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Medio ambiente
17 de octubre de 2018
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Martes, 25 de noviembre de 2014
Eva Terol
La amenaza transatlántica
La UE y Estados Unidos negocian con gran secretismo el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, que eliminaría numerosas regulaciones sociales y ambientales europeas
Sesión plenaria del Parlamento Europeo en su sede de Bruselas (Bélgica) / Foto: JMP Sesión plenaria del Parlamento Europeo en su sede de Bruselas (Bélgica) / Foto: JMP
Si hoy conocemos el contenido del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) que la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos llevan negociando desde junio de 2013, es porque el grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea filtró el borrador en el Parlamento Europeo y acabó forzando que se desclasificara una de sus partes, concretamente el mandato negociador comunitario.

El secretismo y la falta de transparencia en las negociaciones de un acuerdo que afectará a 800 millones de personas y persigue la creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y el viejo continente –la mayor de este género en el mundo– son, precisamente, una de las principales críticas que esgrimen contra él grupos políticos como los que integran la Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes, así como numerosos colectivos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales.

El 40% de productos 'made in USA', vetados en Europa por normas de seguridad

La mayoría de ellos salieron a la calle el pasado 11 de octubre en 350 ciudades europeas –31 de ellas españolas– que se sumaron a una movilización internacional convocada bajo el nombre de Día Europeo contra el Tratado de Libre Comercio. En nuestro país, Izquierda Unida, Equo, Podemos, Izquierda Anticapitalista y Procés Costituent fueron algunas de las 128 organizaciones que forman parte de la campaña #NoalTTIP y que respaldaron las manifestaciones. En Barcelona, participó en los actos de protesta la conocida politóloga y activista antiglobalización Susan George, quien participó en las jornadas Soberanía secuestrada, derechos en peligro.

Esa misma jornada se celebraba el Día Mundial contra el Fracking. “De aprobarse este tratado tendría consecuencias gravísimas para todos nosotros, y también para el medio ambiente. De hecho, el fracking se encontraría con una legislación mucho más laxa, que allanaría el camino a la importación a Europa de gas proveniente de fractura hidráulica desde Estados Unidos”, señalaba la eurodiputada por Izquierda Unida Marina Albiol.

Ocupar la calle y hacer visible que se está concertando el mayor acuerdo transatlántico desde el final de la Segunda Guerra Mundial era otro de los objetivos de las marchas y concentraciones. Porque a pesar del alcance de lo que se está discutiendo, la negociación se está llevando a cabo “de una forma totalmente opaca y de espaldas a la ciudadanía”, denuncia Albiol.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos será el de más profunda trascendencia de la historia, tanto cuantitativa como cualitativamente. “No sólo incluirá la reducción de aranceles, sino que armonizará las regulaciones y normas que son el auténtico obstáculo para un mayor comercio libre en opinión de los promotores del tratado”, explica la eurodiputada alemana por Los Verdes Ska Keller. “Esto conllevaría una amenaza importante para los estándares medioambientales y de consumo a ambos lados del Atlántico. Productos y procesos actualmente prohibidos en la UE probablemente serán legales con el TTIP”, añade.

“Con las actuales regulaciones de seguridad europeas en materia de uso de hormonas o de tratamiento con cloro de pollos y pavos, más del 40% de los productos norteamericanos no podrían venderse en Europa”, afirma Pedro Chávez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y asesor en Bruselas de Izquierda Plural. “La ofensiva de la gran agroindustria estadounidense contra esta protección al consumidor es uno de los verdaderos caballos de batalla del TTIP”, asegura.

Tribunales de arbitraje privados

Para el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, “el TTIP es una amenaza para nuestro modelo social, los servicios públicos, la agricultura o la propiedad intelectual, porque entiende que las regulaciones laborales, medioambientales o de la salud no pueden ser una barrera para el comercio. De algún modo, viene a decir que los beneficios económicos de unos pocos valen más que nuestros empleos, nuestro bienestar, la ecología o, simplemente, nuestras vidas”.

“El objetivo real de las negociaciones no son las barreras arancelarias, sino las constricciones reguladoras que limitan los beneficios actuales y potenciales de las corporaciones multinacionales”, insiste Chaves.

Uno de los puntos más controvertidos del TTIP es la creación de tribunales de arbitraje privados, que tendrán carácter internacional y, por tanto, un nivel jurisdiccional superior a los tribunales de cada estado. Ésta es una de las consecuencias de la inclusión en el tratado de las cláusulas ISDS (Acuerdos de Protección del Inversor, por sus siglas en inglés) que dan a las multinacionales la posibilidad de demandar a los estados si consideran que los gobiernos han aprobado leyes que les perjudiquen en su búsqueda de beneficios.

“Lo que se pretende es que un gobierno de izquierdas no pueda llevar a cabo determinadas políticas”, critica Marina Albiol. “Por ejemplo, si se decide recuperar para lo público algo privatizado, este tratado permitiría que una empresa denunciara al gobierno por hacerlo, por lo que no se trata sólo de un objetivo económico, sino también político”, expone la eurodiputada, que define el Tratado de Libre Comercio como “un ataque a la soberanía popular”.

“Los ISDS son tan peligrosos porque no hay una definición muy clara de los derechos de los inversores en los procesos de arbitraje internacional”, apunta Ska Keller. Y pone dos ejemplos recientes para advertir sobre el impacto negativo que los ISDS pueden tener sobre la legislación medioambiental.

"El TTIP intensificaría la subordinación de la política a los mercados"

La empresa financiera estadounidense Lone Star ha demandado al gobierno de Quebec porque aprobó una moratoria en las exploraciones de fracking en esta provincia francófona canadiense. El gobierno debe pagar ahora una gran cantidad de dinero en concepto de compensación o bien ponerse de acuerdo con el inversor para retirar la moratoria.

Asimismo, la eléctrica sueca Vattenfall ha denunciado al gobierno alemán por abandonar la energía nuclear. Esta decisión de un cambio estratégico en la política energética fue ratificada por una mayoría abrumadora en el Parlamento de Berlín y tiene el apoyo de buena parte de la ciudadanía del país. Vattenfall exige más de 3.600 millones de euros como “compensación” porque la decisión recortará los beneficios de la empresa.

“Después del TTIP, si éste se aprobara, la subordinación de la política a los mercados sería una realidad aún más intensa y asfixiante, y la capacidad de las instituciones democráticas para generar políticas públicas a favor de la mayoría se reducirían considerablemente”, advierte Pedro Chaves.

Finales de 2015 es la fecha prevista para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. En España, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado, con el voto de PP, PSOE y CiU, pedir al Gobierno un posicionamiento formal y público contra la propuesta del acuerdo, tal y como solicitaba Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Mientras tanto, se ha puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que busca conseguir un millón de firmas contra el acuerdo transatlántico y la plataforma #NoalTTIP reúne cada vez más voces críticas que presionan para su retirada.

“Podemos parar el TTIP y el resto de acuerdos que se están negociando –el CETA (Tratado de Comercio e Inversión con Canadá) y el TISA (Tratado sobre Comercio y Servicios)– afirma Florent Marcellesi. “Hace 15 años conseguimos frenar algo muy parecido que se llamaba el Acuerdo Multilateral de Inversiones. En esta legislatura, pararemos el TTIP”, asegura con optimismo el representante de Equo. 

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