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Medio ambiente
25 de junio de 2019
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Martes, 17 de marzo de 2015
Cristina Fernández
Nicaragua, abierta en canal
La construcción de la nueva ruta marítima ya está en marcha a pesar de las denuncias por los daños medioambientales que puede ocasionar y las dudas sobre su viabilidad
El Gran Lago de Nicaragua es la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica / Foto: Wikipedia - Zach Klein El Gran Lago de Nicaragua es la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica / Foto: Wikipedia - Zach Klein

Nicaragua no renuncia a conseguir su anhelado paso interoceánico, la faraónica obra que debe arrinconar al viejo Canal de Panamá y que ha sido defendida por los sucesivos gobiernos de Managua como la solución idónea para impulsar el desarrollo del segundo país más pobre de América Latina. Sin embargo, tras décadas de propuestas y promesas, los trabajos no empezaron hasta hace unos pocos meses.

Después de más de 70 intentos fallidos para construir una ruta marítima que una el Pacífico con el Atlántico (en el mar Caribe) a través de este estado centroamericano, el ejecutivo de Daniel Ortega defiende a ultranza el que considera el proyecto definitivo que romperá en dos Nicaragua cruzando el Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de la región.

Las obras del Gran Canal Interoceánico empezaron a finales del 2014 y se alargarán, según las previsiones más optimistas, durante cinco años. Es uno de los proyectos de ingeniería más grandes de la historia, ya que la vía acuática tendrá una longitud de 278 kilómetros –desde el río Brito (en el Pacífico) al río Punta Gorda (en el Atlántico)– y una anchura de entre 230 y 520 metros, con unos 30 metros de profundidad, lo que permitirá el paso de grandes barcos como los graneleros y superpetroleros, que no pueden pasar por el Canal de Panamá.

El Gobierno de Ortega aprobó por decreto y en tan sólo dos días la concesión de la obra

El coste previsto del canal será de 50.000 millones de dólares (unos 47.000 millones de euros), un importe claramente infravalorado según diversos expertos. "Es un proyecto que traerá el bienestar, la prosperidad y la felicidad al pueblo de Nicaragua", prometió el actual presidente y líder del Frente Sandinista, quien le dio vía libre sin consulta pública, estudios ambientales o de viabilidad y debate parlamentario previos. El Gobierno aprobó por decreto y en tan sólo dos días la concesión del megacanal escudándose en que, garantiza, pondrá fin al desempleo y a la pobreza.

Pero sin estudios sobre el impacto ambiental y social y sin la información técnica y financiera exigibles para una iniciativa de estas dimensiones, son muchos los expertos que ven inviable económicamente acabar con éxito el canal y alertan ante los daños medioambientales que puede provocar.

El Gran Canal ha sido adjudicado por 50 años –con posibilidad de extensión por 50 más– a la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group), cuyo propietario es un personaje poco conocido en el mundo empresarial, Wang Jing, quien afirma haber atraído a numerosos –y hasta ahora igualmente desconocidos– inversores extranjeros. La concesionaria tiene carta blanca para expropiar todos los terrenos necesarios y construir además dos puertos, un aeropuerto internacional, centros turísticos, varias carreteras y una zona de libre comercio.

Las lagunas sobre el currículum de Wang Jing han propiciado que los escépticos vean detrás de su figura al gobierno chino, unas acusaciones que Jing negó el pasado mayo.

Lo cierto es que la nueva ruta marítima beneficiará principalmente a la economía china porque conseguirá una mejora en la competitividad de sus productos al reducir el coste y tiempo del transporte a los mercados europeos y norteamericanos y ofrecerá itinerarios complementarios, y al Gobierno de Pekín porque le sitúa a las puertas de Estados Unidos equilibrando su influencia en Centroamérica y rivalizando con el Canal de Panamá: se prevé que el Canal de Nicaragua sea más largo, más ancho y más profundo que el de Panamá, una vía con más de un siglo de historia que se ha quedado algo obsoleta y que por ello se está ampliando.

Una pérdida irreparable

“Los daños ambientales, sociales y culturales para el país, y en particular para el Gran Lago de Nicaragua, significarán una pérdida irreparable del patrimonio natural y cultural de la humanidad y una crisis con consecuencias impredecibles para Mesoamérica”. Son las palabras de denuncia del Grupo Cocibolca, una plataforma de organizaciones no gubernamentales, académicos, técnicos, pueblos indígenas y afrodescendientes que lleva informando sobre los peligros que entraña el proyecto del Gran Canal Interoceánico desde que se hizo pública la intención de construirlo hace dos años y medio.

Ante la falta de investigaciones con rigor científico, expertos del Centro Humboldt han valorado el impacto ambiental del trazado elegido para la vía marítima. Su principal preocupación: la destrucción del Gran Lago de Nicaragua (conocido también como Cocibolca o Lago de Nicaragua), que con una extensión de 8.624 kilómetros cuadrados es el principal recurso hídrico del país.

Consideran que el dragado del lago, que no es suficientemente profundo, y el tráfico de barcos conllevarán la salinización de la masa de agua dulce y acabarán con su biodiversidad. En la misma línea, los investigadores Axel Meyer y Jorge Huete-Pérez alertaron en un artículo publicado en la revista científica Nature sobre el riesgo de un desastre ambiental.

La gran infraestructura obligará a más de 100.000 personas a abandonar sus tierras

“La excavación de cientos de kilómetros de costa a costa, atravesando el Lago de Nicaragua, va a destruir cerca de 400.000 hectáreas de bosques tropicales y humedales. Pondrá en peligro los ecosistemas circundantes como la Reserva de la Biosfera Bosawás, la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva Natural Cerro Silva”, señalan. Por si fuera poco, y para acrecentar los riesgos que se derivan de este proyecto colosal, la ruta se sitúa en una zona de alto riesgo sísmico.

La inmensa infraestructura también alterará la vida de más de 100.000 personas que viven en las zonas que atravesará, a quienes se les obliga a abandonar sus tierras. Sin una lista pública con las expropiaciones que se efectuarán ni el valor económico de las indemnizaciones, el temor de las expulsiones masivas se ha extendido entre los campesinos.

Por todo ello, las poblaciones de las regiones afectadas y una gran parte de la ciudadanía nicaragüense se están movilizando intensamente ante una dura represión contra las posiciones críticas por parte del ejecutivo de Ortega. “El malestar social está creciendo a lo largo de la ruta del canal. El Gobierno y las fuerzas de seguridad están respondiendo mediante el acoso, la represión y el encarcelamiento de manifestantes y líderes de la oposición, aumentando el miedo entre la población”, denuncian los firmantes del editorial de la revista Science de principios de año, quienes piden a los defensores de los derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales y a la comunidad científica internacional que se unan para detener el proyecto hasta que al menos se realicen los necesarios estudios con total transparencia y rigor científico.

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