El objetivo de conseguir una Europa sostenible está cada vez más lejos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiró atrás poco antes de finalizar 2014 una serie de iniciativas legislativas medioambientales que se iban a tratar durante este año para, según sus propias palabras, “concentrarse en lo esencial”.

Las prioridades del político luxemburgués, miembro del Partido Popular Social Cristiano, son la puesta en marcha de un plan de inversiones de 315.000 millones de euros para fomentar el crecimiento y el empleo los próximos tres años en los países europeos, la mejora de la unión económica y monetaria y la construcción de una alianza energética que pretende acabar con la dependencia de Rusia, en conflicto con Ucrania y al borde de una crisis económica como consecuencia de la caída del precio de petróleo que recuerda a la situación sufrida por el país soviético en 1998.

La economía circular aportaría un ahorro de 630.000 millones de euros anuales

Para centrarse en estas medidas, la Comisión ha decidido cargarse de un plumazo 80 normas previstas en el programa de trabajo de 2015 prometiendo hacer unas más ambiciosas a finales del próximo año. Entre ellas, la reestructuración de la carga impositiva de los productos energéticos y la electricidad y la propuesta para promover el reciclaje.

Asimismo, si no se llega a un acuerdo en seis meses, la iniciativa que promovía una baja por maternidad de 20 semanas en todos los países miembros, la norma sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y la directiva relativa a la difusión de los datos procedentes de satélites de observación de la Tierra con fines comerciales se retirarán y se reemplazaran por nuevas.

La Directiva sobre residuos presentada, conocida como el paquete de la economía circular, preveía para 2025 prohibir el vertido de materiales reciclables, la obligación de la recogida selectiva en origen de biorresiduos y la reducción del 30% de residuos alimentarios.

Así como elevar los porcentajes de reciclaje: para 2025, establecía una tasa de reciclado del 90% del papel; y para 2030, el 70% de los desechos municipales, el 80% para los envases, el 60% de los plásticos, el 80% de la madera y el 90% de los metales ferrosos, el aluminio y el vidrio. Todo para evitar que aproximadamente el 60% de los recursos europeos se desperdicien en vertederos o incineradoras.

Según datos del anterior equipo del ejecutivo europeo, la implantación de este modelo supondría un ahorro potencial de 630.000 millones de euros al año para la industria europea, la creación de 180.000 nuevos puestos de trabajo y una reducción anual del 4,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Deriva antiambiental

Por otro lado, la propuesta de la mejora de calidad de aire se adaptará y se añadirá a los objetivos sobre el clima y la energía de 2030. Se esfuma así el paquete de Aire Limpio con el que se pretendían establecer límites más estrictos a la emisión de los principales contaminantes, incluyendo por primera vez la regulación de las partículas finas (PM2.5).

Ante tal redefinición del plan, los ecologistas denuncian su "ambigüedad" y no descartan que se esté ante una posible suspensión de su aplicación que no se quiere reconocer. La legislación, de haberse aprobado, podría evitar hasta 58.000 muertes prematuras al año, según expertos europeos.

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno que "tome
las riendas"

La eliminación de las medidas para promover el reciclaje y poner freno a la contaminación atmosférica ha provocado la indignación de las organizaciones ecologistas que han criticado con dureza la "deriva antiambiental" de Juncker.

Las entidades de ámbito nacional como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Seo/Bird Life, WWF y Greenpeace han hecho un llamamiento al Gobierno para "tomar las riendas" y aplicar medidas de protección ambiental, de la salud y el bienestar de las personas, ante la visión "cortoplacista y anticuada de la nueva Comisión Europea", cuyo presidente vuelve a estar en el ojo del huracán.

El sucesor de José Manuel Durao Barroso tan sólo lleva en el puesto desde el 1 de noviembre pero no es la primera vez que su actuación causa polémica. Nada más ocupar el cargo se vio envuelto en el escándalo Luxleaks, que destapó los acuerdos fiscales secretos entre su gobierno en el Gran Ducado con más de 300 empresas multinacionales –entre ellas se encuentran Apple, Ikea y Pepsi–. Tanto él como su país siempre han mantenido que nada de lo realizado era ilegal si bien Juncker admitió un “exceso de ingeniería fiscal”. Ahora la lucha contra la evasión fiscal también forma parte de su lista de prioridades.