A partir del 1 de enero de 2015, Madrid cerrará al tráfico los barrios de Sol y Palacio, una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital por la que sólo podrán circular los coches de los residentes, quienes dispondrán de 10 pases al mes para vehículos ajenos a la zona.
Los turismos que no pertenezcan a vecinos tendrán acceso únicamente a las grandes avenidas y a los 13 aparcamientos ubicados dentro del perímetro. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad y se castigarán con multas de 90 euros.
Las motocicletas podrán transitar de siete de la mañana a 10 de la noche y las furgonetas de reparto, entre las 10 de la mañana y la una de la tarde de los días laborables.
En Madrid el nivel de contaminación sigue muy por encima del tope legal
Sol y Palacio se sumarán así a los barrios de Cortes (conocido también como Las Letras) y Embajadores, los primeros que fueron declarados Área de Prioridad Residencial (APR) hace casi una década.
Juntos conformarán un área de 352 hectáreas de tráfico restringido, en la que residen 86.000 personas. Antes de la primavera, el veto a los coches podría llegar también a Justicia y Universidad (Chueca, Malasaña y Conde Duque), los últimos barrios del distrito Centro que mantendrán el libre acceso de vehículos privados.
En la ciudad madrileña hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. La crisis económica ha duplicado su edad media, que ha pasado de 5,7 años en 2008 a 9,3 en 2013.
La estrategia forma parte de un Plan de Movilidad que pretende desterrar, en el año 2020, el uso del vehículo privado del núcleo central de Madrid, una superficie de 5.000 hectáreas limitada por la autovía M-30.
El Ayuntamiento madrileño busca también reducir el número de víctimas de accidentes de circulación, así como rebajar el ruido provocado por el tráfico y el nivel de contaminación atmosférica, que sigue muy por encima del tope legal impuesto en 2010 por la Unión Europea.
La alcaldesa Ana Botella (PP), que ha anunciado su voluntad de no presentarse a la reelección, confía en poder cumplir el límite europeo el 1 de enero de 2015. La contaminación por dióxido de nitrógeno, que procede en su mayor parte del tubo de escape de los vehículos diésel, se ha reducido un 21% desde 2011.
4.300 muertes prematuras
Otro alcalde que se ha puesto manos a la obra para liberar a su ciudad de la polución que causan los motores de gasóleo, es Boris Johnson. El regidor londinense ha anunciado que compensará con hasta 2.000 libras esterlinas (más de 2.500 euros) a los propietarios de coches diésel que se cambien a modelos no contaminantes.
Con esta iniciativa, el político pretende desalojar entre 150.000 y 300.000 vehículos de este tipo de las calles londinenses y se uniría a París como ciudad europea que busca librarse de los coches diésel por su efecto nocivo en la calidad del aire.
El uso del diésel fue promovido en su momento como una alternativa barata a la gasolina y por generar menos dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Sin embargo, los motores alimentados con este combustible emiten más micropartículas de hollín y dióxido de nitrógeno, que son responsables, junto a las calefacciones, de las nubes grisáceas que cubren algunas urbes.
Investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyeron en 2012 que el humo de los vehículos diésel podía causar cáncer de pulmón y posiblemente de vejiga.
El humo de los coches diésel podía causar cáncer de pulmón y posiblemente de vejiga
En la presentación de su plan, que costaría alrededor de 376 millones de euros, Boris Johnson llegó a relacionar la mala calidad del aire con unas 4.300 muertes prematuras anuales.
Por su parte, Barcelona también ha decidido adoptar medidas frente al problema de la contaminación atmosférica y, a partir de la próxima legislatura, la Generalitat de Catalunya cobrará un impuesto especial a los vehículos que transiten por la ciudad y el área metropolitana.Es una de las medidas incluidas en un nuevo plan de actuación para mejorar la calidad del aire en las zonas de protección especial (ZPE), que también prevé abaratar en un 50% las tarifas del transporte público en los días de alta contaminación, es decir, aquellos en los que los niveles de partículas en suspensión (PM10) o de óxidos de nitrógeno (NOX) sobrepasen los límites fijados por la Unión Europea para estos contaminantes.
Además, como medida disuasoria, se incrementarán en un 25% las tarifas de los peajes que dan acceso a la zona metropolitana y de los aparcamientos municipales regulados, las zonas azul y verde.
El ámbito del plan abarca 40 municipios metropolitanos de las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Estas zonas de protección especial del ambiente atmosférico ocupan un superficie de 725 kilómetros cuadrados y suman una población de 4,3 millones de habitantes, casi un 60% de la población de Cataluña.
El Govern de la Generalitat también prevé desgravaciones fiscales para la actividad industrial que reduzca las emisiones contaminantes, así como la promoción del transporte ferroviario de mercancías con el fin de aumentar su cuota con respecto al transporte de carretera.
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