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Medio ambiente
18 de octubre de 2018
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Jueves, 07 de junio de 2018
Ramón Costa
Las promesas de Pedro Sánchez en materia de medio ambiente
El nuevo Ejecutivo trabaja en una 'transición ecológica de la economía' que acabe con la dependencia de los combustibles fósiles y permita cumplir con los Acuerdos de París
Pedro Sánchez en un acto de campaña electoral / Foto: EP - Archivo Pedro Sánchez en un acto de campaña electoral / Foto: EP - Archivo

No le resultará difícil al Gobierno de Pedro Sánchez mejorar el balance de medidas beneficiosas para el medio ambiente de su predecesor: casi no cabe reseñar ninguna tras los siete años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. De manera significativa que demuestra un cambio por lo menos de actitud, en el programa de estabilidad que presentó durante la moción de censura, el candidato socialista ya incluyó el medio ambiente como uno de los cuatro ejes sobre los que se articulará su acción de Gobierno.

A corto plazo, si el nuevo inquilino de La Moncloa cumple con sus promesas, y si su debilidad parlamentaria se lo permite, el nuevo gabinete afirma querer revertir numerosas iniciativas legislativas del Partido Popular altamente perjudiciales para el futuro del clima y el futuro del planeta en su conjunto, aunque bien lucrativas para determinados sectores económicos, especialmente para los oligopolios energéticos, como el denominado impuesto al sol o las subvenciones a las centrales eléctricas de carbón y gas.

El Gobierno y sus aliados quieren derogar el 'impuesto al sol' y apoyar las renovables

Para borrar de un plumazo algunas de ellas cuenta con el apoyo de la mayor parte del Congreso de los Diputados, como mínimo del de los grupos que dieron apoyo a su moción de censura la semana pasada pero incluso, en algún caso muy específico, también del de Ciudadanos, lo que le concedería un cómodo colchón en la cámara baja para sacar adelante dichas propuestas, aunque siempre habrá que superar el escollo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.

En la primera de estas situaciones se encuentra la derogación del llamado impuesto al sol del Ejecutivo del PP, que penaliza fiscalmente las instalaciones fotovoltaicas particulares. En febrero del año pasado, PSOE, Unidos Podemos y todos sus aliados de las mareas, ERC, el PNV y el Grupo Mixto suscribieron una Proposición de ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico. La misma fue vetada por el Gobierno, pero el Tribunal Constitucional falló en favor del Congreso de los Diputados en el conflicto de competencias alegado por el Ejecutivo y el mes pasado, contando con este aval jurídico, PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y EH Bildu volvieron a presentarla ante la cámara.

También de manera unitaria por parte de todas estas formaciones se presentó este año una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado en la que se reclamaban la "retribución garantizada” de las energías renovables y una mayor dotación de fondos para los Planes de movilidad eléctrica.

Cierre de las nucleares

Además del voto de todos estos grupos, el Gobierno podrá contar, si es que la formación de Albert Rivera no cambia de idea, con el de Ciudadanos para avanzar asimismo en la reforma del Consejo de seguridad nuclear (CSN), un organismo con un perfil claramente político en lugar de técnico al que se quiere dotar de mayor independencia y transparencia.

Para su intención de proceder a la clausura paulatina de las centrales nucleares, Sánchez dispondrá también de un amplia base parlamentaria, aunque PSOE y Unidos Podemos discrepan en los plazos: mientras los socialistas apuestan por esperar a que las plantas vayan agotando la vida útil de 40 años para la que fueron diseñadas, el grupo de la izquierda alternativa desea avanzar el cierre a la fecha en que expirarán sus licencias de explotación, en 2024.

El nuevo jefe del Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de promover una transformación energética que haga posible la descarbonización de la economía. Lo había hecho en enero al presentar su propuesta de “acuerdos de país” y lo hizo de nuevo en el debate de la moción de censura, durante el que afirmó que durante su mandato “sentaremos las bases para la necesaria transición ecológica de nuestra economía, el fortalecimiento de los organismos reguladores y la defensa de la competencia, en beneficio del consumidor y usuario, y la Ley de transición energética y cambio climático que incentive la inversión en renovables”.

Pedro Duque y Carmen Montón son activos militantes contra las pseudoterapias

En setiembre pasado empezó a reunirse su Consejo asesor para la transición ecológica de la economía bajo la presidencia de Teresa Ribera, la ya confirmada ministra de Medio ambiente, una cartera específica recuperada que había sido suprimida por Rajoy y que, según diversas fuentes del nuevo Ejecutivo, podría adoptar el nombre de Ministerio de transición energética y medio ambiente, o de Transición ecológica, vinculando de forma inequívoca ambas esferas y reuniendo ámbitos competenciales dispersados por el PP entre diversos departamentos ministeriales.

A diferencia de los titulares de esta materia durante la etapa Rajoy (Miguel Arias Cañete está vinculado con el sector petrolífero y Isabel García Tejerina, con la industria de los agroquímicos), se trata de una persona experta y seriamente comprometida en la lucha contra el calentamiento global, activa participante en las negociaciones que permitieron que el histórico Acuerdo de París viera la luz. En la actualidad dirigía el Instituto de desarrollo sostenible y relaciones internacionales (IDDRI, en sus siglas en francés), con sede en la capital gala. 

Ribera, una de cuyas prioridades será sacar adelante una Ley de cambio climático, una legislación de la que ya disponen los principales países de la UE y que fue prometida por Rajoy en 2015 aunque hasta ahora no había mostrado de la misma ni un borrador, fue secretaria de Estado de Cambio Climático en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2011. Antes había dirigido, de 2004 a 2008, la Oficina Española de Cambio Climático, un organismo ninguneado y desprovisto de fondos durante la etapa del PP.

La Ley de cambio climático es una herramienta fundamental para cumplir con los compromisos de París, en vigor desde 2016, que en caso europeo pasan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030, de los que España, uno de los países de la UE con el peor balance en este terreno, no deja de alejarse año tras año.

En otro ejemplo del cambio de talante del nuevo Ejecutivo en lo que respecta al medio ambiente y el razonamiento científico, el ex astronauta Pedro Duque se hará cargo del Ministerio de ciencia. Además de saber de qué se habla dada su dilatada experiencia como investigador, se trata de un activo militante en contra de las pseudociencias y las pseudoterapias. También la ministra de Sanidad, Carmen Montón, se significó en su lucha contra la homeopatía durante su etapa como consejera valenciana del ramo. 

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