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Medio ambiente
23 de enero de 2018
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Viernes, 16 de mayo de 2014
Pau Ruiz
Castor causó los terremotos
Un primer informe oficial, ocultado durante meses, concluye que el depósito submarino de gas provocó los cientos de seísmos registrados en el litoral de Tarragona y Castellón
Ilustración de la plataforma desde la que opera el depósito submarino / Foto: Escal UGS Ilustración de la plataforma desde la que opera el depósito submarino / Foto: Escal UGS
Nadie lo dudaba, salvo el Gobierno y la empresa que, aunque ya lo habían reconocido en parte, se declaraban a la espera de los resultados de estudios geológicos oficiales rigurosos. Y cuando el primero de ellos lo confirmó, desapareció durante meses en los cajones de la administración hasta que un diputado ha forzado ahora su publicación.

El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), fechado el 17 de diciembre, pero no conocido hasta esta semana, pese a las reiteradas peticiones desde principios de año del diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, constata que el medio millar de terremotos registrados el pasado otoño en la zona costera situada entre el sur de la provincia de Tarragona y el norte de la de Castellón fueron provocados por la introducción de gas a presión en el gigantesco depósito submarino bautizado como Proyecto Castor.

La fiscalía denunciará a la secretaria de Estado de Cambio climático en 2009 y a Escal UGS

“Todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”, concluye el estudio, que descarta que, como alegaba la empresa, los temblores se originaran en la bien conocida falla tectónica de Amposta, sobre la que se asienta en parte el depósito. Por el contrario, los expertos afirman que se debieron a que la actividad de Castor “ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado”. Es decir, en una nueva fractura de la corteza hasta ahora no identificada.

Un segundo estudio solicitado al Instituto Geológico y Minero Español (IGME), que obra en poder del Gobierno desde febrero, no ha sido hecho público todavía, lo que acrecienta las sospechas de que coincide en sus conclusiones con el anterior. El ministro alega ahora que falta conocer el dictamen de diversos “expertos independientes” a los que también se ha reclamado su parecer. Se trata, explicó, de investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), ambos organismos estadounidenses.

La reacción de la fiscalía ha sido inmediata. Probablemente intentando ahorrarle al Gobierno la cuantiosa indemnización que, según los términos del contrato de licitación, deberá pagar a la empresa si el proyecto se cancela, el ministerio público ha anunciado la presentación de una querella contra la secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, Teresa Ribera, responsable de la declaración de impacto ambiental del proyecto, y contra la empresa constructora, Escal UGS, propiedad en un 66% de la constructora ACS que preside Florentino Pérez, por los presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente, que pueden acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

Cuantiosa indemnización

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reiterado tras la publicación del documento que si Castor constituye "un peligro para las personas", el Gobierno ordenará su cierre definitivo. Soria garantizó esta semana que “si (los estudios internacionales) lo confirman, desde luego que no se volverá a abrir” el depósito, cuyas actividades están cautelarmente paralizadas desde el 26 de setiembre.

Y eso llevaría a la empresa a reclamarle los 1.300 millones invertidos hasta ahora en su desarrollo. El Tribunal Supremo rechazó en octubre la pretensión del Gobierno de anular la indemnización en el caso de que mediara negligencia o dolo (engaño o fraude) por parte de la empresa que lo gestiona. Así que ha tenido que recurrir a otra estrategia jurídica.

La empresa reconoció que la instalación podía provocar temblores de intensidad leve

Un informe realizado en 2005 durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén por el Observatorio del Ebro, situado en Roquetes, junto a Tortosa (Tarragona) ya advertía de que “la actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”. Ello no impidió que el entonces Gobierno socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, a través de un decreto del 16 de mayo de 2008, firmado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, otorgara a Escal UGS la concesión de la explotación del depósito por un periodo de 30 años.

Tras los seísmos del pasado otoño, la empresa reconoció sin ambages que instalaciones de este tipo suelen provocar temblores de intensidad leve, de hasta tres grados en la escala de Richter, sin mayores consecuencias. Actividades industriales como la inyección o extracción de gases, petróleo o residuos químicos, o el llenado de embalses, son causa de actividad sísmica de diferentes intensidades, en ocasiones graves, en muchas partes del mundo.

Pero entre mediados de setiembre y octubre del año pasado, coincidiendo con el inicio de una nueva fase de llenado del depósito desde una plataforma marina, empezaron a registrarse cientos de pequeños seísmos, hasta 512, de los que una quincena tuvieron la suficiente magnitud como para ser percibidos por la población, entre la que generaron gran alarma, reavivando la contestación social que había despertado el proyecto. El 1 de octubre, uno de los terremotos alcanzó los 4,2 puntos en la escala de Richter.

El Proyecto Castor consiste en un depósito estratégico de gas natural situado bajo el mar, a 1.750 metros de profundidad, en un antiguo yacimiento de petróleo explotado por Shell y agotado en los años 70. La instalación se halla a unos 22 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón) y tiene una capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos, el consumo medio de 50 días de todo el país. El combustible inyectado a presión en el hueco submarino se transportaría a la costa a través de un gasoducto de 30 kilómetros de longitud.

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