Según los autores de este análisis, el comercio ilegal internacional de especies salvajes y de madera, incluso de carbón vegetal, la caza y la pesca furtivas, la minería ilegal o el vertido de residuos tóxicos, entre otros delitos contra la naturaleza, animan un mercado anual que puede alcanzar entre los 70.000 y los 213.000 millones de dólares estadounidenses (entre los 52.000 y los 157.000 millones de euros).
Los delitos contra la naturaleza suponen entre 70.000 y 213.000 millones de dólares
Y buena parte de ese dinero acaba en las arcas de grupos armados irregulares o incluso de fuerzas gubernamentales que dominan las zonas naturales donde se generan esos recursos. En comparación, los recursos destinados a la cooperación con los países en vías de desarrollo alcanza solamente un monto global de unos 135.000 millones de dólares (alrededor de 100.000 millones de euros).
Así, por ejemplo, los expertos estiman que la tala para el comercio ilegal de madera genera beneficios por valor de hasta 7.300 millones de euros, lo que podría equivaler incluso un tercio del negocio maderero mundial. Se cree que, en algunos países tropicales, la madera obtenida ilegalmente puede representar entre el 50 y el 90% del total exportado.
O que el negocio del carbón vegetal obtenido a base de quemar recursos forestales activa un negocio ilícito de más de 6.600 millones de euros en África occidental, central y oriental, lo que podría llegar a triplicar los beneficios del tráfico de drogas en la región. El 90% de la madera cortada en el continente se usa como leña o para fabricar carbón. La producción total oficial fue de 30,6 millones de toneladas en 2012.
Pero la previsión de crecimiento de la población africana, que podría tener 1.000 millones más de habitantes en 2050, podría triplicar las necesidades de carbón vegetal. Ello multiplicaría los ingresos de los grupos armados que se lucran con esta actividad. Y, por supuesto, incrementaría enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Comercio ilegal
La actividad del crimen ambiental está llevando a algunas especies animales al borde de la extinción. Tigres, elefantes, rinocerontes, grandes monos y antílopes saiga están entre ellos. El informe calcula entre 20.000 y 25.000 el número de elefantes africanos muertos cada año para obtener su marfil, sobre una población total de 420.000 a 650.000, una caza furtiva que proporciona a sus responsables hasta 140.000 millones de euros anuales. Es especialmente grave la situación del más pequeño elefante de bosque, que ha visto reducirse su población en un 62% entre 2002 y 2011.
Y esta actividad proporciona cuantiosos recursos a los grupos armados –lo que incluye a los ejércitos gubernamentales, que no son ajenos a estos crímenes– que luchan en los conflictos de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad o Níger, que podrían llevarse entre 3.000 y 9.000 millones de euros. Las mismas milicias gravan con hasta un 30% de su valor el carbón vegetal que sale de los bosques que controlan.
La ONU pide que los numerosos acuerdos internacionales dejen de ser papel mojado
Especímenes vivos o muertos de insectos, reptiles, anfibios, peces y mamíferos y sus productos asociados, que se utilizan para productos farmacéuticos, alimentos, mascotas y con fines medicinales u ornamentales tradicionales, generan un tráfico ilegal que puede llegar a entre 5.000 y 17.000 millones de euros (la cifra no incluye la pesca furtiva). Entre 2005 y 2011, aunque las cifras oficiales son mucho menores, el estudio concluye que “la cifra real es más probable que sea de alrededor de 22.000 grandes simios perdidos en el medio silvestre en ese período”.
"Más allá de los impactos ambientales inmediatos, el comercio ilegal de recursos naturales está privando a las economías en desarrollo de miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos sólo para llenar los bolsillos de los delincuentes", denunció el director ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner.
Para Steiner, “es esencial que 2014 sea un año de acciones concretas y decisivas”. Entre las recomendaciones que hace el informe están intensificar los esfuerzos para comprender la dimensión real de la relación entre los crímenes ambientales y otras actividades criminales; la creación de un sistema coordinado por las Naciones Unidas para enfrentarse al problema; endurecer y hacer más fiables los sistemas de certificación de productos naturales obtenidos de manera legal; fortalecer las herramientas institucionales, legales y regulatorias contra la corrupción oficial que favorece estas actividades y dotar de más recursos a los vigilantes, investigadores, aduaneros, fiscales o jueces que deben enfrentarse a estos delitos.
Pero de manera muy significativa, el punto número cuatro de la lista de recomendaciones del informe del PNUMA reclama “dar apoyo a una acción inmediata, decisiva y colectiva para reducir la brecha entre los compromisos y su cumplimiento”. Es decir, que los numerosos acuerdos internacionales anunciados a bombo y platillo dejen de ser, como sucede tan a menudo, simples cortinas de humo o papel mojado.
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