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Medio ambiente
18 de octubre de 2018
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Jueves, 31 de mayo de 2018
Joaquim M. Pujals
Azahara Peralta: "Hace falta una ley que proteja a quien denuncia la corrupción"
Su valiente negativa a aceptar el presunto fraude al erario público de cerca de 40 millones de euros que pretendían cometer la sociedad estatal Acuamed y el contratista FCC le costó el puesto como jefa de obra en los trabajos de retirada de más de un millón de toneladas de lodos contaminados del embalse del Ebro en Flix (Tarragona). Aunque no se arrepiente de lo que hizo, entiende que muchas personas no se atrevan a destapar los delitos que descubren porque "se paga un precio muy alto, económicamente, profesionalmente, psicológicamente, incluso personalmente". "En este país, el corrupto todavía es presunto inocente, y el denunciante, presunto culpable", lamenta.
Azahara Peralta
Azahara Peralta
Ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales, Azahara Peralta (Madrid, 1978) inició su carrera profesional en ambos campos en 2004 en el sector privado. En 2008 entró a trabajar en el sector público, llegando a gestionar una inversión aproximada de 194 millones de euros como directora de obra en más de una veintena de contratos de obra pública hidráulica, edificación y medio ambiente. En 2013 se hizo cargo de los trabajos de descontaminación del Ebro en el embalse de Flix (Tarragona), donde se acumulaban más de un millón de toneladas de lodos tóxicos vertidos durante décadas por la empresa Ercros. Tras negarse a participar en un acuerdo fraudulento entre la sociedad estatal Acuamed y el contratista FCC, fue despedida en 2015 (la justicia obligó a la empresa a readmitirla a finales del año pasado). Su denuncia ante la fiscalía puso al descubierto un presunto caso de corrupción de decenas de millones de euros. Hace un año entró a formar parte de la Plataforma x la Honestidad, buscando impulsar una Ley de protección al denunciante y dar apoyo a los mismos.
¿Cuándo y cómo detectó las irregularidades que denunció en los trabajos de descontaminación que Acuamed llevaba a cabo en el embalse de Flix?

Yo entré a trabajar como directora de la obra en octubre de 2013, con la fase de dragado del lecho del embalse ya iniciada: se llevaban siete meses de extracción de sedimentos contaminados. Y en setiembre de 2014 empecé a recibir presiones de mis superiores de Acuamed –una sociedad anónima que funciona con fondos públicos– para que llegara a un acuerdo con el contratista, uno de los más importantes de este país, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que nos reclamaba alrededor de 40 millones de euros de más. Es habitual que un contratista reclame, pero no que el tema sea tan desmesurado y que la administración lo permita.

¿Cómo se ejercían esas presiones?

Primero fueron comentarios muy sutiles, me preguntaban cómo es que no había llegado a un acuerdo... Pero llega un momento en que la presión empieza a ser insoportable. FCC reclamaba aquella cantidad incluyendo conceptos bastantes particulares, como futuribles, trabajos que ni tan siquiera se habían empezado a hacer. A mí me resultaba bastante chirriante pagar algo sin haberlo terminado. De hecho, todavía no se ha finalizado, y a mí me despidieron hace tres años. Y no les pagaron porque antes entró la Guardia Civil. El juez instructor de la Audiencia Nacional decidió las intervenciones, metió a ciertas personas en la cárcel y frenó el pago, que ya estaba aprobado por Acuamed.

¿Cuándo se convirtieron las presiones en insoportables?

Las presiones eran constantes. Una vez por semana me pedían que me sentara con el contratista, pero lo más curioso es que mis jefes jamás me preguntaron por qué no aceptaba aquello, y eso que les presenté diversos informes. Me decían que no íbamos a llegar a un arbitraje. Con el tiempo te vas dando cuenta de que hay cosas que no suceden porque sí, y en enero de 2015 Acuamed decide que van a hacer una auditoría de la obra. ¡Me fiscalizaban a mí y no al contratista! Y en la auditoría encontraron presuntas cosas irregulares que luego se demostró que no eran incorrectas. Solamente se trataba de buscar una justificación para poder despedirme.

¿Fue objeto en algún momento de amenazas directas?

Como decía, al principio todo era muy sutil, pero en el momento de presentar mis alegaciones al despido me dieron a entender cómo debía hacerlo o las consecuencias que tendría para mi. El día que tenía que mandar el pliego de descargo al expediente disciplinario estuve dos horas delante del ordenador pensando que mi respuesta iba suponer mi despido directo. Yo en la obra negociaba más con los contratistas defendiendo el dinero público que si me estuviera comprando algo para mi. De los 40 millones solamente pude llegar a reconocer apenas tres millones. Y, dos semanas antes de mi despido, me enteré de que hubo reuniones con FCC de las que no se me informó, incluso en el mismo ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid.

Me despidieron el 31 de julio de 2015, y a mí equipo un mes después. Y pusieron al frente de la obra a una persona de Acuamed que decidió dar por terminada la obra en octubre, supongo que para ahorrarle costes al contratista. Al parecer, se les echaba encima el plazo para cobrar unos fondos europeos y anunciaron el fin de los trabajos aunque quedaban miles de toneladas de residuos tóxicos por recoger. Por la prensa he sabido que volver a poner en funcionamiento todo lo que de desmanteló entonces costará al menos otros 50 millones adicionales.

Por lo menos, ¿las tareas de descontaminación desarrolladas hasta ese momento se habían llevado a cabo correctamente?

Sí. En mi opinión, hasta el momento de mi despido la obra se estaba realizando con un control exhaustivo.

¿Qué causas alegaron para despedirla?

Fui objeto de un despido disciplinario alegando irregularidades en la obra. La auditoría afirmaba que no había controlado nada... cuando yo vivía muy cerca, en Amposta, y estaba en la obra de ocho de la mañana a siete de la tarde, con el teléfono en la mano todo el día. Yo reclamo la nulidad de mi despido porque no he hecho nada malo: ¡estaba defendiendo los intereses de la administración y me acusan de ausencia de todo control!.

Y su sustituto se plegó de inmediato a las exigencias de ambas empresas...

La persona que me sustituyó era perfectamente consciente de todo y aprobó el pago de los 40 millones una semana después de su nombramiento, sin ni tan siquiera sentarse antes conmigo, sin interesarse de los antecedentes de una obra que llevaba en marcha seis años largos... Los directivos de Acuamed se fueron quitando de en medio todas las piezas que les molestaban para poder continuar con sus presuntas irregularidades, como Francisco Valiente, director de ingeniería, el primero las denunció, o Gracia Ballesteros, gerente territorial y también denunciante.

No hay muchas personas que se atrevan a denunciar casos de corrupción...

Y como no cambien las leyes, cada día habrá menos. Los denunciantes estamos totalmente desprotegidos. A mí me acosaban antes y lo hacen ahora.

¿Animaría a la gente a denunciar?

Hay que fomentar que la gente denuncie, eso ahorraría mucho dinero a las arcas del Estado, además de evitar perjuicios en los terrenos de la salud o el medio ambiente, pero ahora mismo le diría que no. Es que no hay ningún tipo de protección, y si lo haces te destrozan la vida... El riesgo es excesivo... ¡pagas un precio tan alto!... económicamente, profesionalmente, psicológicamente... incluso en el terreno personal... Si yo hubiese firmado todo aquello que me pedían, ahora la que estaría en la cárcel sería yo... Lo que más me preocupa es el funcionamiento del poder judicial. Y que la gravedad del problema no acabe de calar en la sociedad. En nuestro país, el corrupto todavía es presunto inocente y el denunciante, presunto culpable.

Su experiencia en Acuamed, ¿le está dificultando encontrar otros trabajos?

Sí, por supuesto. La lectura de todo esto que hace cualquier empresa es que no soy una persona que acate las normas.

¿Qué debería hacerse para proteger a los denunciantes e incentivar que se destapen nuevos casos de corrupción?

No tenemos una Ley de protección del denunciante y esto no puede continuar así... Si no la tenemos no seremos un país avanzado, y menos con los niveles tan altos de corrupción que sufrimos... Es lo que reclamamos desde la Plataforma por la Honestidad, que hemos creado para apoyar a quienes quieren denunciar. Es necesario un organismo al que puedan acudir, porque lo primero que te preguntas en estos casos es ¿a dónde vas?, dado que no confías en explicar lo que pasa en los canales internos de la misma empresa. Ahora mismo, que yo conozca, el único lugar efectivo al que pueden ir es la fiscalía, pero todos sabemos que hay fiscales de cuerda, aunque en mi caso me funcionó... Ese organismo tiene que estar muy blindado, y en él tendría que estar representada la sociedad civil. Si no, me daría mucho miedo.

¿Qué otras garantías tendría que incorporar la ley?

Que se pueda presentar una denuncia anónima. Eso al principio me generaba dudas, porque una denuncia anónima no puede proteger a quien la presenta, pero finalmente he llegado a la conclusión de que deberían admitirse, ya que mucha gente tiene miedo. Que no se pueda perder el puesto de trabajo es fundamental. También reclamamos que se sufraguen los gastos de abogados, de psicólogos, que son muy importantes, y de técnicos. Es increíble la cantidad de dinero que hay que pagar para tener una defensa justa, lo que es aún más difícil cuando uno ha perdido su puesto de trabajo... mientras, ¡ellos tienen los mejores abogados, pagados por todos nosotros!

¿Ha habido alguna iniciativa parlamentaria al respecto?

Ciudadanos fue el único partido que me llamó y se interesó por mi caso, pero ahora siento una cierta decepción. Presentaron una proposición de ley, que debería hallarse en el trámite de enmiendas, algunas de las cuales eran nuestras, pero en estos momentos no tenemos ni idea de en qué fase se encuentra. En el texto, que incorporaba un organismo para recibir las denuncias, no se contemplaban las anónimas, y sólo cubría el sector público, a funcionarios y personal laboral de la administración, lo que nos parece un grave error, dado que despedir a un funcionario es mucho más complicado.

¿Existe alguna ley en el mundo que pueda servir de modelo?

La Unión Europea acaba de aprobar una. Hay diferentes leyes en distintos países, en algunos de la Europa del Este parece que se han puesto las pilas, pero todas tienen algún vacío legal, ninguna reúne todos los requisitos.

¿Quién forma la Plataforma por la Honestidad y qué acciones lleva a cabo?

Somos unas 8 o 10 personas trabajando activamente, miembros de la sociedad civil, denunciantes y todos ellos personas sin ningún cargo. Se fundó por el caso de la ex concejal Ana Garrido, que denunció la trama Gürtel. Reclamamos que la ley proteja al denunciante, les prestamos todo el apoyo posible e intentamos recaudar fondos para ayudarlos. Hay mucha gente en esta situación que no sabe qué hacer. En la plataforma recibimos unas diez denuncias o llamadas de gente que nos hace alguna consulta al mes, la mayoría de personas que trabajan en la administración, que sufren el mismo tipo de presiones que sufrí yo. Siempre usan el mismo método.

Si pudiera volver cuatro años atrás, ¿volvería a hacer lo mismo?

Sí, lo volvería a hacer, aunque como he dicho ahora mismo no sé si animaría a otros. Pero creo que todo esto me ha hecho mejor persona, y yo quiero poder mirarme al espejo cada mañana.

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