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Medio ambiente
16 de diciembre de 2018
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Miércoles, 06 de junio de 2012
Paco Soto / Varsovia
El Este apuesta por la energía nuclear

Los Gobiernos poscomunistas no cambian sus planes energéticos, a pesar de la catástrofe en la planta atómica de Fukushima y del debate sobre el futuro de las centrales iniciado en Alemania

Central nuclear de Temelín (Chequia), inaugurada en 2002 / Foto: Vladimír Vítek Central nuclear de Temelín (Chequia), inaugurada en 2002 / Foto: Vladimír Vítek
La catástrofe nuclear ocurrida hace más de un año y medio en la localidad japonesa de Fukushima disparó la alarma en la antigua Europa del socialismo real, porque este amplio territorio está sembrado de plantas atómicas construidas en la etapa comunista, y el recuerdo de la tragedia de Chernóbil, en Ucrania, en abril de 1986, planea sobre los antiguos Estados satélites de la URSS. Pero lo que pasó en Fukushima se ha olvidado en Europa central y oriental, donde tampoco tiene repercusión el debate sobre el futuro de la energía nuclear abierto en Alemania. 

Los gobiernos de los países poscomunistas integrados en la Unión Europea (UE), que no tienen que hacer frente a movimientos ecologistas potentes, apuestan claramente por el átomo frente a otras fuentes de energía. Países pequeños como Chequia, Eslovaquia y Bulgaria disponen de seis, cuatro y dos centrales nucleares, respectivamente, y Bratislava y Sofía están construyendo dos nuevos reactores. En Hungría, existen cuatro reactores; Rumanía cuenta con dos y Eslovenia, con uno.

La energía nuclear es el objetivo estratégico del gobierno de centroderecha de Petr Necas en Chequia, a pesar de la oposición de un movimiento ecologista más potente que en otros países excomunistas, que ha hecho del rechazo a la planta de Temelín, inaugurada en 2002 cerca de la frontera con Austria, su principal caballo de batalla. Praga asegura que las centrales son seguras y están preparadas para hacer frente a los desastres naturales. 

El 53% de la población de Bulgaria considera que la energía atómica no es peligrosa

La posición oficial de la vecina Eslovaquia es similar. "Nuestras centrales nucleares, como las de Mochovce y Bohunice, no corren ningún peligro", afirmó en plena crisis japonesa el vicepresidente de la Oficina de Control Nuclear, Karol Janko. Sin embargo, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace en Eslovaquia, Jan Beránek, manifestó que "las centrales eslovacas tienen sistemas de seguridad frágiles frente a graves catástrofes naturales y ya han tenido que sufrir algunos incidentes menores".

El gobierno conservador de Viktor Orban en Hungría, que hasta la fecha no ha demostrado tener mucho interés por el medio ambiente, es un firme defensor de la energía atómica, y tiene a su favor que la ciudadanía es mayoritariamente pro-nuclear. En una situación tan adversa, el pequeño partido ecologista y de izquierda LMP ha pedido a las autoridades que revisen los sistemas de seguridad de todas las centrales y no renuncia a seguir haciendo campaña contra la energía nuclear.

Bulgaria, que es el país más atrasado y con mayor nivel de corrupción de la Europa comunitaria, es también un firme defensor de la producción nuclear. El 53% de la población considera que la energía atómica no es peligrosa y en enero de 2009 miles de personas se manifestaron en Sofía para reclamar la reapertura de dos reactores de la central de Kozlodui que fueron cerrados en 2006 a petición de Bruselas. Bulgaria quiere ser "la gran potencia nuclear en los Balcanes", según el Gobierno de centroderecha de Boiko Borisov. Los dirigentes del pequeño Estado balcánico aseguran que sus plantas reúnen todas las condiciones de seguridad.

Los expertos consideran que la apuesta por el átomo no tiene marcha atrás

En Rumanía, la Comisión Europea (CE) pidió a las autoridades que mejoren las medidas de seguridad de la central de Cernavoda de cara a hipotéticos riesgos sísmicos. Y Eslovenia todavía no ha olvidado el incidente nuclear que vivió la central de Krski en junio de 2008, lo que obligó a la UE a exigir su paralización para evitar fugas radiactivas. En Lituania, la catástrofe de Fukushima provocó un debate sobre le energía nuclear y la necesidad de cerrar la vieja central de Ignalina, o al menos sustituirla por una nueva, que todavía no se ha cerrado. 


Mientras, en Polonia, el carbón representa el 94% de las fuentes de energía, y el gobierno del liberal Donald Tusk se ha fijado el objetivo, cara al año 2020, de construir dos centrales nucleares de 3.000 megavatios cada una que podrían cubrir entre el 20 y el 25% de las necesidades del país en materia de electricidad. El 50% de la población está a favor y el 40% en contra. Según el portavoz del ejecutivo, Pawel Gras, la energía nuclear "es indispensable para asegurar la seguridad de los polacos y para que la industria no tenga problemas de electricidad en los próximos decenios". Aunque el Gobierno de Tusk no descarta la utilización de otras energías, como la eólica, en la que las empresas españolas y alemanas desempeñan un papel determinante, los expertos consideran que la apuesta por el átomo no tiene marcha atrás, y países como Estados Unidos y Francia presionan a Varsovia para que no se aparte del camino nuclear.

Polonia, que es el país más grande y de mayor peso político y económico de la Europa poscomunista integrada en la UE, es un paradigma negativo de la política medioambiental que se ha llevado a cabo en esta parte del Viejo Continente en las últimas décadas. Durante más de 40 años de sistema comunista autoritario y dependiente de la URSS, los dirigentes polacos sacrificaron completamente el medio ambiente en aras de una industrialización irracional que no tuvo en cuenta los intereses del país y se llevó a cabo en función de las necesidades del Kremlin.

El Este es reacio a los planes medioambientales de la Unión Europea

La ausencia de libertades públicas, la represión policial y militar y el miedo de la población dejaron las manos libres a la nomenklatura polaca. Polonia se convirtió en un importante país industrial, pero con un fuerte componente agrícola y ganadero. Cuando llegó el cambio político y económico, en 1989, el país vivía una situación dramática en materia de medio ambiente. Los recursos naturales, incluidos los minerales e hidráulicos, estaban agotados y la contaminación de las ciudades, los ríos, los litorales y los bosques se había convertido en una auténtica plaga. La Polonia meridional, sobre todo la Alta Silesia, era una de las zonas de Europa más degradadas. Ciudades como Lodz, Opole y Katowice se habían convertido en vertederos –y en gran metida lo siguen siendo– de fábricas abandonadas o en estado ruinoso, chatarra amontonada y chimeneas escupiendo humos contaminantes.

El extraordinario desarrollo de las industrias del carbón, el cobre, el zinc, el plomo y el azufre pasaron factura a Polonia. En mayor o menor medida, el resto de los países de Europa central y oriental vivió una situación bastante parecida. El cambio capitalista de 1989 no significó una mejora sustancial del panorama en esta parte del Viejo Continente, como demostró el vertido de lodo tóxico ocurrido en una fábrica de aluminio, en octubre de 2010, cerca de la localidad húngara de Ajka, a unos 165 quilómetros al oeste de Budapest.

El siniestro, considerado por las autoridades magiares como la catástrofe ecológica de mayor envergadura en las últimas décadas, causó la muerte de varias personas y decenas de heridos. La existencia de instalaciones vetustas, la desidia y la falta de control de las normas de seguridad motivaron el desastre. Causas parecidas están en el origen de otras debacles ecológicas en varios países de la región.

Están empeñadas en paralizar, o al menos entorpecer, las políticas de Bruselas

Pese a ello, los países de Europa del Este son reacios a los planes medioambientales de la UE. Polonia no acepta los tres objetivos de Bruselas para el año 2020: reducir en un 20% las emisiones de gas con efecto invernadero (CO2), conseguir que las energías renovables constituyan el 20% del consumo total europeo y lograr un 20% de ahorro energético. Polonia se sitúa en la lista de países –encabezada por España– que más han aumentado su emisión de CO2 en los últimos años. Otros Estados de la región, como Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y las repúblicas bálticas, se sitúan en el pelotón de cola de la UE en la lucha contra la contaminación y el clima climático.

Los dirigentes de Europa del Este, independientemente de su color político, están convencidos de que sacrificarían el desarrollo económico de sus países si adoptaran la nueva estrategia medioambiental de Bruselas. Varsovia, Praga, Budapest y Bratislava están empeñadas en paralizar, o al menos entorpecer, los planes de la UE y el gobierno de Letonia pretende que la justicia europea tenga la última palabra. En este contexto, el presidente de Chequia, el conservador y euroescéptico Václav Klaus, sostiene que las directrices de la UE en materia medioambiental "condenan a los países pobres a más pobreza". Esta es una de las tesis que defiende en su libro contra el ecologismo militante Planeta Azul (No Verde).
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