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Medio ambiente
13 de diciembre de 2017
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Lunes, 20 de noviembre de 2017
Ramón Costa
Bonn reabre la brecha entre ricos y pobres
La COP 23 no logra consensuar las reglas de evaluación de las emisiones y la financiación de las medidas para adaptarse al cambio climático
Manifestación en Bonn durante la cumbre climática / Foto: Spielvogel Manifestación en Bonn durante la cumbre climática / Foto: Spielvogel

Cuando se trata de suscribir grandes principios con los que todo el mundo –salvo Donald Trump– parece estar de acuerdo, como sucedió en París en 2015, todo resulta más fácil. Pero cuando se desciende a un terreno más técnico y hay que hablar de cómo se evaluarán las emisiones o de quién va a pagar las necesarias ayudas e indemnizaciones precisas para que el mundo combata y se adapte al cambio climático vuelven a aparecer las eternas diferencias entre ricos y pobres.

Y no sólo el dinero ha vuelto a ser el problema en la cumbre climática COP 23 celebrada durante las últimas dos semanas en Bonn (Alemania) –bajo la presidencia de Fiyi, país que debía acogerla pero que no pudo por razones logísticas–. También los mecanismos de verificación de que los países firmantes de los Acuerdos de París cumplen con sus compromisos dividieron al mundo industrializado y al que sigue en vías de desarrollo.

Para empezar por los aspectos positivos, de la antigua capital federal alemana salió la semana pasada un compromiso adquirido por una veintena de países para renunciar al uso del carbón como fuente de energía de aquí a 2030. El carbón, el combustible que más contribuye al calentamiento global (además de ser causante de nocivos niveles de polución atmosférica), todavía genera el 40% de la electricidad mundial.

Una veintena de países se comprometieron a abandonar el carbón antes de 2030

El Reino Unido (promotor de esta alianza junto con Canadá), Francia, Italia, México, Dinamarca, Austria, Bélgica, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Luxemburgo, Finlandia y Suiza son algunos de los países más contaminantes que se comprometen a dejar de quemar carbón en una década y media.

También se han sumado el estado de Washington y dos provincias canadienses, además de naciones de mucho menor peso económico e industrial como Costa Rica, Fiyi, Angola o las islas Marshall. El objetivo del grupo es alcanzar el medio centenar de miembros para la próxima cumbre climática, a celebrar en Katowice (Polonia) el año que viene.

Pero los tres principales contaminadores del mundo, y principales consumidores de carbón, Estados Unidos, China e India, se negaron a secundar este compromiso, al igual que tampoco lo hizo Alemania, pese a las continuas declaraciones de la cancillera Angela Merkel asumiendo liderar la lucha contra el cambio climático ante el abandono estadounidense. Y, como era de prever, tampoco lo suscribió España, y de la misma manera Polonia, la anfitriona de la próxima cumbre climática.

Otra noticia positiva fue el anuncio por parte del Gobierno sirio de que su país se sumaba a los Acuerdos de París, que dejó simbólicamente sólo en el mundo en su rechazo de los mismos a Donald Trump, frente a más de 190 gobiernos comprometidos con la acción por el clima. Estados Unidos, que de acuerdo con los términos del tratado no puede abandonar legalmente el compromiso suscrito en París hasta 2020, envió una pasiva representación de bajo nivel a Bonn formada por 48 funcionarios, cuya presencia provocó las quejas de algunas otras delegaciones y que numerosas ONG pidieran su expulsión.

"Todavía estamos dentro"

La dimisión en sus obligaciones de la delegación gubernamental de Washington fue compensada por la presencia y plena implicación en la lucha por el clima de una alianza de una veintena de estados, más de un centenar de grandes ciudades (como Nueva York, Los Angeles, Atlanta, Chicago, San Francisco o Seattle), tribus indígenas, universidades, ONG y unas 1.400 de las mayores empresas estadounidenses (incluyendo Facebook, Microsoft, Apple, Google y Amazon) liderada por ex alcalde neoyorquino Michael Bloomberg y el gobernador de California, Jerry Brown, quien esta misma semana firmó en representación del estado más rico del país un acuerdo de cooperación en cambio climático con la Unión Europea.

Estos actores estadounidenses, la magnitud de cuyas economías sumadas sería la tercera del mundo tras Estados Unidos y China, y que representan a 116 millones de ciudadanos, pidieron formalmente un asiento en mesa de las negociaciones. “Todavía estamos dentro” es su divisa.

Y la COP 23 de Bonn aprobó un plan de acción de género que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres en todo lo que atañe a la adaptación, la mitigación y la adopción de decisiones sobre la aplicación de las políticas climáticas.

Por el contrario, Bonn fracasó en el que posiblemente era su principal objetivo: fijar el llamado libro de reglas para la aplicación práctica del Acuerdo de París, que debe aprobarse en la COP 24 de Katowice para que el mismo pueda empezar a cumplirse en 2020. La clave de la discrepancia fue el que precisamente es el único punto legalmente vinculante de los pactos de París: el mecanismo de revisión de los compromisos nacionales de reducción de emisiones que los países deberán presentar cada cinco años.

Un grupo de estados, ciudades y empresas de EE UU pide un sitio en las negociaciones

La propuesta de la presidencia era un mecanismo único y uniforme para todos los países, desarrollados y en desarrollo, si bien a estos últimos se les ofrecía la posibilidad de retrasar su incorporación al mismo hasta que dispusieran de las herramientas adecuadas para evaluar sus emisiones. Pero un grupo de 134 estados en vías de desarrollo abanderados por China se opuso a que se traten y evalúen del mismo modo los esfuerzos de reducción de ricos y pobres.

De la misma manera, el bloque de países pobres rechazó que la presidencia de la cumbre ejercida por Fiyi, plegándose a las presiones de los países ricos, retirara de la agenda de la COP 23 lo que se denomina técnicamente la Acción pre2020, las medidas de reducción de emisiones que debían cumplir los firmantes del Protocolo de Kioto de 1997, el primer y modesto acuerdo climático, todavía en vigor (entró en funcionamiento en 2005) hasta 2020, cuando lo reemplazará París.

Para que dichas medidas sean exigibles es preciso que entre en vigor la llamada Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, pero sólo la han ratificado por ahora 80 de los 140 países necesarios para que lo haga. EEUU, Australia, Japón, Canadá y Noruega y la UE se oponían a tratar esta materia en Bonn, pero el bloque mayoritario se salió con la suya y la ONU se comprometió a mediar para que el mundo industrializado acabe ratificando la enmienda y cumpla con sus compromisos previos a París antes de exigir al resto del mundo que afronte los suyos.

Además, los países desarrollados deberán rendir cuentas de lo que están haciendo antes de 2020 en dos sesiones de alto nivel que tendrán lugar en las cumbres del clima de 2018 y 2019. Y finalmente, tendrán que emitir un informe transparente y detallado sobre las aportaciones económicas que prometieron para que los países en desarrollo puedan hacer frente y adaptarse a los efectos del cambio climático. El acuerdo era de aportar 100.000 millones de euros anuales, pero nadie ha dicho hasta ahora una palabra sobre cuánto pondrá cada cual y cuando lo hará. La retirada estadounidense, que supondrá con casi total seguridad que Washington no aportará ni un dólar a estos fondos, no hace augurar nada bueno en este terreno. 

Mientras políticos y funcionarios prosiguen enmarañados en su retórica, sus tecnicismos y sus peleas por la financiación, el mundo está perdiendo la lucha contra el calentamiento global. El objetivo de que las temperaturas medias a finales de siglo no suban más de 2 grados –y eso ya sería grave – es "extremadamente improbable" ante el ritmo de incremento de emisiones, que este año volverán a aumentar tras tres años de estancamiento. Lo afirma el último informe de la ONU sobre la cuestión, presentado días antes del inicio de la COP 23. No parece haber servido de mucho.

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