Según sus propios impulsores, es el mayor convenio de este tipo firmado nunca por Canadá y podría suponer un incremento del 23% del comercio bilateral entre ambos territorios, por un valor estimado de 26.000 millones de euros. A pesar de esto, y en parte a causa de la opacidad de las negociaciones, apenas se han hecho públicos algunos de sus aspectos. Los fabricantes canadienses de queso han sido el único colectivo que ha puesto pegas a determinadas cláusulas.
El CETA autorizaría a cualquier empresa canadiense a recurrir la normativa ambiental
Pero los inconvenientes de su puesta en marcha podrían ser mucho mayores que la protección del queso artesanal canadiense. Según un informe elaborado por The Transnational Institute (Instituto de Transnacionales), el Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo de las Corporaciones) y The Council of Canadians (Consejo de Canadienses), el CETA podría permitir a las grandes empresas de hidrocarburos recurrir en los tribunales la legislación que trata de frenar o controlar los efectos más negativos del fracking.
El fracking, o fractura hidráulica, es un sistema de extracción de petróleo o gas no convencional que necesita grandes cantidades de tierra y agua, lo que incrementa los daños medioambientales –principalmente por la contaminación de los acuíferos, aunque también la atmosférica–, la destrucción de paisajes y el riesgo de terremotos inducidos –en aquellos sitios en que su práctica coincida con la existencia de fallas–, debido a que se basa en la inyección de líquido en la roca a muy fuerte presión.
Por estos motivos, no son pocos los gobiernos europeos que lo han prohibido o, como mínimo, le han exigido fuertes precauciones ambientales. Sin ir más lejos, la Asamblea Nacional francesa lo vetó en la totalidad del territorio galo. En España, centenares de ayuntamientos se han declarado “libres de fracking” y también lo ha prohibido el Parlamento de Cantabria, con una medida cuya aplicación están estudiando otras comunidades autónomas, como la catalana.
Autorizar o indemnizar
Pero, según los autores de este informe –los investigadores Pia Eberhardt, Timothé Feodoroff, Emma Lui, Cecilia Olivet y Stuart Trew–, las cláusulas de protección de las inversiones que incorpora el articulado del CETA podrían dejar todas estas prohibiciones en papel mojado.
Sus temores se basan en el caso de la empresa Lone Pine Resources, que ha impugnado en los tribunales la moratoria de explotaciones de fracking decretada por el Gobierno de Quebec. La demanda de Lone Pine se basa en el tratado de libre comercio entre los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México (NAFTA, en sus siglas inglesas) y, de prosperar, el ejecutivo quebequés deberá autorizar las perforaciones o indemnizar a la compañía con grandes sumas de dinero.
El CETA contiene cláusulas de protección al inversor similares al NAFTA y, si entra en vigor, cualquier multinacional con una oficina en Canadá podría exigir judicialmente su “derecho” a explotar depósitos no convencionales de gas o petróleo en cualquier país de la Unión Europea.
El NAFTA ya permitió impugnar el veto quebequés al método de fractura hidráulica
Según Pablo Pereda, miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, “este tipo de acuerdos son un paso más en el deterioro de la capacidad que tenemos las personas de decidir sobre las cosas que nos afectan, por lo que tendremos que usar todos los medios para no ser devorados por esos monstruos al servicio de las corporaciones transnacionales”.
En febrero del año pasado, una coalición formada por más de 70 organizaciones y federaciones ecologistas, sindicales, indígenas, feministas, de comercio justo y de la salud pública de Europa y Canadá firmaron una declaración conjunta contra el CETA con motivo de la celebración de una sesión del Consejo Europeo.
“Nos oponemos enérgicamente a todo acuerdo transatlántico que ponga en peligro las garantías democráticas, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y nuestro derecho a proteger nuestra salud y la del planeta”, aseguraba el manifiesto.
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