Tras dos décadas de litigio, los campesinos y comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana han ganado una importante batalla, que no la guerra, contra la compañía petrolera estadounidense Chevron, que absorbió en 2001 la firma Texaco, responsable de sus males.

La Corte Nacional de Ecuador ha condenado a la empresa transnacional a pagar 9.500 millones de dólares (7.000 millones de euros) por los vertidos tóxicos realizados entre 1964 y 1990, que causaron según el fallo un grave daño ambiental.

La máxima instancia judicial del país suramericano ha ratificado así la sentencia dictada por un juzgado provincial en 2011. Sin embargo, ha eliminado la cláusula de la misma que preveía un aumento de la indemnización –hasta el doble– en el caso de que la petrolera no pidiera disculpas públicamente.

La sentencia condena a la empresa a pagar 7.000 millones de euros de indemnizaciones

“Los afectados sienten que su dignidad humana les fue arrebatada hace décadas. La pulsión por recuperar esta dignidad y obligar a la petrolera a responder por sus crímenes es el móvil principal que ha sostenido la lucha de estos 30.000 ecuatorianos por ya 20 años”, afirma a EcoAvant.com el abogado de los afectados, Juan Pablo Sáenz.

Los hechos juzgados se registraron durante casi tres décadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, situadas en el nordeste del país. Según denuncia la Asamblea de Afectados por Texaco, la petrolera arrojó en ríos y esteros de un área de 4 millones de hectáreas unos 60 mil millones de litros de agua tóxica, cavó más de 800 fosas en el suelo de la selva y vertió en ellas desechos del hidrocarburo y derramó 650 mil barriles de crudo contaminando el agua y la tierra, bases de la subsistencia indígena. 

La catástrofe medioambiental ha castigado duramente a la población del lugar y lo seguirá haciendo con las futuras generaciones: ha causado la muerte de unas 1.400 personas por cáncer y enfermedades diversas además de ocasionar malformaciones en bebés. “La contaminación se mantiene hasta la actualidad, lo cual ha generado una emergencia sanitaria en la zona, donde se reportan altísimos niveles de dolencias oncológicas y de otros tipos”, explica Sáenz.

Asimismo, los vertidos tóxicos provocaron la extinción de pueblos indígenas enteros como los Tetetes y Sansahuaris y obligó a migrar a otros territorios a las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa.

Desde el colectivo de afectados remarcan que el desastre no fue un accidente, sino el producto de continuas malas prácticas. Según relatan los damnificados, Chevron tenía la tecnología necesaria para evitar el deterioro del entorno –la estaba empleando al mismo tiempo en Estados Unidos–, pero no la quiso utilizar en Ecuador para recortar sus costos de producción.

Embargo en terceros países

A pesar de la sentencia favorable, que supone el final del recorrido judicial en el país suramericano, queda mucho camino por recorrer para que Chevron asuma sus responsabilidades. La petrolera se deshizo de todos los bienes que tenía en Ecuador, así que los demandantes han iniciado una serie de acciones de ejecución del cobro en países extranjeros donde la transnacional tiene activos, concretamente en Argentina, Brasil y Canadá.

“En Argentina, la acción de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana se desarrolla con relativa normalidad. Sin embargo, los demandantes ecuatorianos han tenido que enfrentarse a la creciente influencia política de Chevron en el país, fruto de su rol en la exploración y explotación en el yacimiento Vaca Muerta”, denuncia el abogado. En Brasil, el proceso empezará en los próximos meses, y en Canadá todavía se desconoce si el procedimiento arrancará o no.

La sentencia favorable abre la posibilidad de iniciar otras acciones legales en nuevas jurisdicciones. Según explica Sáenz, los demandantes ya tienen un listado de aproximadamente 30 países adicionales en los que Chevron tiene bienes y han entablado relaciones con abogados locales.

Además de las citadas maniobras para conseguir el cobro de la indemnización, se prevé la subasta de las 50 marcas de Chevron Corporation que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual embargó tras la sentencia del juzgado provincial. De esta forma, se podrían recaudar entre 100 y 300 millones de dólares de la suma total, según detalla el diario ecuatoriano El Universo.

Texaco vertió 650.000 barriles de crudo y 60.000 millones de litros de agua tóxica

La empresa no ha acatado la sentencia. Defiende que la causa no existe y que se trata de un fraude. “Chevron nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum Co. cesó sus operaciones en el país en 1992 y después se repararon las zonas que habían sufrido impactos ambientales”, manifiesta en una página web creada especialmente para tratar el caso. Los demandantes replican que no se llevó a cabo una reparación ambiental y que tan sólo se cubrieron con tierra las piscinas de residuos tóxicos.

Chevron va más allá y acusa a la compañía estatal ecuatoriana, Petroecuador, que explota los pozos desde 1993, de ser la causante de la contaminación actual de la zona.

En busca de la nulidad de la sentencia, la petrolera norteamericana ha acudido a los tribunales estadounidenses para que fallen que el laudo de 2011 se dictó de manera fraudulenta porque, según afirma, el abogado defensor falseó informes y sobornó al juez. La petrolera también está a la espera de la resolución del Tribunal Internacional de La Haya, prevista para el próximo enero, sobre la manera de intervenir en el proceso del Gobierno ecuatoriano.

“Chevron está buscando criminalizar esta lucha ambiental caracterizando a los demandantes ecuatorianos y sus representantes como viles delincuentes que buscan extorsionarla, en búsqueda de riquezas”, esgrime Sáenz, quien concluye: “Tanto durante sus operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana como en los proceso judiciales contra ella entablados, la multinacional Chevron ha tenido una actitud irrespetuosa, irresponsable, racista e imperialista”.