Seis años después de que el parlamento catalán prohibiera las corridas de toros, tras aprobar la cámara por mayoría absoluta una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por más de 180.000 ciudadanos, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo este veto. El sentido del dictamen sobre el recurso presentado por el Gobierno español era un secreto a voces, que se confirmó el pasado jueves. La decisión reabre el debate sobre esta tradición que, al menos en Cataluña, parecía ya superado.

El tribunal ha estimado que el artículo 1 de la ley autonómica que prohíbe la celebración de corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Cataluña (pero no de los correbous, fiestas taurinas típicas del sur catalán que, de forma contradictoria, fueron blindados por la cámara) invade las competencias del poder central en materia cultural. La sentencia recuerda que esta dimensión de las corridas de toros, presente en la ley desde 1991 y mencionada por el Tribunal Supremo en 1998, se ha potenciado posteriormente con la aprobación de la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia y de la Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

La ley fue impulsada por una iniciativa popular que obtuvo más de 180.000 firmas

Ambas normas, impulsadas por el Gobierno, actualmente en funciones, del Partido Popular (PP), fueron redactadas con posterioridad a la normativa catalana con la clara voluntad de devolver la fiesta taurina a Cataluña pero ningún partido, tampoco los catalanes, las recurrió.

El fallo del TC se adoptó con ocho votos a favor y tres en contra, y la sentencia definitiva se conocerá en los próximos días, una vez estén anunciados los votos particulares anunciados por la vicepresidenta del alto tribunal, Adela Asúa, y los magistrados Fernando Valdés y Juan Anonio Xiol, que consideran que no se han ponderado adecuadamente las competencias autonómicas.

El Constitucional considera que la Generalitat, administración autonómica, ha “menoscabado” la competencia del Estado para la “preservación del patrimonio cultural común”, condición que las corridas de toros tienen atribuida por ley. De esta forma, el TC acepta el razonamiento central de la ponencia, redactada por la magistrada catalana Encarnación Roca, que recoge los mismos argumentos esgrimidos por el PP en el recurso presentado en octubre de 2010.

Cataluña sí tiene plenas competencias para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, por lo que podría acabar con las corridas de toros por otras vías. “Nada impide que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su competencia sobre ordenación de espectáculos públicos, pueda “regular el desarrollo de las representaciones taurinas”, o pueda, en materia de protección de los animales, “establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo”, argumenta el fallo.

Canarias, treinta años sin festejos taurinos

“¿Por qué en Canarias se respeta la soberanía del pueblo y en Cataluña no?”, se pregunta Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados. El Parlamento canario aprobó en 1991 una Ley de Protección de los Animales en la que de forma implícita vetaba las corridas de toros: "Se prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento", recoge la normativa insular, que deja como excepción la celebración de las no menos polémicas peleas de gallos.

Sin embargo, los protaurinos consideran que con tal ley no quedan prohibidos los festejos taurinos porque la norma se ciñe a los “animales domésticos”, aunque en el texto de la misma se les define como “aquellos que dependen del hombre para su subsistencia”. La ambigüedad del redactado ha dado lugar a diferentes interpretaciones, incluso entre los mismos políticos que la aprobaron. Pero lo cierto es que ya no se celebran festejos taurinos en las islas canarias desde hace tres décadas.

Las reacciones ante el dictamen del Constitucional no se han hecho esperar. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han proclamado que las corridas de toros no volverán a Cataluña. “Dejaremos sin efectos prácticos la sentencia", afirmó la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, "igual que no dejaremos que una persona clave unas banderillas a un perro en la calle, no permitiremos que se le haga a un toro en una plaza”, añadió.

Las autoridades catalanas dicen que "dejarán sin efectos prácticos" la resolución

En la misma línea, se ha pronunciado el Gobierno catalán. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, aseguró que se recurrirá a todos los mecanismos a su alcance para imposibilitar la vuelta de los toros a los ruedos (como, por ejemplo, modificar la Ley de Espectáculos). La plataforma Prou (en catalán, basta), que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevó el tema hasta el Parlament autonómico, ha anunciado que denunciará ante organismos y tribunales de justicia internacionales la “decisión política” del Constitucional por “vulnerar los derechos de participación de los ciudadanos”.

El circo político en torno a las corridas de toros se vuelve a poner en marcha ocupando gran parte del espacio mediático, en el que ya se vuelve a hablar del enésimo choque institucional entre los gobiernos español y catalán. Es incuestionable que la prohibición de las corridas de toros surgió por iniciales motivaciones animalistas, pero también lo es que los partidos políticos nacionalistas utilizaron (y siguen haciéndolo) a los animales para ganar votos.

Porque, mientras se prohibían las corridas de toros, se blindaban los correbous, festejos típicos de las Terres de l'Ebre, en el extremo sur catalán, en los que, por ejemplo, se sujetan antorchas o bolas inflamables a los cuernos a los bovinos. Convergència i Unió (hoy rebautizada como Partit Demòcrata Europeu Català), quien impulsó la protección, y ERC defendieron esta postura porque "los correbous no terminan con la muerte del toro". Las plataformas en defensa de los animales ya criticaron entonces que el debate de los correbous se había hecho con "urgencia y prisa" persiguiendo fines electoralistas.

Gran parte de los grupos animalistas intentan llevar el debate más allá de los límites políticos: ¿debe una sociedad considerar como un espectáculo dar muerte a un animal? “Toda Europa era muy cruel con los animales humanos y no humanos, no solamente España […] Al final, lo que ha ocurrido es que las barbaridades comunes a principios del siglo XIX aquí aún se mantienen a principios del siglo XXI y, en el resto de países, ya no. Sólo se ha acabado con las corridas de toros en Cataluña y Canarias. Y, en Cataluña, de manera contradictoria: manteniendo los correbous, que son igual de brutales. Se trata de un problema cultural y político y no de que nosotros seamos por naturaleza más crueles”, reflexionaba el filósofo Jesús Mosterín en una entrevista con EcoAvant.com.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2007 se celebraron 953 corridas de toros en España, que se redujeron a 394 en 2015 (un 58,6% menos). Cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid) concentraron el 78,3% de los festejos taurinos celebrados el pasado año, que disminuyeron un 7,1% respecto a 2014. Las cifras sobre espectadores de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (estadística oficial elaborada cuatrienalmente por el ministerio, basada en una muestra de 16.000 personas de 15 años en adelante) indican que en 2015 sólo el 9,5% de la población acudió a espectáculos taurinos. Los niveles de asistencia son significativamente superiores en los hombres, 12,1%, que en las mujeres, 7%.

El fallo del Constitucional supone una victoria pírrica para los protaurinos, quienes siguen recibiendo golpes desde diversos frentes. El Parlamento Europeo no quiere financiar las corridas de toros y varias comunidades autónomas y ayuntamientos han tomado medidas contra la tauromaquia. Sin embargo, los festejos siguen contando con el apoyo incesante de los partidos mayoritarios: el Partido Popular, sin tapujo alguno, y el Partido Socialista Obrero Español, que lo hace de forma menos evidente, se las ingenian para preservar la fiesta nacional. Pero la sociedad española es cada vez más consciente del trato que merecen el resto de animales del planeta: en los últimos años, ha aumentado el debate público sobre la protección de los animales y el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) no deja de ganar votos (286.702 en las últimas elecciones generales).