La Comisión Europea (CE), brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), ha negado a Barcelona (con 1,6 millones de habitantes) prolongar durante cinco años más la moratoria para cumplir con los niveles máximos de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno (NO2) que exige la legislación comunitaria.

En la misma situación de la capital catalana se encuentran las comarcas industriales del Vallés y el Baix Llobregat, integradas en el área metropolitana barcelonesa (en la que viven más de cinco millones de personas), y la ciudad de Palma de Mallorca, la mayor urbe de las islas Baleares y la octava de España, con 400.000 habitantes.

El dióxido de nitrógeno es emitido principalmente por los vehículos a motor, especialmente los diesel, y su inhalación provoca irritaciones en el sistema respiratorio y complicaciones para las personas afectadas de dolencias como alergias o asma.

La normativa europea establece que desde 2010 no se puede superar una concentración de 40 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire. Las ciudades o territorios que superen este límite pueden ser objeto de sanciones por parte de la CE. En Barcelona se ha llegado a los 50 microgramos en algunos momentos del año, cuando las condiciones meteorológicas favorecen la concentración de los contaminantes.

La ciudad había conseguido una prórroga de tiempo para rebajar sus índices de polución, hasta 2015. Estas prórrogas se conceden cuando el Gobierno que las solicita –son los gobiernos de los estados los que deben pedirlas a la CE en nombre de sus territorios– demuestra que se han adoptado todas las medidas posibles para rebajar la polución, pero pese a ello no se ha conseguido situarla en los niveles exigidos. Barcelona había solicitado cinco años más.

El Ayuntamiento de Barcelona alega que, aunque no ha conseguido cumplir todavía con la legislación europea, ha logrado recortar en un 20% la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire que respiran sus ciudadanos.

Además de Barcelona, su entorno metropolitano y Palma de Mallorca, también habían solicitado moratorias a la CE la ciudad de Madrid (3,3 millones de habitantes), su área metropiltana sur, el cercano territorio del valle del río Henares, y la ciudad andaluza de Granada y su área metropolitana (que suman medio millón de habitantes).

El Parlamento Europeo ha admitido una petición presentada por la formación política ecologista española Equo en la que se estima que tanto la Comunidad de Madrid como la ciudad incumplen la normativa europea en materia de contaminación ambiental y podrían estar incumpliendo las leyes comunitarias.

España también pidió en su momento 2008 y 2009 prórrogas para el cumplimiento de la normativa europea de contaminación urbana por partículas en suspensión –obligatoria desde 2005– para 13 ciudades y territorios de ocho comunidades autónomas, entre ellas de nuevo Barcelona y sus alrededores.

El anterior gobierno catalán, formado por PSC-PSOE, ERC e ICV, había adoptado entre otras medidas para rebajar la contaminación en Barcelona la limitación a 80 quilómetros por hora de la velocidad en los accesos por autopista y carretera a la ciudad. Con ello, consiguió rebajar los niveles de partículas en suspensión a los niveles exigidos por la UE, aunque no los de NO2. El actual ejecutivo de CiU, en el poder desde 2010, suprimió dicha limitación.