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Medio ambiente
13 de diciembre de 2017
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Lunes, 24 de julio de 2017
Ramón Costa
La atracción de una costa destruida
La urbanización del litoral español aumentó un 57% en los últimos 25 años y el fin de la crisis y las leyes del Gobierno hacen temer que se acelere
Perfil de Benidorm (Alicante), meca del turismo de playa en España / Foto: JMP Perfil de Benidorm (Alicante), meca del turismo de playa en España / Foto: JMP

Ha llegado el verano y millones de personas se vuelven a agolpar en el litoral español para disfrutar, aunque sea con estrecheces, de la playa y el mar. Estos dos reclamos son los que atraen a un mayor número de visitantes a un país que es una de las grandes potencias turísticas mundiales, el tercer destino del planeta por número de visitantes extranjeros, con una cifra récord de 75 millones el año pasado que este año podría verse ampliamente superada.

Pero el precio a pagar para que el turismo se haya convertido en uno de los motores de la economía española, a la que aporta alrededor del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y uno de cada siete puestos de trabajo, ha sido muy alto: la destrucción de la mayor parte de la costa. En el último medio siglo, las áreas ribereñas españolas, especialmente las mediterráneas, han sido invadidas por el cemento y el asfalto de una forma vertiginosa e insostenible.

En 2007 estaban en construcción o proyectadas 3 millones de viviendas costeras

Y en los últimos 25 años, cuando se supone que la conciencia ambiental debería estar ya más consolidada en el país, la urbanización ha aumentado nada menos que un 57%, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad y Greenpeace. En 2007, en plena burbuja inmobiliaria, había en obras o proyectadas tres millones de viviendas solamente en el litoral. Afortunadamente, debido a la crisis, la mayor parte se quedaron sobre los planos. Pero es de prever que, con la reactivación de la economía y la relajación de las leyes de protección del entorno aplicada sistemáticamente por los Gobiernos de Mariano Rajoy, pronto vuelvan a llenarse de grúas y hormigoneras las zonas ribereñas.

Por provincias, las principales víctimas de este desaguisado han sido Castellón, con un 148% de incremento de la superficie costera urbanizada en estos 25 últimos años (el macroproyecto Marina d'Or tiene buena parte de la culpa), Granada con el 146%, Valencia con un 118%, Cádiz con el 111% y Almería con el 107%. Y todo apunta que la reactivación económica podría conducirnos en los nuevos años a una nueva burbuja en el sector de la construcción.

Parques naturales

"Los datos indican que no ha desaparecido el ansia por seguir ocupando los primeros kilómetros de costa e incluso los alrededores de los parques naturales. La flexibilización por parte del Gobierno de normativas como la Ley de Costas, la Ley de Impacto Ambiental, la futura Ley del Suelo de Canarias y la indiferencia ante sentencias judiciales como en el caso del hotel El Algarrobico parecen ser los catalizadores de una segunda edad de oro para el ladrillo", lamenta Pilar Marcos, responsable de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace.

El Observatorio de la Sostenibilidad lleva un cuarto de siglo analizando fotos de satélite de las costas españolas. Y en esta ocasión, para redactar el estudio Protección a toda costa. Un tesoro que no debemos perder, ha escrutado 7.880 kilómetros lineales de litoral de las 22 provincias que lindan con el mar, con 21.000 parcelas del inventario nacional de hábitats y un total de 21 millones de hectáreas. Los investigadores midieron los tramos de costa en los que había ocupación artificial en 1987 y los cotejaron con las imágenes de 2011.

En Castellón se ha constrido un 148% más en tan solo dos décadas y media

Pese a que construir en el denominado Dominio Público Marítimo Terrestre, la franja costera que llega hasta el lugar donde más al interior haya llegado el agua del mar durante los peores temporales, que es bien público, hay miles de viviendas y construcciones de todo tipo en el mismo. Las 10 provincias con más costa pública destruida son: Málaga con un 74,9% destruido, Cádiz con el 69,1%, Barcelona el 68,9%, Valencia el 66,7%, Alicante el 64,3%, Castellón un 47,5%, Girona el 43,8%, Tarragona el 40,3% y Huelva con un 36,9%.

Los efectos del cambio climático (tormentas más fuertes, subida del nivel del mar) pueden poner en peligro muchas de estas zonas construidas donde no se debiera. Ejemplos de ello son los de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo (Málaga), Empuriabrava (Girona) o Marina de Port d’Aro (Girona), que pese a alzarse en la zona de dominio público han quedado amnistiados y fuera de protección por el Ejecutivo del PP gracias a la nueva Ley de Costas y corren especial riesgo de inundación.

Por el contrario, solamente un 27% de la costa española está protegida. Las 10 primeras provincias con más espacio costero protegido son Huelva con un 61% debido a la presencia del entorno del Parque Nacional de Doñana (allí se conserva la más larga playa virgen de la península), una parte del cual, 6.760 hectáreas, se vio afectada por el incendio del mes pasado; Tenerife con un 59,7%; Las Palmas con el 51,6%; Baleares con un 48,8%; Girona un 42,7%; Barcelona el 30,8%; la Región de Murcia con un 26,3%; Cádiz, un 26,2%; Tarragona, el 23,5% y Alicante con un 19,3%.

La fiebre desarrollista y constructora dejó profundas e irreversibles huellas en el terreno, en ocasiones para nada, pues, por diferentes razones, los proyectos nunca llegaron a terminarse. Son los llamados elefantes blancos, como el hotel ilegal El Algarrobico (Almería), el acuario del Puerto de Cádiz, las obras paralizadas de Puerto Mayor en la La Manga del Mar Menor (Murcia), el fallido Parque de la Relajación en Torrevieja (Alicante), la abandonada central nuclear de Lemoniz (Vizcaya), en ruinas desde hace 30 años, o el puerto exterior de Langosteira (A Coruña), que costó 1.000 millones de euros. Son mudos testimonios de la locura constructora que se ha adueñado de un país que parece querer apostar su futuro a las cartas del turismo de masas y el ladrillo, una opción meridianamente insostenible, tanto económica como ambientalmente.

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