El mayor éxito de la COP22, la cumbre del clima de las Naciones Unidas desarrollada durante las últimas dos semanas en Marrakech (Marruecos) fue la piña que formaron los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París frente a la anunciada intención del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de sacar a su país -el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero- del compromiso suscrito por la administración saliente en la capital francesa, que fue ratificado hace unas semanas por el gobierno de Barack Obama.

Trump podría quedarse solo y aislado internacionalmente si trata de cumplir su provocadora promesa electoral, a la que significativamente no ha vuelto a hacer referencia desde que ganó los comicios. El mensaje de la comunidad internacional en Marrakech fue inequívoco: todas las partes firmantes de París -incluidos los Estados Unidos, grandes productores de hidrocarburos como Irán o Arabia Saudí, o el mayor contaminador, China- firmaron por unanimidad una declaración de apoyo a la continuidad de un proceso de lucha contra el calentamiento global que ya han ratificado más de 115 de ellas.

Todos los firmantes, sin excepción, suscribieron una declaración de apoyo al proceso

El acuerdo entró en vigor el pasado 4 de noviembre, y ni un sólo gobierno ha manifestado que pudiera secundar al mandatario norteamericano si éste pone en marcha los mecanismos de denuncia del tratado, algo que de acuerdo con las condiciones del mismo no puede hacer antes de tres años de permanencia y uno después de la notificación previa de esta intención.

Además de este apoyo sin fisuras a la "irreversibilidad" de la lucha contra el cambio climático, Marrakech solamente sirvió para empezar a precisar desde un punto de vista técnico de qué manera deben dar cuenta a partir de ahora los países firmantes de sus contribuciones o planes de acción climática. Los planes nacionales empezarán a ser evaluados en el 2018 y todos ellos deberían estar validados en 2020 -después de que se verifique si son homologables, posibles y fiables- y, en caso de que aparezcan elementos a corregir, los gobiernos deberían presentarlos revisados en 2023.

Pero, más allá de la unanimidad en los grandes principios, los detalles ya empiezan a crear disensiones en el seno de los países firmantes. Así, Brasil y Bolivia expresaron al final de la cumbre su desacuerdo con el hecho de que no exista una limitación temporal para que todos los estados presenten sus compromisos a la vez.

Límites temporales a la carta

Además, no existe una homogeneidad en el horizonte temporal de dichos compromisos de reducción de emisiones. Mientras unos hacen referencia a 2025, otros se remiten a 2030, lo que impide homologarlos y dificulta el cálculo de la reducción de emisiones global en cada momento. También se vinculan los recortes a fechas de referencia distintas. Sobre la mesa está la propuesta que los nuevos compromisos que presenten los firmantes a partir de 2023 hagan referencia exactamente a los mismos plazos y tomen como punto de partida las emisiones en las mismas fechas.

Y otro escollo mucho mayor será, como siempre, el tema del dinero. Los países ricos se comprometieron en París a destinar 100.000 millones de dólares (unos 94.000 millones de euros) anuales a partir de 2020 para financiar medidas para que los países en desarrollo puedan reducir sus emisiones y también adaptarse a las consecuencias del calentamiento global (pérdida de litoral por la subida del nivel del mar, olas de calor, deshielos, sequías, grandes inundaciones por lluvias torrenciales…), pero todavía no han quedado definidos ni los mecanismos que deben permitir hacer llegar esas ayudas, ni la contribución de cada donante, ni los porcentajes de fondos públicos y privados que las integrarán, ni los plazos de dicha financiación. Por lo menos, los países ricos se reafirmaron en el documento final en su compromiso de reunirlos. 

Los 94.000 millones al año prometidos a los países pobres serán el gran escollo

Además, pesa sobre ella la amenaza de Trump de no permitir que Estados Unidos aporte un solo dólar. Y también los países petroleros -algunos, entre los más ricos del globo- pretenden que se les indemnice por las pérdidas de ingresos que es causará la reducción de consumo de combustibles fósiles.

La próxima COP23 de 2017 será organizada por Fiji, uno de los países más afectados por las consecuencias de la elevación del nivel del mar. Pero, ante las dificultades de este pequeño archipiélago para acoger una cumbre de estas características -por su aislamiento geográfico y su escasez de infraestructuras- la misma tendrá lugar en Bonn, la antigua capital de la República Federal Alemana antes de la reunificación. Para entonces se sabrá ya si Donald Trump se ha atrevido a quedarse solo y mantiene su apuesta de salir del compromiso climático. Y si todos los países que dicen mantener su promesa de luchar contra el calentamiento global pasan de las palabras a los hechos.