como la derogación del 'impuesto al Sol' y el fomento del autoconsumo eléctrico, una decisión que celebramos, o las primeras medidas para paliar la pobreza energética, aprobados en el último Consejo de Ministros. 

También están la paralización (que no cierre) del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, una modificación de la posición en Europa en lo que respecta a las energías renovables o la aprobación del corredor de cetáceos del Mediterráneo (aunque ya estaba más o menos perfilado por el anterior Gobierno). Sería ideal que, como se ha anunciado, se presentara a mediados de mes el borrador de la Ley de cambio climático. Es el gran tema, la clave de la transición a una economía más sostenible. La ministra anunció que presentaría el borrador a mediados de octubre. Como se han presentado ya ante el Congreso otros dos proyectos de ley, uno del PP y otro de Unidos Podemos, es de prever que el proceso parlamentario sea bastante largo. Pero estamos seguros del compromiso de Ribera, que es la persona más preparada para afrontar este tema.

¿Nos hallamos ante un compromiso serio por una transición ecológica o ante promesas que se hacen sabiendo que tal vez no haya tiempo material de cumplirlas?

Yo creo que hay un compromiso sincero. La agenda ambiental del Gobierno está ahí. Tengo claro que la ministra Teresa Ribera quiere aprobar la Ley de cambio climático, como ha hecho ya con el 'impuesto al Sol', aunque nosotros pensamos que, en las actuales circunstancias, son mejores medidas concretas que grandes proyectos de reformas legislativas. La gran cuestión es como se podrán combinar todas estas declaraciones de intenciones con la posiblemente corta duración de la legislatura.

¿Podría la reacción social echar para atrás algunas de las propuestas?

Pienso que las renovables, por ejemplo, disfrutan de bastante apoyo social. Se ha demostrado que permiten abaratar el recibo de la luz, que si no baja más es porque la mayoría de sus apartados no están relacionados con el consumo directo, como la potencia contratada, por ejemplo. Son energías flexibles, que permiten adaptar la generación al consumo, a diferencia del carbón. Lo que ha estado entorpeciendo una rebaja de la factura de la luz son el no apoyo a las renovables y el 'impuesto al Sol'.

¿Cuál sería la medida más urgente que tendría que aprobar el Gobierno en materia ambiental?

A corto plazo, la medida más importante era precisamente derogar el 'impuesto al Sol' y las limitaciones al autoconsumo eléctrico. Y también el paquete de medidas sobre la pobreza energética, A largo plazo, sin duda es la Ley de Cambio Climático, que debe sentar las bases de una verdadera transición energética y ecológica. También es importante la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, que ya habían aconsejado el grupo de expertos del anterior Gobierno. Se trata de medidas concretas fácilmente aplicables que pueden hacer que el ciudadano perciba que los cambios le favorecen.

¿Es Teresa Ribera la primera ministra del ramo realmente comprometida con el medio ambiente?

Es la ministra más comprometida que hemos tenido con posterioridad a Cristina Narbona. Ribera tiene bajo su paraguas la política energética, algo que Greenpeace siempre había reclamado. Antes, los dos ámbitos pertenecían a ministerios distintos y los conflictos de la ministra Tejerina con sus colegas Soria o Nadal eran constantes. Y al final siempre se llevaba el gato al agua el de Industria y Energía.

El presidente Sánchez dice que su Gobierno es ecologista. Yo llevo 26 años en Greenpeace y jamás había oído decir eso a un presidente del Gobierno. Pero tendrá que ser consecuente con sus palabras. Su discurso es muy potente, pero tendrá que confirmarlo con medidas como las que abaratan la factura de la luz o mitigan la pobreza energética, que permiten que el ciudadano perciba que todo esto contribuye a su bienestar. Hay dos horizontes muy importantes que afrontar en 2030 y 2050, y mucho trabajo por hacer.

Ya hay un precedente, el de las bombas de Arabia Saudí, que demuestra cómo la dura realidad se impone al final a los ideales...

Con el impuesto al diésel también podría pasar. Nos gustaría que la equiparación con la gasolina fuera inmediata, pero el Gobierno habla de progresividad, y seguramente recibirá muchas presiones del sector. Pero, ¿de qué transición energética estaríamos hablando si algo tan simple como esto no resultara viable?

No se podrá avanzar si, a las primeras de cambio, cuando hay puestos de trabajo en peligro, se echan atrás, como sucedió con la desautorización de la ministra de Defensa en el caso de las bombas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los ecologistas no pretendemos en absoluto dejar en la estacada a los sectores más desfavorecidos. El impuesto al diésel afectará a las clases más humildes, pero la contaminación también afectará más a los más débiles, que igualmente son los más perjudicados por los precios de la electricidad, por lo que la reforma de los bonos sociales es un elemento muy positivo. Y si el Gobierno llega a 2020, tendría que abordar la Ley del mercado eléctrico.

¿Qué otros problemas habría que afrontar prioritariamente?

Se tendría que hacer frente a la burbuja inmobiliaria, que se está recalentando otra vez, y todo un símbolo en este ámbito sería demoler de una vez por todas el hotel El Algarrobico en el Parque Natural del Cabo de Gata, algo que exige una sentencia en firme del Tribunal Supremo. Han pasado ya cinco ministros de Medio Ambiente y el hotel sigue allí. Sería deseable derogar las modificaciones a la Ley de Costas que aprobó el PP, pero eso lo vemos más difícil. Y otro gran asunto sería la prohibición de las prospecciones petrolíferas y del 'fracking', lo que dispondría de bastante consenso político y social, sobre todo en comunidades autónomas que han legislado contra el mismo, como el País Vasco, Cataluña o La Rioja.

¿Cree que el PSOE cumplirá su promesa de cerrar las centrales nucleares?

El programa electoral del PSOE era muy claro sobre los 40 años de vida improrrogables de las nucleares. Cuando Greenpeace demostró que era posible el cierre de las mismas y el fin del uso del carbón para 2025, Teresa Ribera, que entonces estaba al frente de un think tank del partido, asumió que era factible. Y no sería coherente que ahora como ministra no lo hiciera. Hay que tomar medidas ya: la próxima primavera hay que tramitar la prórroga de Almaraz, y después la de Vandellós... Es imposible una transición ecológica sin fechas concretas de cierre de las nucleares y el carbón, y sin que eso suponga consumir más gas.

Pero para hacerlo posible es preciso un buen plan de reconversión de las cuencas mineras, que han estado recibiendo cuantiosas ayudas al carbón que se embolsaban las empresas sin beneficiar a los trabajadores. De aquí a final año hay que poner muchas cartas encima de la mesa: hay que presentar el llamado 'paquete de invierno', en aplicación de la Directiva europea de apoyo a las energías renovables, en el que los estados miembros deben hacer público el mix energético que plantean para el futuro.

Fuera del ámbito estrictamente ambiental, la supresión de la 'ley mordaza' es un punto muy sensible para su organización...

La Ley de seguridad ciudadana es muy importante para nosotros, nos afecta especialmente por nuestra manera de presentar nuestras reivindicaciones, y se ha anunciado su reforma, pero de momento no hay nada... La moción de censura al Gobierno de Rajoy se presentó en clave democrática, como una apuesta por la regeneración y la transparencia, aunque la mayoría que da apoyo al Gobierno es muy heterogénea, y cada grupo ve el tema bajo un prisma distinto. Pero para nosotros es tan importante como la Ley de cambio climático.

¿Ha incumplido hasta ahora el nuevo Gobierno alguno de sus compromisos ambientales?

El PSOE se oponía a la filosofía de los tratados comerciales de la UE con terceros países y ahora, con los que se han firmado con Japón o Canadá, ha incumplido la mitad del Decálogo de buenos principios comerciales que aprobó su ejecutiva en mayo. Estos tratados van en contra del cumplimiento de los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y cuando se negocian, en la UE siempre se reducen los estándares ambientales y sociales, nunca se incrementan.

Hasta ahora hemos hablado de los poderes públicos pero, ¿qué pasa con los ciudadanos españoles?, ¿está creciendo su sensibilidad ambiental? Indicadores como los niveles de recogida selectiva, de uso del transporte privado o los datos de consumo no parecen apuntar en esa línea...

La ciudadanía está más informada que nunca y es consciente de los problemas ambientales, pero le falta dar un paso más. La gente entiende y asume ya medidas como la restricción del tráfico en las grandes ciudades cuando hay episodios de contaminación, pero todavía no se ha producido todavía un cambio real en los patrones de conducta o de consumo, terreno en el que estamos volviendo a niveles anteriores a la crisis.

Impera la cultura del usar y tirar, y hay que combatirla. El gobierno podría prohibir las bolsas de plástico, algo que ha hecho ya hasta Marruecos. Uno de los problemas es que se ha puesto el reciclar al principio de una cadena en la que debería estar justo al final, después de reducir y reutilizar. Hay que premiar las conductas que vayan en esta dirección en lugar de gravar las contrarias. Y una ley contra la obsolescencia programada sería fundamental. No puede ser que a los cuatro años de comprar un móvil dejes de tener actualizaciones, o que no puedas cambiarle la batería.

¿Cuántos socios tiene ahora Greenpeace en España? ¿Su número va en aumento o decrece?

Actualmente estamos en 121.000 socios, después de varios años subiendo. En 2012, por la crisis, bajamos algo, pero desde 2013 volvemos subir. Y en todo el mundo somos más de tres millones.

¿Qué lugar ocupa España dentro de Europa en lo que se refiere a sus actuaciones medioambientales?

Estaríamos de la mitad para abajo. En los últimos años hemos sufrido un desmantelamiento total del armazón de la protección ambiental. Se han venido transponiendo las directivas europeas tarde y a regañadientes.

¿Qué nota merecería?

Un aprobado raspado.

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