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Medio ambiente
22 de enero de 2018
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Lunes, 14 de septiembre de 2015
Enia Sánchez
Crecer sin que importe cómo
La catástrofe del puerto de Tianjin pone de manifiesto una vez más que el gran desarrollo económico de China se produce a costa de la salud humana y del medio ambiente
Efectos devastadores de las explosiones en las instalaciones portuarias / Foto: Wu Hao - Greenpeace Efectos devastadores de las explosiones en las instalaciones portuarias / Foto: Wu Hao - Greenpeace

El pasado 12 de agosto dos grandes explosiones, equivalentes a la detonación de tres y 21 toneladas de TNT respectivamente, sacudían el sueño de los 15 millones de habitantes de la ciudad de Tianjin, situada al norte de China, no lejos de la capital, Pekín. Poco antes de medianoche, los habitantes que todavía estaban despiertos pudieron ver por las ventanas de sus apartamentos cómo unas enormes llamaradas se elevaban hacia el cielo.

El puerto industrial de Tianjin quedó devastado por las deflagraciones, que se produjeron en un almacén de productos químicos y que acabaron con la vida de 160 personas, la mayoría de ellas bomberos y policías que acudieron en un primer momento a la zona para apagar un pequeño incendio. Según los últimos datos oficiales, 13 personas continúan desaparecidas y unas 350 permanecen hospitalizadas.

El desastre fue causado por el almacenamiento ilegal de peligrosos productos químicos

La onda expansiva iniciada en el puerto se propagó hasta las zonas residenciales de las afueras de la urbe y unos 6.300 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares tras el suceso, que fue tan espectacular que se pudo ver desde el espacio, según las imágenes tomadas desde un satélite y publicadas por la Agencia Meteorológica de Japón.

El fuego se mostró imparable hasta casi 22 horas después, dañando unos 18.000 contenedores de mercancías de la terminal. Además de una enorme desolación, la tragedia ha dejado una seria preocupación por su impacto ambiental y ha destapado una red de corrupción entre autoridades políticas locales y los responsables del almacén.

La nave era propiedad de la empresa RuiHai International Logistics, fundada hace cuatro años por Dong Shexuan, hijo del exjefe de la policía del puerto de Tianjin, y Yu Xuewei, que fue directivo de la empresa Sinochem, controlada por el Gobierno. Ambos han reconocido haber empleado su influencia para manejar productos tóxicos de forma ilegal, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua. Los almacenes que acumulan grandes cantidades de productos químicos no están autorizados a ubicarse tan cerca de una zona residencial y éste se encontraba a la mitad de la distancia mínima que estipula la legislación china.

El recinto donde se produjo la catástrofe almacenaba unas 3.000 toneladas de productos químicos peligrosos e inflamables: carburo de calcio, nitrato de potasio, nitrato de amonio y el más peligroso, el cianuro de sodio. En concreto, había 700 toneladas –70 veces más de lo permitido– de este último compuesto, que en contacto con el agua o el aire húmedo se convierte en un gas altamente venenoso.

Trama de corrupción

El suceso también ha salpicado a un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente e incluso al propio director de la Oficina de Seguridad Laboral, Yang Dongliang, que ha sido cesado por presunta corrupción, dentro de una investigación en la que 12 personas han sido arrestadas y se han presentado cargos contra otras 11 por su presunta responsabilidad en la tragedia. Sin embargo, a pesar de las revelaciones en la prensa y las detenciones, la compleja red de intereses sigue sin haber salido totalmente a la luz.

Varias semanas después del accidente, la información sigue filtrándose con cuentagotas, sin que se haya emitido una versión oficial completa de las causas de las explosiones ni de sus consecuencias. El régimen comunista ha comunicado que las tareas de limpieza han concluido y que los elementos contaminantes “han sido transportados de forma segura” sin haberse generado ningún riesgo más para la población. No obstante, se han detectado componentes tóxicos en las estaciones de control de calidad del agua de la zona y en cinco de ellas con unos registros que exceden los límites establecidos.

Mientras Pekín resta importancia a los temores sobre la contaminación química y piensa ya en qué construirá en la zona arrasada –se habla de un parque y un monumento conmemorativo a los fallecidos–, Greenpeace advierte de que los productos que causaron el incendio podrían plantear una amenaza constante para los residentes de Tianjin. Y denuncia que la gestión irregular de productos tóxicos no es exclusiva de este puerto: en los de Shanghái, Ningbó, Cantón y Qingdao hay almacenes construidos a 1.000 metros o menos de residencias de ancianos, guarderías y zonas residenciales.

En lo que va de año se han producido otros 37 accidentes similares en todo el país

"La tragedia de Tianjin podría repetirse en cualquier lugar. La negligencia y una alarmante falta de cumplimiento de las regulaciones son generalizadas. Tianjin debe ser una llamada de atención para las autoridades", afirma el activista de Greenpeace en Asia Oriental Wu Yixiu. Según informó el 31 de agosto el periódico chino Global Times, más de 1.000 empresas que manejan o fabrican productos químicos peligrosos se ubican en zonas densamente pobladas, incumpliendo la normativa de seguridad.

La pésima gestión de los productos químicos peligrosos es un problema a escala nacional: en lo que va de año se han producido otras 37 explosiones en todo el país, según la ONG China Labour Bulletin. La última, en la que al menos murieron cinco personas, se registró poco antes de la medianoche del 31 de agosto en una planta química en la ciudad de Dongying. El gobierno chino, en su lenta reacción, ha anunciado que ordenará una rigurosa supervisión de esta industria, que de momento está sometida a una más que laxa legislación.

El accidente de Tianjin ha vuelto a evidenciar que el rápido crecimiento económico experimentado por China, sobre el que se han despertado ciertas dudas –la debilidad de la economía china ha desestabilizado el sistema financiero mundial, y a los países en desarrollo que dependen de la venta de materias primas al gigante asiático–, se lleva a cabo a costa de numerosas vidas humanas y de un desprecio absoluto por el medio ambiente. La permisividad de las autoridades, el todo vale, hace que los accidentes laborales sean el pan de cada día en la segunda economía del globo: el año pasado segaron la vida de 68.061 trabajadores, según los mismos datos gubernamentales, de la Oficina Nacional de Estadísticas

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