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Medio ambiente
19 de abril de 2018
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Jueves, 02 de abril de 2015
Cristina Fernández
Frédéric Viale: “El TTIP pone punto final al Estado del bienestar”
El experto en política comercial europea desgrana los dos acuerdos que actualmente están sobre la mesa: el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), entre la Unión Europea y Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), entre la UE y Canadá. Afirma que están pensados “para mejorar la vida de las grandes empresas, empeorando la de los ciudadanos” y denuncia “la falta de democracia existente en Europa”. Pero también intuye un posible cambio con origen en España
Frédéric Viale
Frédéric Viale

Abogado y economista, Frédéric Viale (París, 1965) conoce a la perfección la política comercial de la Unión Europea y los tratados de libre comercio. Acaba de publicar el libro Manifeste contre les accords transatlantiques (Manifiesto contra los acuerdos transatlánticos), Editorial Erick Bonnier. Es miembro de la Junta de ATTAC France (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana), un movimiento internacional altermundista que surgió en Francia en 1998 y promueve el control democrático de los mercados financieros. Actualmente, ATTAC está presente en 38 países, incluida España.

¿Qué es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP)?

Es un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos con el que se pretende conseguir que las normas internas, es decir, las decisiones públicas que toman los Estados, las comunidades autónomas y los municipios, no sean un obstáculo para el comercio. Y, para que no lo sean, establece dos mecanismos: el de los Acuerdos de Disputa Inversionista-Estado, conocido como Investor-State Dispute Settlement (ISDS), y el de convergencia reglamentaria.

El primero permite a una empresa denunciar una reglamentación pública de cualquier nivel que tenga consecuencias negativas sobre sus beneficios económicos esperados. Esta denuncia irá a un tribunal internacional de arbitraje privado –compuesto por abogados que pertenecen a las mayores empresas juristas y que por tanto no conocen los conflictos de interés– que establecerá compensaciones a pagar por los estados si una decisión pública va contra las ganancias de las multinacionales.

El mecanismo de convergencia reglamentaria prevé la creación de un comité de expertos, funcionarios de ambos lados del Atlántico, que pedirá a las empresas su opinión sobre las propuestas hechas por un estado que afecten al comercio. Así, las compañías decidirán antes de que se inicie cualquier debate público si las normas salen adelante o no.

¿Es el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) el hermano pequeño del TTIP?

La economía de Canadá no es una economía importante. Sin embargo, el CETA es el primer paso en esta estrategia, porque las grandes empresas estadounidenses están asentadas allí. Y políticamente se utiliza como experimento.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones de ambos tratados?

El CETA ya está firmado y va a ser presentado al Consejo de Ministros de la UE en junio. Si lo aprueba, la ratificación por el Parlamento Europeo tendrá lugar a finales de año o principios del próximo. Y habrá que esperar para saber si hay ratificaciones nacionales. Normalmente, estos tratados tienen que ser ratificados por los estados miembros, pero la Comisión Europea no quiere. Así que los estados deberán luchar para imponer esas ratificaciones, y no es seguro que esto vaya a ocurrir.

En relación al TTIP, estamos en la octava ronda de negociaciones, que, como todo el proceso, se está llevando a cabo con total secretismo. Éstas van a seguir un mínimo de dos o tres años hasta que sea firmado. Después, de igual forma que el CETA, se presentará al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. También habrá que ver si será ratificado o no por los estados. Con todo, de salir adelante, calculo que entraría en vigor en 2020.

¿Por qué surge ahora la necesidad de un tratado de libre comercio entre la UE y EE UU?

Hay al menos dos razones. Oficialmente, los políticos electos creen que el tratado va a aumentar la riqueza. Es una muy antigua creencia: los beneficios de ahora serán las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana. Pero no funciona así desde hace al menos 30 años, ya que como vemos puede haber ganancias y desempleo al mismo tiempo. Hay ejemplos en todos los países.

La segunda razón, que desde mi punto de vista es la más importante, es la acción ejercida por los grupos de presión empujados, claro está, por intereses privados. Los hay muy fuertes y que piden este tratado desde hace años, como el Trans-Atlantic Business Council (TABC), que representa a las grandes empresas de servicios de ambos lados del Atlántico; la Cámara de Comercio de los EE UU y de la UE; las cámaras de comercio internacionales y el European Services Forum (ESF), un lobby de 80 empresas del sector servicios en Europa.

¿Qué consecuencias tendrá para los ciudadanos europeos?

Se va a revisar a la baja la legislación social y de protección del medio ambiente y de los consumidores. Desaparecerá el principio de precaución que rige la normativa europea porque el tratado intenta establecer el principio de reconocimiento general de las normas, es decir, que lo que es posible en un lado del Atlántico debe ser posible en el otro. Por tanto, si es posible cultivar organismos genéticos en Estados Unidos, ¿por qué no en la UE? Si en EE UU se consume carne con hormonas, ¿por qué no aquí?

El mismo principio afectará a las pequeñas empresas y a los trabajadores. Por ejemplo, con el TTIP, las industrias químicas norteamericanas pueden invadir Europa con sus productos, que son menos caros porque las normas son menos restrictivas. ¿Cómo afectaría a España, donde el sector químico es importante? La competencia aumentará y provocará una disminución del número de empresas. Y las que sobrevivan pedirán que las reglamentaciones sociales y medioambientales se rebajen para ser más competitivas. Por un lado, generará la disminución de la actividad y la concentración de las empresas y, por otro, una legislación más laxa.

Las empresas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y los servicios públicos –si es que continúan existiendo– también se verán afectados por la necesidad de enormes concentraciones para ser competitivos.

¿Es el TTIP el remate final al ya muy minado Estado del Bienestar?

La Unión Europea y los gobiernos de sus países miembros llevan unos 20 años destrozando los servicios públicos. Estos tratados que buscan liberalizar el comercio pueden ser analizados como una manera de poner el punto final a esta destrucción, de hacerla totalmente irreversible.

Tras la maniobra neoliberal, ¿cómo quedaría la Europa de las dos velocidades (norte y sur)?

Afectará en primer lugar a los países del sur de Europa, que están menos especializados, pero también a los servicios y a la industria alemana, que no son invencibles. El tratado no es un tema de países, sino de empresas: va a mejorar la vida de las multinacionales, no la vida de los estados ni la de las personas. Más aún: mejora la vida de las grandes empresas empeorando la de los ciudadanos.

¿Y qué supondrá para los ciudadanos estadounidenses?

Habrá una relajación de las reglamentaciones bancarias y financieras. También perderán poder los gobiernos locales que, por ejemplo, ahora pueden imponer que las inversiones locales las disfruten sus habitantes.

¿Qué tendría que pasar para que no entre en vigor?

Tal y como están actualmente configurados los Parlamentos parece muy lejano que no se apruebe, porque socialistas y conservadores, que copan dos tercios de la Eurocámara, están a favor.

Se podría parar en el Consejo de Ministros de la UE si al menos dos países grandes y tres pequeños lo rechazaran. Para tumbarlo en el Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales, en caso de que hubiera ratificaciones nacionales, haría falta una mayoría simple.

No obstante, políticamente, si un país grande, como España –que aporta el 13% de la riqueza en la UE– dijera que no, los tratados estarían muertos.

Pero en España la mayoría de partidos defienden el TTIP.

A nivel parlamentario, PP, PSOE, CiU, UPyD y PNV han votado a favor; en contra, la Izquierda Plural. Pero si hay un cambio en España será muy importante.

¿Podemos?

Todos los movimientos sociales estamos pendientes de España porque no hay fuerzas progresistas en auge en otros países, como podría ser Francia. Así que el único país de donde puede provenir el cambio ahora mismo es España... Entiendo que es una responsabilidad enorme, pero es así. Syriza ya ha dicho que no va a aceptar el TTIP pero, aunque es una buena noticia, Grecia es un país pequeño.

Mientras se esperan unos posibles cambios en el panorama político, ¿qué se hace desde la sociedad civil para frenar estos acuerdos?

Hay dos campañas en marcha: una recogida de firmas a nivel europeo para cambiar las relaciones de fuerza antes de la ratificación y una de declaraciones de los municipios o autonomías contra los acuerdos. Asimismo, hay campañas nacionales. El próximo 18 de abril se celebrará una jornada global contra el TTIP y otros acuerdos comerciales.

¿Podrá derrotar David a Goliat una vez más?

Hace dos años conseguimos parar el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) sobre la propiedad intelectual, cuyos aspectos fundamentales quieren incluir ahora en el TTIP. Ahora también podemos ganar. Estamos mostrando a la ciudadanía lo que pasa realmente en la Unión Europea y en los estados miembros. Es la mejor prueba de que tenemos un problema de falta de democracia en Europa: debemos cambiar estas prácticas políticas porque no son aceptables.

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