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Medio ambiente
18 de octubre de 2018
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Miércoles, 08 de abril de 2015
Eva Terol
Hipotecas al Sol
Más de 60.000 pequeños productores de energía solar, en apuros financieros por culpa de los recortes a las renovables del Gobierno, que no estaban en su programa electoral
La banca alerta sobre una posible quiebra masiva de las instalaciones fotovoltaicas / Foto: Bjeayes La banca alerta sobre una posible quiebra masiva de las instalaciones fotovoltaicas / Foto: Bjeayes
La “inmensa mayoría” de los pequeños y medianos productores españoles de energía solar fotovoltaica se han visto obligados a hipotecar sus viviendas para poder afrontar el pago de los préstamos bancarios que asumieron para invertir en esta fuente de energía limpia, afirma la organización que los agrupa.

Se trata sobre todo de profesionales y asalariados de clase media que en su día gastaron sus ahorros o pidieron un crédito para instalar huertos solares convencidos de que la generosa rentabilidad prometida y legislada por el anterior Gobierno del PSOE estaría garantizada.

Sin embargo, el drástico recorte aplicado a las renovables por el actual ejecutivo del PP, que ha hecho desaparecer las primas y ha introducido el concepto de “rentabilidad razonable”, los ha puesto contra las cuerdas. Incluso la banca ha expresado su preocupación por el riesgo de una quiebra masiva de las instalaciones fotovoltaicas, que ahora están a merced de las entidades financieras.

El 79% de los afectados ha tenido que utilizar su vivienda como garantía para pagar los créditos

Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), el 100% de estos pequeños y medianos inversores se han visto forzados a refinanciar su deuda o a saldar los créditos con recursos propios, y un 15% tiene mensualidades pendientes con el banco.

El 79% de los productores han tenido que aportar garantías personales ante los bancos, en la mayoría de los casos sus propias viviendas. Otro 23%, además, soporta un derivado financiero que les impide beneficiarse de la caída del Euribor durante los últimos años. Conviene recordar que fue el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien recomendaba financiar el 80% de los parques solares.

Según el informe de la Anpier, realizado sobre una muestra de 500 propietarios de instalaciones de entre 10 y 100 kilovatios de todas las comunidades autónomas, el 36% de los propietarios de instalaciones fotovoltaicas soporta rentabilidades negativas, mientras que sólo un 3% ha llegado a conseguir el 7,5% que aseguraba el Gobierno que alcanzarían todos los inversores.

Para el presidente de esta organización sectorial, Miguel Ángel Martínez-Aroca, la encuesta ofrece “un fiel reflejo de la cruda realidad generada por la reforma: datos negativos para los pequeños productores, que contrastan con los elevados beneficios alcanzados por las grandes empresas del sector en este mismo lapso temporal”.

En opinión de Martínez-Aroca, “el Gobierno no precisa de este tipo de estudios, puesto que conoce con total precisión lo que se liquidaba antes a estas familias y lo que se les liquida ahora. Tiene los datos exactos de los estragos que está ocasionando, que han sumido a 62.000 familias en una situación financiera límite, por lo que el colectivo precisa de un cambio urgente de escenario normativo”.

Motivación ética

La encuesta también indica que fue una motivación ética la que guio la decisión de un 60% de las familias inversoras a la hora de embarcarse en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica. Sólo un 10% consideró la rentabilidad económica como la principal razón, mientras un 26% antepuso la seguridad a las posibles ganancias.

Sin embargo, si entre la gran cantidad de información que difundió el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para promover las instalaciones se hubiera incluido la advertencia de algún atisbo de riesgo regulatorio, sólo el 0,4% de los inversores hubiera mantenido su decisión de arriesgar sus ahorros y su patrimonio.

Con la venta de electricidad verde, las familias que hoy están al borde del precipicio económico confiaban en obtener importantes ingresos, prometidos y publicitados por el Ministerio de Industria con campañas como El Sol puede ser suyo. Sin embargo, los recortes a la energía fotovoltaica aplicados por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy han sido hasta del 50%, según la Anpier.

Con la reforma energética, el Gobierno del PP aprobó un cambio en la retribución para las fuentes renovables mediante el cual se eliminaron las primas y se instituyó una “rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta”, que se aplicaría sobre unos determinados parámetros de inversión.

Éstos debían ser elaborados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que para realizar el cálculo debía contar con el asesoramiento de dos consultoras independientes, Roland Berger y Boston Consulting Group. Sin embargo, ahora se sabe que el recorte en la retribución a las fuentes de energías renovables fue llevado a cabo por el ministro José Manuel Soria sin el respaldo técnico prometido.

Sólo un 3% de las instalaciones alcanza la rentabilidad prometida. Un 36% tiene pérdidas

Para el presidente de la Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, “con esta manera de proceder, el escenario energético español queda en manos de las pocas empresas capaces de quedar siempre a salvo de la inseguridad jurídica establecida a golpe de Real Decreto, que expulsa a los productores no convencionales, los pequeños, y disuade a los que se hubieran planteado acceder al sector, con el resultado conocido de ruina para los que decidieron entrar y socializar el sector a través de las energías limpias; ausencia casi absoluta de nuevas inversiones y, en paralelo, sorprendentes incrementos anuales de la rentabilidad y las cotizaciones bursátiles de los operadores tradicionales”.

La Anpier ha pedido a las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso de los Diputados que exijan explicaciones al ministro Soria y anuncia acciones de protesta en todas las comunidades autónomas. Estas culminarán con una gran movilización en Madrid, en la que se exigirá la dimisión de Soria y de su secretario de Estado, Alberto Nadal, “no sólo por la última y grave irregularidad conocida, sino por haber articulado el desmantelamiento del sector renovable en España sin que esto estuviera previsto en el programa electoral de su partido y sin ningún tipo de consenso político, territorial o social”.

La Fundación Energías Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han anunciado su intención de “interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el escandaloso comportamiento del ministro de Industria ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales”. También Iniciativa per Catalunya-Verds estudia presentar una querella por prevaricación contra el ministro.

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