Recientemente, un supuesto economista experto en los sectores de la energía y las finanzas, que casualmente ha desarrollado una parte importante de su carrera profesional en una compañía petrolera y actualmente es gestor en uno de los fondos más activos en energía, hacía en una entrevista una encendida defensa del fracking: desgranaba sus ventajas y minimizaba los efectos y los riesgos ambientales. Incluso llegó a explicar que los costes de la energía iban a disminuir, una afirmación que ya he escuchado otras veces y que hasta ahora nunca ha sido cierta.

Los ciudadanos tienen derecho a tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa

Tras la lectura de la entrevista sentí un ímpetu irrefrenable y corrí a invertir mis ahorros en acciones de estas compañías benefactoras de la economía nacional y el bien común. ¡Todo por la patria! Y por el bolsillo, como nos enseñan algunos de nuestros más preclaros políticos y empresarios.

Coinciden estas declaraciones con el debate en torno a la autorización a Repsol de investigaciones exploratorias de hidrocarburos en Canarias. El presidente de Repsol nos ha dicho, en varias ocasiones y en varios medios de comunicación, que esas actividades no entrañan riesgos ambientales.

Por desgracia, en ambos casos personas con aparente conocimiento, e incluso con altas responsabilidades, tratan a los ciudadanos como niños que es mejor que no conozcan una realidad levemente incómoda. Evidentemente se equivocan con esta ¿mentira piadosa? Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad y a tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa, aún a riesgo de estropear un buen negocio (para algunos).

Pozos 'malos'

La realidad es que las actividades de investigación exploratoria autorizadas a Repsol en las proximidades de las Islas Canarias tienen un alto riesgo ambiental. El Gobierno les ha exigido el máximo importe que la Administración puede pedir a una empresa para un seguro de responsabilidad medioambiental (20 millones de euros).

Y en lo relativo al fracking la realidad es que es una actividad que entraña riesgos ambientales que pueden ser importantes y afectar también a la salud y los bienes económicos de las personas. Es un tema suficientemente serio como para hacerlo bien desde el primer momento y procurar no equivocarse.

Las empresas deben costear todas las precauciones ambientales necesarias

Por ello la Comisión Europea publicó en 2014 una Recomendación con unos principios mínimos para la utilización del fracking. Su objetivo es que el empleo de la fractura hidráulica se haga garantizando la preservación de la salud pública, el clima y el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y la información del público.

Si de verdad hay recursos energéticos suficientes para que merezca la pena aplicar las técnicas del fracking: hágase bien y con todas las garantías; cuéntese a los ciudadanos la verdad siempre; y créense los medios adecuados para informar bien a la población.

Introdúzcase en los modelos de negocio de las empresas explotadoras los costes de adoptar todas las precauciones ambientales necesarias, incluidos los costes de prevención, evitación y reparación que exige la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. Y si las cuentas no salen, que no se permita la explotación. Que no sea necesario crear una empresa pública que compre los pozos de fracking malos.


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