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Medio ambiente
15 de julio de 2018
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Lunes, 16 de julio de 2012
Pau Ruiz
El valor de la costa

La reforma de la Ley de Costas, que indulta del derribo miles de edificios ilegales, coincide con la denuncia de Greenpeace de que la mala gestión del litoral cuesta 100 millones anuales al erario público

La urbanización de Empuriabrava (Girona) / Foto: Roger de Marfà La urbanización de Empuriabrava (Girona) / Foto: Roger de Marfà
La reforma de la Ley de Costas, cuyo anteproyecto presentó el Gobierno el pasado viernes, ha encendido la polémica. Once urbanizaciones masivas costeras como las de Empuriabrava (Girona), la isla de Formentera (Baleares), Santa Pola (Alicante) o Isla Cristina (Huelva) pasan a ser consideradas excepciones del dominio público marítimo terrestre, se integrarán en el Patrimonio del Estado y sus inmuebles podrán ser inscritos como propiedades particulares por sus dueños.

La lista de complejos urbanísticos amnistiados la completan las construcciones litorales de Platja d'Aro (Girona), Rocafel (Alicante), la Ría de Punta Umbría y el Caño del Cepo (Huelva), El Palo y Pedregalejo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las 11 urbanizaciones suman en total más de 10.000 viviendas edificadas ilegalmente en dicho dominio, propiedad del Estado, por lo que según la ley en vigor, debían ser demolidas.

Para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estas urbanizaciones son ahora "barrios históricos". La legislación vigente, aprobada en 1988 por el Gobierno socialista de Felipe González, las había expropiado a sus propietarios aunque les había otorgado una concesión del espacio público que ocupaban por 30 años, que vencía en 2018. La concesión se amplía ahora en 75 años, aunque se prohíbe a los propietarios la ampliación tanto en altura como en extensión de los edificios existentes.

La nueva legislación amplía a cuatro años el plazo de concesión para chiringuitos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, defendió la decisión del Gobierno con el argumento de que es preciso "evitar problemas jurídicos, garantizar inversiones y promover el turismo", aunque insistió en que "se mantiene y se refuerza la protección del litoral" y en que "no se podrá construir donde hasta ahora no se podía". La mayoría absoluta del PP en las Cortes garantiza la aprobación de estas medidas sin cambios sustanciales respecto al borrador presentado el viernes.

La nueva legislación amplía de uno a cuatro años el plazo de concesión para los chiringuitos de obra construidos en las playas y permite la publicidad en las mismas, hasta ahora prohibida, "cuando forme parte o acompañe actividades autorizadas" en el dominio público que, según la actual Ley 22/1988, incluye todo el litoral español hasta donde hayan alcanzado a llegar las olas de "los mayores temporales conocidos", distancia que se suele situar en unos 100 metros desde el rompiente habitual del oleaje.

La legislación que pretende modificar el Gobierno de Mariano Rajoy utilizando para ello medidas fiscales y administrativas incorporadas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado autoriza a la administración central a suspender de forma preventiva los planes urbanísticos o licencias municipales concedidas a proyectos que afecten al dominio marítimo terrestre.

El Tribunal Supremo ha decretado ilegal el edificio de 20 plantas y 411 habitaciones

Esta reserva fue calificada irónicamente por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría como "cláusula antialgarrobico" en referencia al contencioso motivado por la construcción del hotel El Algarrobico, de 20 plantas y 411 habitaciones, en primera línea de mar y en terrenos protegidos por el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). Tras años de activa campaña ecologista en su contra, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo decretó la ilegalidad del edificio al establecer en 100 metros la anchura del dominio público litoral. El hotel está a 50 metros del mar.

La sentencia, firme y contra la que por tanto no cabe posibilidad de recurso, abre las puertas a la demolición del edificio, cuyas obras quedaron paralizadas en 2005 tras una denuncia de grupos ecologistas, aunque su ejecución depende de otros numerosos frentes judiciales abiertos.

En contra de la especulación

Las principales organizaciones ecologistas españolas a las que el Ejecutivo presentó el documento el viernes criticaron de inmediato el cariz de la reforma de la Ley de Costas. Greenpeace, WWF/Adena y Seo/Bridlife consideran que se trata de una modificación "a medida" que permitirá al Ejecutivo "tapar ilegalidades" y favorecerá "la especulación". "La valoración que hacemos es negativa porque, en un país en el que estamos viviendo una crisis debido a la burbuja inmobiliaria, se está dando el peor de los mensajes", declaró la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Greenpeace hizo coincidir la presentación del anteproyecto gubernamental con la de su informe Destrucción a toda costa 2012. En esta edición del documento que la organización elabora anualmente sobre las agresiones que sufre el litoral español se asegura que la mala gestión costera le costará cada año al erario público la cantidad de 100 millones de euros que habrá que dedicar a "parches" que podrían evitarse si existiera una gestión integral del frente marítimo.

Ya se ha eliminado el 60% de humedales y el 70% de las lagunas del litoral

Según la organización ecologista, se ha eliminado ya en España el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y casi el 80% de los ecosistemas de dunas, y el coste de la destrucción de este capital natural no se contempla al valorar el impacto económico de las obras en primera línea de mar. Greenpeace recuerda que, según la ONU, España ha perdido un 50% de los beneficios económicos y ambientales que podría haber aportado a nuestra economía el capital natural del litoral dañado por el urbanismo, la construcción y las infraestructuras, y asegura que a causa de ello no deja de perder atractivo turístico, que es una de las principales fuentes de ingresos del país.

Greenpeace valora en 7.745 millones de euros anuales estas pérdidas derivadas de la destrucción de los recursos naturales costeros. Así, por ejemplo, el grupo ecologista estima en 500 millones de euros al año el valor productivo de las reservas marinas españolas. Y en 22.000 euros el de una sola hectárea de posidonia oceánica, una planta que vive en los fondos arenosos costeros mediterráneos, que puede ser arrasada en pocos minutos por el ancla de un yate.

Para poner freno a esta sangría, Greenpeace propone una inversión de 5.000 millones de euros en la recuperación de las costas españolas por medio de acciones como el derribo de construcciones ilegales, la restauración de ecosistemas –zonas húmedas, lagunas, acantilados– y la adquisición de terrenos para su protección. Según la organización, en España se han destruido en los últimos 20 años el equivalente de ocho campos de fútbol diarios de superficie litoral para construir urbanizaciones e instalaciones industriales y comerciales.

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