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Medio ambiente
15 de julio de 2018
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Jueves, 31 de julio de 2014
Enia Sánchez
Una denuncia previsible
La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir con la legislación en materia de residuos
Botellas de plástico junto a otros residuos en la playa / Foto: Kochneva Tetyana Botellas de plástico junto a otros residuos en la playa / Foto: Kochneva Tetyana

España no ha hecho los deberes en materia de gestión de residuos. Lleva incumpliendo la normativa europea que regula la gestión de los vertederos desde el año 2009, fecha límite que la directiva de 1999 al respecto había establecido para adaptar las instalaciones a unos criterios de seguridad o, en caso contrario, clausurarlas con el objetivo de prevenir o reducir los posibles efectos negativos de los desechos sobre la salud humana, el agua, el suelo y el aire. 

Ahora, tras el caso omiso hecho a las advertencias de los últimos años y al ultimátum recibido en enero de 2013, la Comisión Europea ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que puede tardar unos dos años en dictar sentencia. Según informa el ejecutivo comunitario, España tiene abiertos 31 vertederos que incumplen la normativa: hay 28 que deberían haber cerrado y tres que están pendientes de renovación para adaptarse a la legislación, los de Ortuella (País Vasco), Zurita y Juan Grande (islas Canarias).

Cerca del 70% de los residuos urbanos, muchos reciclables, acaban en el vertedero

En España, la materia está regulada por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que es una trasposición de la Directiva Europea de Residuos, y las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, si bien las autorizaciones de estos depósitos corresponden a los ayuntamientos. Sucesivos decretos, en 2008 y 2009, concedieron subvenciones a las comunidades autónomas para el cierre de vertederos legalizados, pero que actuaban irregularmente. 

Diversas asociaciones ecologistas llevan años denunciando la mala gestión de los residuos en nuestro país. Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra publicaron el pasado noviembre el informe Un yacimiento en la basura, en el que denunciaban que la mayor parte de los residuos urbanos, muchos de ellos reciclables, acaban en los vertederos: cerca del 70%.

Las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en España se generaron 23,3 millones de toneladas de residuos urbanos en 2011, un 4,5% menos que en 2010. Es decir, se recogieron 504,5 kilogramos de residuos por persona y año. 

“Se continuará permitiendo el dumping ambiental, es decir, el tráfico de residuos dentro del territorio nacional en pos de tratamiento más barato y con peores resultados: el vertedero. La jerarquía en la gestión de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización energética, vertido) debiera ser no sólo un principio inspirador, sino un criterio para no autorizar el traslado de residuos cuando éste suponga un menor rigor en su tratamiento”, afirman desde Ecologistas en Acción.

Asimismo, la organización hace hincapié en el “gran negocio de la recogida de basuras y gestión de los residuos, que mueve al año 4.500 millones de euros. Si se le suma la limpieza urbana, la cifra asciende a 5.150 millones de euros”. Un sector que las malas prácticas tratan de hacer aún más lucrativo.

Cambio de sistema

Lo que no se recicla, acaba incinerado, enterrado en vertederos o abandonado en nuestro entorno en microvertederos ilegales, lugares en los que se vierten indiscriminadamente las basuras para evitar pagar tasas. La campaña Desembasura, convierte los residuos en recursos, puesta en marcha por la asociación Retorna en la primavera-verano de 2012, detectó y geolocalizó cerca de 1.500 puntos negros en la geografía española, algunos con décadas de existencia. A nivel internacional, la iniciativa TrashOut pretende localizar y hacer informes de todos los vertederos ilegales del mundo. 

España tiene muy difícil cumplir los objetivos en materia de reciclaje de la Unión Europea

Ante tal situación, varias organizaciones agrupadas en la asociación Retorna piden un cambio en la gestión de los residuos que pasa por la aplicación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), al considerarlo más eficaz que el actual, el Sistema Integrado de Gestión (SIG), gestionado por Ecoembes y Ecovidrio.

Hoy, la recogida selectiva se hace mediante los contenedores azul, amarillo y verde de nuestras calles y la financiación llega por el sobrecargo que pagan los consumidores al comprar un producto envasado. En cambio, con el SDDR, el consumidor paga un depósito al comprar un producto que recupera al devolver el envase. Este sistema sólo se aplica a las botellas reutilizables (de vidrio) y a todos los envases de bebidas de un sólo uso (también las latas y botellas de plástico PET).

Aplicar cambios en la hoja de ruta de la recogida y tratamiento de residuos es necesario si España quiere cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea para 2030: un 70% de reciclado de residuos urbanos y un 80% de los envases, de forma que el vertido de todos los materiales reciclables esté prohibido en el año 2025. Una meta muy difícil hoy para el conjunto de España, a excepción de Cataluña y País Vasco, donde se ha avanzado mucho más en este campo.

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