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Medio ambiente
21 de noviembre de 2017
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Viernes, 13 de octubre de 2017
Ramón Costa
El comando ecologista
Una unidad armada del Instituto Brasileño del Medio Ambiente lucha contra los madereros ilegales, los buscadores de oro y los furtivos en las selvas de la Amazonia
Agentes del GEF durante una operación contra buscadores ilegales de oro / Foto: Ibama Agentes del GEF durante una operación contra buscadores ilegales de oro / Foto: Ibama

Van vestidos de camuflaje, con casco y chaleco antibalas, armados con fusiles de asalto y cuchillos y patrullan en vehículos todo terreno, helicópteros, lanchas fuera borda y a pie las tupidas selvas que sobreviven en la Amazonia brasileña. Pero no son militares, ni policías. Entre ellos hay ingenieros forestales, biólogos, un oceanógrafo (especializado en al Ártico), un especialista en pesca y otros profesionales relacionados de una o otra manera con el estudio y la defensa del entorno natural (y también un publicista).

Se trata del GEF (siglas en portugués de Grupo Especializado de Fiscalización) escuadrón de defensores del medio ambiente creado en 2014 por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama, en sus siglas en portugués),  un organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente del gigantesco país suramericano.

Los miembros del GEF son voluntarios y no pueden ofrecer dedicación exclusiva

El principal objetivo del GEF es luchar contra la deforestación que afecta a unas selvas que son el mayor pulmón verde del planeta y que entre agosto de 2015 y julio de 2016 arrasó 809.371 hectáreas de bosque, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales brasileño, que maneja imágenes obtenidas por satélite para realizar estos cálculos.

Madereros ilegales, buscadores de oro y piedras preciosas (conocidos como garimpeiros) o cazadores furtivos son algunos de los potenciales detenidos por los integrantes del GEF, que no tienen dedicación exclusiva a las tareas de la patrulla ni reciben contraprestación económica alguna por la misma. El resto del año, trabajan por todo el país en diversas iniciativas medioambientales. "El número de agentes ideal sería de 30, para poder tener siempre un equipo sobre el terreno, otro de reserva y el resto entrenando", opina el comandante de la unidad, Roberto Cabral, de 48 años.

"Nunca pensé que un día cogería un arma, gritaría y esposaría a una persona", admite uno de los miembros de la unidad, un ingeniero forestal de 45 años de edad. Todos ellos, nueve hasta el momento, son varones con estudios superiores que tuvieron que superar un durísimo curso de supervivencia en la selva que incluyó saltos desde helicópteros, largas caminatas por la selva, búsqueda de alimentos, tratamiento de mordeduras de serpiente, jornadas enteras sin comer ni dormir y un duro entrenamiento para el combate con armas de fuego y cuchillos. El equipo que transporta cada miembro pesa un mínimo de 12 kilos.

Un tiro en el hombro

“En el universo de actividades ilegales en la Amazonía hay deforestación, extracción de oro, caza de animales salvajes para su consumo, explotación forestal clandestina y contrabando de animales”, afirma Cabral, quien recibió un tiro de escopeta en el hombro en 2015 mientras perseguía a unos madereros en las tierras indígenas Arariboia, en el estado septentrional de Maranhão. “Queríamos combatir estas actividades con la mente y el cuerpo sobre el terreno”, declaró a The New York Times.

Porque, en su opinión, su unidad se enfrenta "no a personas que apenas han cometido alguna irregularidad ambiental, sino a bandidos, criminales. Mucha gente dice: 'Sólo son trabajadores que tratan de ganarse la vida'. ¡Un trabajador no roba y destruye el medio ambiente!", afirma rotundo. Otro integrante del equipo, un biólogo, coincide en que no se trata de un problema de falta de sensibilización, y que la disuasión es necesaria: "la educación ambiental sólo funciona hasta los 10 años de edad", opina. Uno de los agentes trabajó durante 16 años en ese ámbito.

El equipo está formado por nueve personas cuando la cifra ideal para su jefe serían 30

El GEF se basa en imágenes por satélite y datos de inteligencia recabados por las sedes regionales del Ibama para identificar y acudir a las zonas donde las actividades clandestinas están sustituyendo el bosque por un erial carente de vida, y opera en las áreas naturales protegidas del inmenso arco que se extiende entre los estados de Maranhão (noreste del país) y Rondônia (centro-oeste).

La unidad especial ha obtenido especialmente logros en la lucha contra la extracción ilegal de madera en tierras indígenas del primero de los estados. En 2016 logró destruir 32 aserraderos, aunque se les escaparon un grupo de madereros a los que persiguieron durante cinco días por la selva en la tierra indígena Cachoeira Seca, en Pará, y que cortaron árboles para obstruir la selva y detener a los agentes. Entre junio y julio pasados se eliminaron nueve balsas creadas por buscadores ilegales de oro en el Bosque Nacional de Jamanxim, en el mismo estado. En ellas se estanca el agua de los ríos para aspirar los sedimentos del fondo con medios mecánicos en busca de metales preciosos o rastrear en ellos directamente por medio de buceadores.

"La región es objetivo prioritario de la Operación Ola Verde, que intenta proteger la biodiversidad amazónica", señala el Ibama. "Además de la pérdida ambiental irreparable, los ilícitos en la región del Jamanxim perjudican a la propia sociedad al impedir que el estado recaude impuestos sobre actividades legales e invierta en la región", argumenta el coordinador general de Fiscalización del Ibama, René Luiz de Oliveira.

Pero el trabajo del GEF le crea continuamente nuevos enemigos. En julio, se prendió fuego a un transporte que llevaba ocho camionetas del Ibama en el distrito de Cachoeira da Serra, en Altamira (Pará). Y además de contra madereros, garimpeiros o cazadores, el GEF tiene que luchar contra la corrupción que afecta al Ibama, con inspectores que sirven de agentes dobles también al servicio de los ganaderos y otros deforestadores. Y contra la falta de voluntad política del Gobierno de apoyar las políticas proteccionistas del instituto, que desde 2013 ha visto caer su presupuesto en un 46%.

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