El 27 de noviembre de 1997 se aprobó la ley que liberalizaba las actividades de generación y comercialización eléctrica, hasta el momento competencia exclusiva del Estado. Desde entonces se ha desarrollado una extensa normativa sobre el sector, con más de 80 órdenes ministeriales, reales decretos y leyes complementarias, que ha provocado una enorme confusión y numerosas contradicciones. Por ello, ha sido denunciado incluso por organismos como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia o el Consejo de Estado.

Una de las consecuencias de esta política de opacidad es que en España es prácticamente imposible entender el recibo de la luz. Una situación que numerosos expertos coinciden en que es beneficiosa para el pequeño grupo de cinco empresas energéticas que controlan a modo de oligopolio todo el mercado eléctrico del país.

La deuda con las cinco grandes empresas eléctricas es de 26.000 millones de euros

Pero hay otra consecuencia aún más grave para las arcas públicas de este complejo mercado de compraventa de energía: el mito del llamado déficit de tarifa. Según este concepto, desde 2002 las empresas eléctricas están vendiendo a sus abonados –hogares y empresas– la energía más barata de lo que les cuesta producirla. En aquel año, el entonces ministro de Economía Rodrigo Rato estableció una norma según la cual las tarifas eléctricas no podían subir más que el Índice de Precios de Consumo (IPC). Desde entonces, la inflación ha subido una media del 2,5% anual y, en cambio, la producción de energía mucho más. Por ejemplo, sólo el barril de petróleo pasó en este período de costar 30 dólares a 90 (de unos 22 a 66 euros).

Desde entonces, la deuda que el Estado acumula con las cinco grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y EON– ha ascendido hasta los 26.000 millones de euros. Sólo en 2013 –el año en que el ministerio de Industria anunció que acabaría con este concepto y que el recibo de la luz pasaría a costar su precio real– se incrementó en otros 3.500 millones.

Para tratar de dimensionar que supone esta cifra únicamente hace falta recordar que el rescate de Bankia costó sólo 23.500 millones de euros y el mayor recorte del Gobierno de Mariano Rajoy se justificó para conseguir un ahorro de 65.000 millones.

Pero a lo largo de estos 11 años en que las arcas públicas acumulaban este enorme agujero, las grandes eléctricas no sólo eran capaces de seguir garantizando el suministro eléctrico de millones de abonados a pesar de estar vendiendo su producto por debajo de los costes de producción, sino que además obtenían unos beneficios por encima de los 82.000 millones de euros –7.639 millones durante los nueve primeros meses de 2013– convirtiéndose en las empresas energéticas más rentables de Europa.

Una auditoría energética

¿Cómo puede ser, entonces, que acumulen estos enormes beneficios, por encima de la media de sus homólogos europeos, si están vendiendo la electricidad por debajo de su precio real? El problema es que nadie en España, excepto las propias compañías interesadas, sabe cuánto cuesta la producción de electricidad. Las protege un sistema enormemente opaco, envuelto en una maraña legal incomprensiblemente compleja y confusa y organizado en un régimen de oligopolio en que productores y distribuidores son las mismas empresas que se compran y venden a sí mismas sin prácticamente ningún control efectivo –como demostró el escándalo de la subasta energética amañada del pasado diciembre–.

Para acabar con tantos secretos y tantas dudas razonables, la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE) ha lanzado una Iniciativa Legislativa Popula para forzar una auditoría energética que establezca de forma veraz e imparcial el coste real de la producción eléctrica española: cuantifique realmente el monto del déficit de tarifa –si es que realmente existe– y permita que los consumidores sepan si el actual precio de sus recibos es justo o desorbitado.

Las primas a las renovables son la excusa para justificar las subidas de la luz

Para conseguir sus objetivos la ASECE debe conseguir más de medio millón de firmas en menos de tres meses. Después, el texto de su propuesta legislativa deberá ser aceptado a trámite por la mesa del Congreso de los Diputados; ser debatido, enmendado y, en su caso, aprobado por el Pleno parlamentario, y después repetir el proceso en el Senado para que la Ley de Auditoría del Déficit de Tarifa Eléctrico sea una realidad. Un vía crucis casi imposible de terminar pero que tendría como beneficio la apertura de un debate social sobre el modelo energético español y el dogma del déficit tarifario.

La promulgación el 12 de julio del año pasado del Real Decreto-ley 9/2013 por el que “se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico” fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de ASECE –así como de la mayoría de los pequeños productores de energías renovables–. Mediante este decreto se eliminaban de un plumazo todas las primas a las energías renovables, dejando en la más absoluta inseguridad jurídica a decenas de miles de pequeños inversores e hipotecando el futuro desarrollo de la transición energética en el país.

Y es que desde 2007 las primas a las renovables se convirtieron en la excusa principal para justificar que las cada vez más intensas subidas del recibo de la luz –incluidas autorizaciones excepcionales para incrementarse por encima del IPC– no consiguieran frenar el crecimiento del déficit de tarifa. Un discurso que convirtió a los productores de renovables en el chivo expiatorio de un problema que no han causado y para el que podrían ser determinantes a la hora de resolverlo.