"En España, el almacenamiento de energía solar en una batería es un crimen peor que emitir residuos radiactivos". Esta es la contundente afirmación que hace la publicación digital estadounidense sobre medio ambiente Planetsave.com tras analizar la legislación energética elaborada en los últimos dos años por el Gobierno de Mariano Rajoy, la cual, pendiente todavía de aprobación definitiva, podría verse ahora suavizada o temporalmente aparcada ante la oposición que ha despertado y su previsible coste electoral.

La publicación concluye que "este es el mensaje implícito escrito entre líneas" del Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, que obliga a los propietarios de placas solares a pagar el denominado peaje de respaldo para conectarlas a la red eléctrica, y de la Ley del Sector Eléctrico, que fija multas de hasta 60 millones de euros para particulares y empresas que se autoabastezcan con energía solar sin registrar sus placas y pagar dicho impuesto.

Las sanciones para las placas pueden llegar a los 60 millones. Para un vertido nuclear, a los 30

La desorbitada medida coercitiva, que ha convertido a España en el primer país del mundo donde el uso de la energía solar no es libre, contrasta con la sanción máxima que puede ser impuesta a una central nuclear que sufra una fuga radiactiva, que en ningún caso superaría los 30 millones de euros, según un análisis realizado por la web de información medioambiental PV Tech.

Así, la central nuclear de Ascó (Tarragona) fue sancionada en 2009 con una multa de 15,4 millones de euros (la más alta de la historia nuclear española) por cuatro infracciones graves motivadas por la liberación al medio de partículas radiactivas. Un particular que no registre un par de placas colocadas en su tejado para obtener energía fotovoltaica y que las tenga conectadas a la red eléctrica para inyectarle la electricidad no consumida a cambio de una compensación económica podrá ser multado con entre 6 y 60 millones. Y la capacidad de la instalación no podrá superar los 100 kilovatios.

"Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente: a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al triple, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de 60.000.000 de euros", precisa el artículo 65 de la Ley Eléctrica. Y no registrar las instalaciones solares se considera una de esas "infracciones muy graves".

Más que un accidente aéreo

Otras comparaciones ayudan a tomar conciencia de la desmesura de estas multas: la sanción máxima para un delito contra la seguridad alimentaria (como la utilización de ingredientes adulterados o contaminantes) es de 600.000 euros. Por daño grave en materia de sanidad pública, es también de 600.000 euros. Y por un incumplimiento de las obligaciones o medidas de seguridad que provoque un accidente de aviación, de 230.000 euros, unas 240 veces menos que por acumular energía solar.

La autora del artículo recuerda que cualquier instalación solar de más de 15 kilovatios conectada a la red y que almacene la energía sobrante en baterías tendrá que abonar una tasa desde 8,9 euros por kilovatio en el caso de infraestructuras domésticas y a partir de 36 euros por kilovatio en las de pequeñas y medianas empresas, lo que puede prolongar el periodo de amortización de estas instalaciones de unos 16 hasta los 31 años.

Unef, la patronal fotovoltaica, afirma que el coste eléctrico se incrementará en un 13% en el caso de las instalaciones domésticas y casi en el 100% para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, pues solo quedarían liberados de peajes los consumidores de hasta 10 kilovatios/hora –la media por hogar es de 5,5–. En Canarias, Ceuta o Melilla, los propietarios de instalaciones solares estarán exentos de estas tasas hasta 2020.

El Ejecutivo quiere impedir la difusión de acumuladores como el presentado por Tesla

La publicación norteamericana destaca que ninguna otra fuente de energía, renovable o no, se ve obligada a pagar un impuesto de este tipo, y que, a causa de esta legislación, y "con tan solo 100 MW de energía solar fotovoltaica de autoconsumo actualmente instalada en España", "en 2014, sólo se instalaron 22 MW y las expectativas para 2015 son similares".

A ello se suma el borrador de decreto que ha elaborado en los últimos meses el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para gravar el uso de baterías o sistemas de almacenamiento por parte de los autoconsumidores de electricidad.

Para la también estadounidense revista económica de referencia Forbes, "el almacenamiento de energía es el verdadero objetivo del nuevo impuesto al sol español". El articulista William Pentland afirma que "la legislación propuesta destruiría de manera efectiva el mercado español de productos de vanguardia como la batería Powerwall de Tesla".

La batería de Tesla fue presentada el pasado mayo por Elon Musk, inventor y fundador de la compañía fabricante de coches eléctricos de alta gama, como "una manera de cambiar la manera en la que el mundo utiliza la energía”. “El problema más evidente con la energía solar es que el sol no brilla por la noche”, afirma Musk, "así que se necesita un sistema que permita almacenar esa energía. Pero las baterías actuales son una porquería, son realmente horribles, y caras”.

La Powerwall base costará 3.500 dólares (3.125 euros) y está diseñada para alimentarse desde paneles solares. Mide apenas 130 centímetros de altura, 86 de anchura y 18 de profundidad y puede ser fácilmente instalada en una vivienda de regulares dimensiones, a la que proporcionará por la noche la energía solar acumulada durante el día.