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Medio ambiente
19 de enero de 2018
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Miércoles, 09 de julio de 2014
Eva Terol
Chile cierra compuertas a HidroAysén

El gobierno de Michelle Bachelet desestima el polémico proyecto de construcción de cinco grandes presas en la Patagonia impulsado por Endesa y Colbún

El río Baker, uno de los más caudalosos del país suramericano / Foto: Jorge Morales F. El río Baker, uno de los más caudalosos del país suramericano / Foto: Jorge Morales F.
Las celebraciones se suceden en la Patagonia chilena, y especialmente en Coyhaique, la capital de la remota región de Aysén, a unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago. A la gran cena que tendrá lugar a finales de mes está previsto que asista el abogado y activista norteamericano Robert Kennedy Jr. y algunos miembros del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales estadounidense. 

También han confirmado su asistencia varios directivos de la fundación Conservation Land Trust, que donó cuatro millones de dólares (2,94 millones de euros) para financiar la campaña contra HidroAysén, el megaproyecto hidroeléctrico que puso en pie de guerra a la sociedad chilena y que, finalmente, no verá la luz. Por lo menos de momento.

La lucha por frenar el plan ha reunido a más de 80 colectivos y ha durado siete años

El pasado 10 de junio, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet cumplía con el compromiso adquirido antes de su segunda elección y rechazaba el estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico por considerarlo plagado de irregularidades.

La decisión ponía fin a una batalla ciudadana que se prolongó durante siete años y traspasó las fronteras del país latinoamericano. Una lucha que obró el milagro de reunir en un mismo bando a más de 80 colectivos y contó con el apoyo de carismáticos ecologistas como Douglas Tompkins, Kristine McDvitt, Peter Hartman y Juan Pablo Orrego. El enemigo común: un consorcio formado por dos gigantes de la industria: Endesa, propiedad de Enel, la mayor compañía italiana de energía, y Colbún, controlada por la familia chilena Matte.

Hoy ya se puede afirmar que la campaña Patagonia sin Represas a la que todos ellos dieron apoyo es el mayor triunfo de la historia del movimiento medioambiental chileno.

La polémica iniciativa empresarial bautizada con el nombre de HidroAysén fue presentada en agosto de 2007 y pretendía la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en los caudalosos ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena.

La zona, enmarcada en un bellísimo paisaje de bosques y glaciares, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y está considerada por los grupos ecologistas como patrimonio natural de la humanidad por su gran biodiversidad.

35 reclamaciones medioambientales

Las obras preveían la inundación de 6.000 hectáreas de terreno, lo que, a juicio de las empresas constructoras, representa sólo el 0,05% de la superficie de la región. La oposición al proyecto, agrupada en el Consejo de Defensa de la Patagonia, argumentaba en cambio que un 70% de la superficie inundada pertenecería al valle del río Baker, donde, además de asentamientos humanos, hay áreas naturales protegidas, ricas en flora y fauna, así como diversas iniciativas de desarrollo sostenible.

El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 megavatios al sistema que abastece de electricidad al centro y sur del país, con una capacidad de generación media anual de 18.430 gigavatios. La inversión prevista alcanzaba los 3.200 millones de dólares (2.363 millones de euros) y se estimaba que estaría operativo en 2025.

Los accionistas tienen la voluntad de seguir adelante con el proyecto

La propuesta también incluía una línea de transmisión de más de 2.000 kilómetros de longitud, que para llegar hasta la periferia de Santiago cruzaría 15 regiones de Chile y 66 municipios, convirtiéndose en el tendido eléctrico más largo del mundo.

En 2011, el gobierno de Sebastián Piñera, que sucedió y antecedió en el cargo a Bachelet, dio luz verde al proyecto y un año después, éste recibía el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la gran mayoría de servicios públicos llamados a pronunciarse sobre él lo hicieron en contra y se llegaron a presentar 35 reclamaciones medioambientales.

“Este es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco o insuficientemente pensados […]; el proyecto HidroAysén adolece de faltas importantes en su ejecución, al no tratar con el debido cuidado y atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven”, declaró a los periodistas el ministro de Energía, Máximo Pacheco, al término de la reunión ministerial en la que el proyecto fue desestimado.

Tras recalcar que la decisión fue tomada de forma unánime, con tranquilidad y transparencia, el ministro puntualizó que ello “en nada compromete la política energética diseñada por el Ejecutivo”.

Una victoria ciudadana

“Es un día histórico”, afirmó por su parte el coordinador internacional de la campaña Patagonia Sin Represas, Juan Pablo Orrego. “Me emociona que la ciudadanía –porque ésta es una victoria ciudadana– haya logrado inspirar a un gobierno para que haga lo correcto ante un proyecto gigante”, añadió.

Para Orrego, con el rechazo a la construcción de HidroAysén, “se está insinuando el fin de la era de los megaproyectos energéticos, termoeléctricos e hidroeléctricos, una era que en los países desarrollados terminó hace mucho tiempo”. El ecólogo dio las gracias a Chile “porque esta campaña la ha hecho el país entero” y reconoció la participación de aliados de otros lugares del mundo, como Italia, España, Bélgica y Argentina.

Chile importa el 97% de los hidrocarburos que consume y su matriz energética se compone en un 40% de energía hidráulica y el resto de combustibles fósiles, a través de centrales termoeléctricas. El déficit de fuentes energéticas propias ha situado el precio de producción de un megavatio hora entre los más caros de América Latina, con un coste que supera los 118 euros, frente a los 40 que se pagan en Perú, los 29 en Colombia o los siete euros en Argentina.

Chile es el único país del mundo cuyos recursos hídricos están en manos privadas

La resolución del ejecutivo de Bachelet contra HidroAysén puede recurrirse en un plazo de 30 días ante el Tercer Tribunal de Valdivia, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Daniel Fernández, ha anunciado ya que los accionistas (Endesa, con un 51%, y Colbún, con el 49%) tienen la voluntad de seguir adelante con el proyecto, a pesar del rechazo del Comité de Ministros.

Para ello, la empresa “ha mantenido y mantendrá el pago de patentes de aguas, el pago de patentes de protección minera, las solicitudes administrativas de permisos sectoriales y la defensa de los intereses y derechos ante sedes contraloras (auditoras) o jurisdiccionales”, aseguró Fernández.

Chile es el único país del mundo cuyos recursos hídricos están en manos privadas. La privatización de los ríos comenzó bajo la dictadura de Pinochet y Endesa es hoy la propietaria del 80% de los derechos de aguas no destinados al consumo del estado. A pesar de que HidroAysén no pueda construirse en los próximos años, la firma conservará los derechos de las cuencas de los ríos Baker y Pascua, por lo que en el futuro podría presentar nuevos proyectos en la zona.

En la patria de Allende y Neruda, la nacionalización del agua es desde hace años el caballo de batalla de los defensores de la naturaleza, hoy más activos que nunca en dos frentes: el Código de Aguas Chileno, que data de 1981 y niega al agua su condición de derecho humano, y al estado la potestad para definir las prioridades en su uso, y la nueva Constitución planteada por Michelle Bachelet, donde esperan que el agua vuelva a consagrarse como un bien de uso público y el estado recupere el poder para fiscalizar e intervenir en las concesiones.

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