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Medio ambiente
18 de octubre de 2018
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Jueves, 19 de abril de 2018
Pau Ruiz
El declive de la caza
Los cazadores reivindican el impacto económico de su actividad pero obvian los efectos negativos para el medio ambiente y el entorno rural de una actividad en franco descenso
Un cazador apunta una presa junto a su perro / Foto: EP - Archivo Un cazador apunta una presa junto a su perro / Foto: EP - Archivo

Decenas de miles de cazadores salieron el domingo a las calles de numerosas ciudades españolas reivindicando la existencia y continuidad de esta actividad y en protesta por las duras críticas que reciben desde los sectores ecologistas y animalistas, en actos convocados por la Real Federación Española de Caza y las distintas federaciones autonómicas bajo el lema Sí a la caza, nuestra forma de vida.

Los manifestantes clamaron contra la “criminalización” de que se sienten objeto y reclamaron una reforma de Código Penal que castigue los delitos de odio de que consideran ser víctimas en las redes sociales por parte de los detractores de su afición, además de insistir en sus conocidos argumentos a favor del impacto económico de la actividad cinegética en las zonas rurales y su supuesta contribución a la preservación de la naturaleza.

La protesta más multitudinaria tuvo lugar en Mérida, la capital extremeña, donde a los miles de cazadores presentes –5.000 según los convocantes, en una región donde hay 86.000 licencias de caza– se sumaron representantes políticos del PP, el PSOE y Ciudadanos, pero hubo actos de protesta más o menos concurridos en alrededor de unas cuarenta ciudades de todo el país, entre ellas Madrid, Valladolid, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Murcia, Toledo o Palma de Mallorca.

Pese al imparable declive de esta práctica, aún hay 850.000 licencias federativas

En la plaza de España de Mérida, el presidente de la federación extremeña, José María Gallardo, reclamó que "cese la escalada de insultos, amenazas y agresiones que la caza viene sufriendo desde hace bastantes años". En algunas ciudades se organizaron contramanifestaciones de grupos ecologistas o defensores de los derechos de los animales sin que se registraran incidentes más allá de los intercambios de insultos y reproches entre personas de ambos bandos.

La caza es una actividad de gran tradición en España como lo es en la mayor parte del mundo, aunque su origen basado en las necesidades de subsistencia las perdió hace mucho para convertirse en una actividad totalmente lúdica que llegó a alcanzar enormes proporciones: a finales de los años 1980 llegó a haber cerca de millón y medio de cazadores federados. España era el segundo país de Europa con mayor número de licencias, tras Francia, y la de caza era, y sigue siendo, la tercera federación “deportiva” con mayor número de practicantes registrados, después de las de fútbol y el baloncesto. Andalucía es la comunidad con más aficionados, 89.871, el 27% de todas las licencias del país.

Pero desde finales de la pasada década, el número de licencias ha iniciado un declive claro y sostenido. Actualmente son alrededor de 850.000 –los que habría que sumar un número imposible de determinar, pero no bajo, de cazadores furtivos– y entre las causas puede estar sin duda la crisis económica, pero más claramente los factores son el envejecimiento de los cazadores –entre los que ya predominan los mayores de 55 años– y el desinterés de los jóvenes por tomarles el relevo.

43 millones de hectáreas

Aun así, y según los datos de la Oficina Nacional de Caza, el sector generó 5.000 millones de euros en 2016 (3.600 millones según un estudio presentado el año pasado por el Círculo Fortuny, una entidad que defiende los productos de lujo) y unos 54.000 puestos de trabajo directos alrededor de los 33.000 cotos que hay en el país, que suman 43 millones de hectáreas (lo que supone cerca del 80% de la superficie del país). Entre los empleos, más de 600 están relacionados con la taxidermia y preparación de los siniestros “trofeos” que muchos cazadores gustan de contemplar en sus casas.

Pero existe otra cara de la moneda. Por ejemplo, la peligrosidad social de esta actividad, cuya práctica provoca muertes y heridos todos los años entre los mismos cazadores y otras personas que tratan de disfrutar de los entornos naturales donde estos disparan sus armas. Según datos recopilados por el blog Como puños, “en España en los últimos 15 años (entre el 2000 y 2016) más de 5.000 personas han sido víctimas de las armas de fuego largas (y largas recortadas), de las cuales cerca de 1.500 resultaron muertas y más de 3.500, heridas de distinta consideración. La inmensa mayor parte de las armas largas en manos de particulares lo están en las de los cazadores. Solamente en Cantabria y en un trágico 2007, los accidentes de caza dejaron 20 muertos y 860 heridos. 

Cada año mueren por disparos varias decenas de cazadores y cientos quedan heridos

El mismo presidente honorífico de la Federación de Caza, José Luis Garrido, admitía en un artículo que a principios de la década pasada morían una media de 44 cazadores anuales por los disparos propios o de sus compañeros. Los datos recopilados por la aseguradora Mutuasport sitúan la cifra en una media de 28 muertos al año en el periodo 2003-2012 solamente por disparos, que se elevan a 54 anuales si se consideran las muertes durante la caza por otras causas (infartos, caídas, ataques de perros...).

Además, está el impacto ambiental: diferentes estudios, incluidos los del propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cifran entre los 25 y los 30 millones de ejemplares anuales de las especies consideradas cinegéticas los animales víctimas de los tiros y otras formas de captura de los cazadores. “En esta cifra no se considera la pérdida de biodiversidad derivada de los efectos indirectos de la caza por molestias, caza furtiva e ilegal, sueltas, introducción de especies exóticas, o por los daños que se inducen en los hábitats por vallados, caminos, tiraderos, caseríos, aeropuertos, embalses y otras infraestructuras”, critica la organización Ecologistas en Acción (EA).

EA publicó hace algunos años el documento Siete verdades sobre el impacto de la caza en España, en el que se rebaten las principales argumentaciones de los cazadores en favor de su afición, que a juicio de los mismos contribuye a la protección de los ecosistemas y al control de especies que de otra forma proliferarían de forma excesiva.

“La caza en España, lejos de ser un medio de subsistencia, se ha convertido desde hace muchísimo tiempo en una simple actividad de ocio y comercial basada en proporcionar a una minoría de la población la posibilidad de divertirse matando animales silvestres”, proclama desde el principio el documento ecologista, que señala que es falso que la misma contribuya a regular la sobrepoblación de algunas especies: “Precisamente es la intensificación de la gestión cinegética la que propicia en buena medida mediante sueltas, la alimentación suplementaria o la instalación de vallados cinegéticos una sobrepoblación excesiva de una parte de esas especies con sus consecuentes efectos secundarios”.

Por lo que respecta a las víctimas de accidentes de caza, EA denuncia que no se trata solamente de cazadores: “Un recolector de setas murió en Casavieja (Ávila) en 2014, un recolector de castañas falleció en Tedejo (León) en 2012, un ciclista resultó herido en Berrocalejo de Aragona en 2012, y cada año crecen las denuncias por corte ilegal de caminos con cables o barreras que han provocado accidentes a ciclistas y personas a caballo”. Finalmente, sobre el impacto económico para las zonas rurales, el estudio destaca que actividades en auge como el senderismo, el cicloturismo, la equitación, recogida de setas, apicultura, ecoturismo, fotografía, educación ambiental y otras se ven afectadas por la caza, que pese a estar en franco declive sigue ocupando el 80% del territorio y limita las posibilidades de expansión de aquellas, además de poner en peligro a sus practicantes.

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